En Uruguay existen dos ferias judiciales cada año. La Feria Judicial Mayor, que tiene lugar de Navidad hasta el 31 de enero del año siguiente, y la Feria Judicial Menor, que va desde el 1º hasta el 15 de julio. Durante esos períodos, la actividad judicial está muy restringida, hay un régimen especial de turnos en los juzgados, y funcionan con algo más de actividad los juzgados que tratan temas como violencia doméstica, o denuncias sobre niños en situación de vulnerabilidad. Esto en nuestro país es lo normal. Pero debido a la pandemia y a la cuarentena, desde el 14 de marzo del corriente año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ, órgano máximo de nuestro Poder Judicial) resolvió comenzar una Feria Judicial Sanitaria que en principio se extenderá, según la propia SCJ, hasta el jueves 30 de abril. Pero el día siguiente al 30 de abril es inhábil, ya que es el viernes 1º de mayo.

Luego viene un fin de semana (2 y 3 de mayo), por lo cual la actividad judicial se reanudaría recién el lunes 4 de mayo. Esto siempre y cuando la Feria Judicial Sanitaria no se extienda.

Trataré de plantear algún caso práctico para ilustrar cómo la Feria Judicial Sanitaria perjudica a los más vulnerables de nuestra sociedad. Pensemos el caso de un juicio por cobro que Juan le inició a Pedro por una modesta suma de dinero. Dicho juicio está totalmente paralizado, y Juan, que es el acreedor, no puede cobrarle a Pedro, que es su deudor. La deuda que Juan pretende cobrar le corresponde con total derecho. Juan no es ni un gran empresario ni un estanciero. Es un hombre modesto que tiene un almacén de barrio y necesita el dinero para comprar mercadería y hacer marchar su negocio. Es claro que Juan está siendo notoriamente perjudicado por la paralización de los juzgados.

Otro caso puede ser el de Ana, una señora de edad avanzada que hace unos meses le inició un juicio de visitas en su calidad de abuela a Cecilia, la madre de su nieto Pablo, de cinco años. Obviamente este juicio de visitas también está paralizado, y Ana no puede ver a su nieto, y Pablo tampoco puede tener contacto con su abuela.

A raíz de la feria judicial, si bien esta tiene un espíritu de prevención de la pandemia y de evitar el contagio, es obvio que los justiciables se ven dañados.

Otro caso podría ser el de Jorge, operario de una empresa metalúrgica que le debe aguinaldos, horas extras y descansos intermedios. Jorge necesita urgentemente que la empresa le pague el dinero que le debe. Pero evidentemente el proceso judicial está detenido y por ahora Jorge no cobrará nada. Jorge no puede esperar. Debe pagar las facturas de UTE, Antel y OSE. A su vez, le debe dinero a Pedro, el mecánico de su coche. Y notoriamente, Pedro tampoco está cobrando por su labor de mecánico. Indirectamente, Pedro también está siendo perjudicado por la Feria Judicial Sanitaria.

Con estos breves ejemplos quise poner de manifiesto que a raíz de dicha feria, si bien tiene un espíritu de prevención de la pandemia y de evitar el contagio, es obvio que los justiciables se ven dañados, y que muchísimos compatriotas, sobre todo los más débiles y vulnerables, son los más urgidos para que esta feria culmine y se reanude la actividad judicial.

Recordemos que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, y es el que tiene a su cargo la administración de justicia, una actividad estatal absolutamente esencial, catalogada como uno de los fines primarios del Estado. Además, es un cometido indelegable en los particulares, es decir que no hay ningún particular, sea persona física o institución, que pueda hacerse cargo de esta actividad.

Soy consciente de que la SCJ resolvió decretar la Feria Judicial Sanitaria con una finalidad de evitar contagios frente a la pandemia del coronavirus. Pero también soy consciente de que los justiciables más frágiles son los más perjudicados.