La semana pasada un policía de la Guardia Republicana fue detenido en el marco de una investigación por tráfico internacional e interno de armas. El cabo, de iniciales MR, estaba en pase en comisión en el despacho de Susana Pereyra, diputada del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio. Otro de los pases en comisión de la diputada es Richard Mariani, quien, según la información publicada en los documentos del Parlamento, es funcionario del Consejo de Educación Secundaria, y también tiene antecedentes.
Mariani fue candidato a alcalde de Ciudad del Plata y es concejal municipal de la localidad de San José. Forma parte de la barra brava de Peñarol y estuvo en la “lista negra” de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) después de haber sido imputado por incidentes entre hinchadas en los alrededores del Parque Central en un clásico de fútbol femenino en 2019. Pasado el tiempo, la AUF solicitó que Mariani fuese removido de la “lista negra”, el 28 de octubre pasado.
En ese entonces el Ministerio del Interior informó que en el análisis de las imágenes de videovigilancia se logró identificar a nueve personas asociadas a hechos violentos en el clásico de fútbol femenino. Se hicieron ocho allanamientos en diferentes zonas de Montevideo y uno en Delta del Tigre, San José. Mariani fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada agravada y un delito de daño agravado en régimen de reiteración real.
Se dispuso una condena de 14 meses, que Mariani cumplió en régimen de libertad vigilada. Se le impuso también la prohibición de acercarse a un radio de 500 metros de la sede y el estadio de Nacional por el plazo de la pena. Según la información publicada en aquel momento por el Ministerio del Interior, ya tenía antecedentes por atentado especialmente agravado con un delito de daño.
Mariani era funcionario en ese momento, y entre las causales de cese de la función pública aparece la “destitución por ineptitud, omisión o delito”, según establecen el artículo 120 del Estatuto del Funcionario No Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —resolución número 65 del año 1990, actualizada por resoluciones de 2015— y el artículo 59 del Estatuto del Funcionario Docente —ordenanza número 45 de la ANEP—.
De acuerdo a lo explicado sobre este tipo de procedimientos desde la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), el organismo en cuestión —Secundaria en el caso de Mariani— debería haber iniciado un sumario al funcionario ante la condena por un delito.
Las declaraciones de Pereyra
la diaria se comunicó con la diputada del Movimiento de Participación Popular, quien se limitó a responder que Mariani ya no tiene condena que cumplir. “En mi despacho no hay nadie que tenga problemas con la ley hoy. Si en Uruguay hay gente que se equivocó y cumplió con lo que la ley estableció, con lo que la Justicia dispuso, para mí después ya no hay problema”, expresó.
Pereyra dijo que conoce gente que trabaja en el Parlamento que tiene “profusos antecedentes penales”, y “ni hablar la seguridad del presidente” Luis Lacalle Pou. “En el Palacio [Legislativo] está lleno de gente buena y gente que ha tenido problemas con la ley y ha cumplido”, señaló, y agregó que “si tuviste problemas con la ley”, una vez que “cumplís”, “sos un ciudadano más, si no es eterno esto”.
Recientemente, otro pase en comisión de Pereyra fue imputado por tráfico internacional e interno de armas y por receptación, debiendo cumplir prisión preventiva mientras continúa la investigación. Se trata de un policía de la Guardia Republicana que cumplió la función de custodio de Pereyra y su esposo, el exministro del Interior Eduardo Bonomi, en acuerdo con Jorge Larrañaga, el primer titular de esa cartera en el actual gobierno.
Pereyra dijo el viernes pasado en conferencia de prensa que actualmente el funcionario estaba de licencia haciendo un curso de la Guardia Republicana y que tramitó el cese tras conocerse los hechos. Según detalló, el policía llegó a su oficina tras la negativa del presidente Lacalle Pou de otorgar custodia a ella y a Bonomi. El acuerdo al que llegaron con Larrañaga fue disponer de policías para su seguridad, pero en la modalidad de pase en comisión. Sin embargo, esta versión fue desmentida por parte de las actuales autoridades del Ministerio del Interior y cuestionada por legisladores oficialistas.