El juez español Pablo Ruz dio por cerrada la investigación sobre el “caso Bárcenas”, que lleva ese nombre en referencia al ex tesorero del gobernante Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. Este dirigente fue investigado como sospechoso de haber llevado una contabilidad paralela de las finanzas del partido de 1990 a 2008.
Ruz dio a conocer ayer su pronunciamiento final, en el que señaló que existen “sólidos y fundados indicios” de que durante esos 18 años el PP utilizó de forma “sistemática” un fondo partidario paralelo con dinero de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”. Ruz propone que sean llevadas a juicio seis personas, entre ellas los ex tesoreros del PP Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el ex gerente del partido Cristóbal Páez. Se les imputan, a todos ellos, delitos contra la Hacienda Pública. Además, los dos ex tesoreros están imputados por el delito de apropiación indebida.
La investigación, que nació a partir de que el diario español El País publicara documentos de esa contabilidad paralela, tuvo un alto impacto en la política española, y se considera que fue uno de los factores que incidieron en la la pérdida de fuerza electoral del PP y en el crecimiento de los nuevos partidos, principalmente Podemos.
Ruz señala que de esa caja paralela salieron fondos para pagar sobresueldos a distintos cargos del PP (no se menciona que el hoy presidente Mariano Rajoy los haya recibido) para financiar campañas políticas y para pagar reformas en la sede del PP, para lo que se destinaron 1,55 millones de euros. En este último caso, Ruz considera que el PP es corresponsable civil del delito fiscal cometido, al utilizar para las reformas dinero que no había pagado impuestos.