El presidente Luis Lacalle dijo en una conferencia de prensa: “Los más vulnerables van a ser los más privilegiados, o mejor dicho, los más atendidos”. Por eso sostuvo que es momento de que toda la población haga un esfuerzo para salir adelante y anunció una rebaja a todos los sueldos y prestaciones estatales mayores a los 80.000 pesos líquidos. La rebaja será escalonada de acuerdo a los salarios: 5%, 10% y 20% según las franjas.

Lacalle adelantó que con ese dinero se creará el Fondo Coronavirus para solventar los gastos que la pandemia está generando en el país. Pero ya adelantó que esa medida no alcanzará, pues las acciones que el gobierno anuncia día a día desde que comenzó la emergencia sanitaria el viernes 13 de marzo tienen un costo aproximado de 400 millones de dólares, una cifra enorme para la economía uruguaya.

El Parlamento debe aprobar una ley que invoque el “interés general” para limitar determinados derechos individuales y así beneficiar al conjunto de la población.

Considero que esto es insuficiente. Para protegernos del coronavirus, el Parlamento debe aprobar una ley que invoque el “interés general”. Es importante ese concepto, ya que una ley que limita un derecho tiene que ser establecida con razones de interés general, conforme al artículo 7 de la Constitución. Este expresa: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.

El interés general se define por la noción de asistencia y apoyo prestado a los habitantes y a los entes sociales menores para la realización de sus fines y el logro de sus respectivas perfecciones. Tal carácter del interés general encierra el reconocimiento de la necesidad propia de la persona humana y de sus comunidades de la acción de la sociedad políticamente estructurada (el Estado) para afirmar las potencialidades de su naturaleza. El Parlamento debe aprobar una ley que invoque el interés general para limitar determinados derechos individuales y así beneficiar al conjunto de la población.

El interés general tiene un carácter preeminente, prevalece al interés particular, y no se agota en este. A esta calidad del interés general corresponde la situación jurídica de sujeción del administrado y las prerrogativas de la Administración, es decir, del gobierno.

La Suprema Corte de Justicia ha expresado en 1993 que las pautas que definen el interés general no son rígidas ni inalterables, sino que varían con la evolución de cada medio y cada época, de ahí que las soluciones legislativas no resulten coincidentes, y lo que importa, en definitiva, es que las nuevas disposiciones consulten el interés general del momento en que se dictan, ajustándose a las condiciones políticas, económicas y sociales existentes.

A mi entender, una ley que invoque el interés general debería incluir las siguientes medidas: potestades para limitar el derecho de reunión para evitar reuniones multitudinarias (asambleas, bodas, cumpleaños de 15); facultades para limitar el libre tránsito en la vía pública para que los peatones no caminen innecesariamente por plazas y ramblas; impedir temporalmente los despidos mientras dure la cuarentena; aplazar los lanzamientos a los inquilinos que tienen fecha para abandonar la vivienda en la que habitan; rebajar la tasa básica del IVA de 22% a 5% a los productos de la canasta básica; poderes para clausurar locales comerciales que no respeten las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno.

Es obvio que vivimos una situación absolutamente excepcional. El Parlamento, depositario de la soberanía nacional, debe estar a la altura de las circunstancias y brindar las herramientas jurídicas imprescindibles para enfrentar la pandemia con firmeza y acción.

Fabrizio Bacigalupo es abogado.