A nivel general, podemos definir las normas de orden público como aquellas en que se apoya el régimen jurídico de un país para preservar los bienes y valores que requieren de su tutela, y que limitan de esta forma la autonomía de la voluntad de las partes. Las normas de orden público no pueden ser modificadas por acuerdo de partes.

Las normas de orden público laboral actúan como límite a la autonomía de la voluntad de las partes (sindicatos y cámara de empleadores). La razón principal es que una de las partes, casi siempre los sindicatos, se encuentran en situación de inferioridad respecto de los empleadores. En varios países el orden público laboral está establecido por ley, y básicamente se afirma que son nulos los contratos de trabajo individuales o los convenios colectivos de trabajo que supriman o reduzcan los derechos previstos en las leyes. De esta forma, un convenio colectivo nunca podrá disminuir los beneficios que otorga una ley.

Por ejemplo, en Uruguay hay cinco feriados pagos (1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre) y para la ley uruguaya quien trabaja cualquiera de esos días cobrará el doble de lo habitual. Ningún acuerdo de partes puede renunciar a que quien trabaje un feriado lo cobre como un día hábil; si se hiciera, sería nulo.

En teoría, el ordenamiento jurídico laboral trata de proteger al trabajador en relación de dependencia. El sistema trata de proteger al trabajador, de equiparar, de igualar a ambas partes en la relación laboral. Para decirlo claro, el orden público laboral no limita la libertad de contratación de las partes para llevar a cabo la relación laboral, lo que hace es que la contratación deba subordinarse a las normas que conforman ese orden público laboral.

Lo que el derecho del trabajo se propone es establecer algunas condiciones mínimas que no puedan ser dejadas de lado por acuerdo de partes. Es decir, generar un piso de derechos y beneficios que no puedan ser modificados en la negociación entre trabajadores y empleadores, sea por medio de negociación individual o colectiva.

El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que actualmente se está tratando en el Parlamento, aparentemente, restringiría algún derecho laboral de los que hoy gozan los trabajadores. Por ejemplo, el derecho de huelga consagrado en el artículo 57 de la Constitución. Si partimos de que el orden público laboral nunca puede dirigirse a restringir derechos laborales, en el caso de una limitación del derecho de huelga se estaría violentando el orden público laboral, ya que habría una restricción en el ejercicio de ese derecho.

Lo importante es respetar el orden público laboral y garantizar a todos los trabajadores determinados derechos y beneficios consagrados en diversas leyes y en los convenios internacionales del trabajo.

En lo relativo a la ocupación de los lugares de trabajo, el tema es sumamente debatido desde hace décadas por los principales juslaboralistas de Uruguay. El fallecido autor compatriota Ricardo Mantero señalaba que la ocupación de los lugares de trabajo tiene como móvil la intención de preservar la fuente de trabajo, el interés de poner obstáculos al empleador para continuar la actividad, el deseo de impedir la contratación de reemplazantes (rompehuelgas), y la oportunidad de agravar la misma acción de protesta.

Américo Plá, que fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirmaba que no hay ningún derecho que no tenga límites, ya que el orden jurídico evoca la idea de armonía y es refractaria a la idea de derechos absolutos, irrestrictos o ilimitados. El proyecto de LUC aparentemente prohibiría la ocupación de los lugares de trabajo. Si partimos de la idea de que actualmente las ocupaciones están permitidas y nos proponemos respetar el orden jurídico laboral, evidentemente habría un retroceso. Si en cambio aceptamos que hoy la ocupación es ilícita, el proyecto de LUC simplemente pondría a texto expreso una ilicitud que hoy en los hechos ya existe.

Más allá de opiniones a favor o en contra de restringir o no la huelga o las ocupaciones, lo importante es respetar el orden público laboral y garantizar a todos los trabajadores determinados derechos y beneficios consagrados en diversas leyes y en los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo que ha aprobado Uruguay a lo largo de los años.

Fabrizio Bacigalupo es abogado.