En diciembre Uruguay ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, mediante la aprobación de la Ley 19.849. Fue el primer país del mundo en hacerlo.

Hasta ahora el acoso laboral, también llamado “mobbing” por los psicólogos, no se encontraba regulado legalmente, es decir, no había una definición certera del concepto, si bien a nivel doctrinario y jurisprudencial había determinadas pautas o nociones que nos permitían acercarnos a él. Aunque el acoso y el hostigamiento generalmente parten del empleador, perfectamente pueden darse por parte de un jefe (empleado de la empresa) a un subordinado (también empleado de la empresa); o en casos más raros, entre un trabajador y otro que tengan la misma categoría laboral.

El contenido es claro: el convenio trata de proteger al empleado que en su lugar del trabajo sufre algún tipo de violencia o acoso. Estos son comportamientos y prácticas que tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico a la persona. Además de los trabajadores en relación de dependencia, el ámbito de aplicación incluye a trabajadores cualquiera sea su situación contractual, incluidos pasantes, aprendices, voluntarios, entre otros.

El artículo 3 del Convenio 190, además de aplicarse en el lugar de trabajo también se aplica en lugares como comedores o vestuario de la empresa, así como a actividades de formación vinculadas al trabajo, o a los viajes que el empleado realiza para la empresa. También se aplica a los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo. El artículo 4 mandata a los estados que ratifiquen el Convenio a prohibir legalmente la violencia y el acoso, y desarrollar una estrategia integral para prevenir y combatir cualquier tipo de violencia y acoso. Como es costumbre y es el espíritu de la OIT, se reafirma el compromiso de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, previendo cualquier tipo de discriminación por razones raciales, religiosas, étnicas, etcétera.

El artículo 10 prevé mecanismos de aplicación y vías de recursos y reparación para los trabajadores que padezcan acoso en su lugar de trabajo. El artículo 12 establece métodos de aplicación del Convenio, que deberá hacerse mediante la legislación de cada país, para asegurar a aquellos trabajadores que sufren acoso y violencia mecanismos ágiles de reparación.

El propio convenio prevé que para que entre en vigencia deben ratificarlo al menos dos estados, y luego deberán transcurrir 12 meses desde que el director general de la OIT haya realizado el registro de las dos ratificaciones.

Considero que la ratificación de Uruguay del Convenio 190 es un buen avance, que ojalá se traduzca en una materialización efectiva y en una protección adecuada para todos aquellos trabajadores de la actividad privada, funcionarios públicos, y aún trabajadores independientes que sufren de acoso y/o violencia en el trabajo.

Fabrizio Bacigalupo es abogado.