Walter Fernández Val

Una conducción democrática y participativa debe configurar el marco ineludible para el desarrollo de las futuras políticas educativas que aseguren la pertinencia social de la educación

Se trata de sistematizar los acuerdos básicos existentes para transformarlos en potentes políticas educativas que permitan a la sociedad en su conjunto avanzar hacia estadios superiores.

El Estado uruguayo ha pasado de otorgar el 4,9% del PIB al área de la educación en 2020, al 4,5% en 2022, alejándose cada vez más del 6% del PIB recomendado por la Unesco para destinar al área educativa.

Tratar de castigar a los que se oponen ideológicamente al oficialismo suprimiendo la libertad de expresión no es inherente a nuestra democracia y trae reminiscencias de épocas oscuras que el país ha transitado.

Por más esfuerzos que se realicen por instalar un relato de optimización del gasto y revisión de la eficiencia en la ANEP, los hechos muestran que se está registrando un proceso de degradación de la calidad de la educación pública.

La intervención de empresas privadas de educación en el contexto de centros educativos públicos da lugar y promueve la privatización encubierta y la filantropía capitalista.