La fiscal especializada en Delitos Sexuales Darviña Viera alcanzó un acuerdo de proceso abreviado con uno de los 32 imputados por la Operación Océano. Este hombre fue condenado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para cometer actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, y por un delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal, para quienes, “mediante la utilización de tecnologías, de internet, sistemas informáticos o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos” establezcan contacto o ejerzan influencia sobre menores de edad para “cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.

El acuerdo implicó una condena a tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y un año y medio de libertad vigilada. Al condenado también se le quitó la patria potestad y tiene prohibido realizar cualquier tipo de tarea que implique trabajo con adolescentes, tal como dispone el artículo 67 del Código Penal y la ley integral de violencia de género. Además, deberá otorgar una reparación económica a la víctima de 12 salarios, tal como prevé el artículo 80 de la ley de violencia de género.

En conferencia de prensa, Viera destacó que el acuerdo fue una iniciativa de la defensa del imputado y recordó que para alcanzar el acuerdo debe haber reconocimiento de la comisión del delito. “La defensa vino a la fiscalía para preguntarnos por un proceso abreviado y ahí comenzó la conversación [...] Se llega a este acuerdo por el reconocimiento por parte del imputado del delito cometido”, agregó.

Consultada sobre si se hubiera alcanzado penas más severas en caso de ir a juicio, Viera respondió que se trata de un caso en el que “ni siquiera el imputado estuvo con la víctima”, sino que “solamente fueron chats”, por lo que “no llegó a conocerla personalmente”. Según estimó, de no haber acuerdo “seguramente la fiscalía hubiese pedido alguna pena privativa de libertad, pero no mucho más de lo que se pidió en el abreviado”.

En cuanto a la posibilidad de cerrar acuerdos con los otros imputados, Viera respondió que “la fiscalía está abierta” a alcanzarlos, dado que la normativa lo habilita. No obstante, aclaró que la Fiscalía en muchos casos “no va a acceder a un proceso abreviado que no sea con pena privativa de libertad”. “Cada caso y cada imputado es bien diferente”, subrayó.

Consultada sobre si la disposición de la fiscalía a alcanzar un acuerdo se debe a la falta de pruebas para presentar en un juicio oral, Viera respondió: “Si el imputado supiera que la fiscalía no tiene pruebas, no iría a un acuerdo, porque sabe que va al juicio y lo gana. En este caso, obviamente la fiscalía tiene pruebas”.

La fiscal, que se presentó junto a su equipo de investigación integrado por Fulvia Favretto y Giuliana Realini, valoró positivamente la puesta en marcha de la línea 091 507 531 para realizar denuncias, aunque señaló que por el momento no han aparecido más.

El 8 de octubre habrá una audiencia para discutir cómo se va a llevar la prueba anticipada requerida por una de las víctimas y además se van a acordar las preguntas que se realizarán y quién las hará.