Una delegación del gobierno encabezada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, asistió el miércoles al Parlamento para presentar una batería de cambios al proyecto de reforma de la seguridad social, en una sesión parlamentaria que se extendió varias horas más de lo previsto. Al término de la comparecencia Mieres habló en una conferencia de prensa sobre las modificaciones, que definió como el resultado “del diálogo con los legisladores –particularmente con los de la coalición de gobierno– y también resultado del análisis de las distintas comparecencias que han ocurrido en este tiempo”.

Se anunciaron cambios en las pensiones de viudez, materia en la cual se asimilará la propuesta al régimen actual. Asimismo, se dotará de “mayores garantías” a las inversiones en el extranjero de las AFAP, algo que reclamaron desde filas cabildantes. También se “revisará el mecanismo” de la adecuación futura de parámetros, que se proponía automatizar según la esperanza de vida; habrá un aumento de la pensión para aquellos con incapacidad severa; se contemplará la situación planteada por la Asociación Down del Uruguay y se bajará a 15 los años de trabajo exigido y a 45 años la edad jubilatoria. Además, plantearon reducir el tiempo exigido para el requisito temporal de residencia para adquirir el subsidio de asistencia a la vejez.

A su vez, se suprimirá el retiro anticipado del dinero de la cuenta de ahorro individual y se asimilará la situación de la oficialidad de la Policía y de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. También se modificarán los regímenes de ahorro voluntarios y complementarios, de los cuales no se descarta “retirar alguno”, y se continuará el diálogo con las autoridades de la Caja Notarial, “en procura de lograr una propuesta de consenso”, un reclamo del Partido Colorado.

De todas formas, Mieres aclaró que se ratifican “las líneas generales del proyecto”, es decir que “la arquitectura general del proyecto no tiene modificación y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad”, aseguró, e insistió en “el carácter integral de la reforma” y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional común.

El ministro afirmó que “el régimen nuevo va a garantizar que 50% de la jubilaciones más bajas tengan mejores retribuciones comparadas con el régimen actual”, mientras que “en el resto serán iguales o también un poquito mejores”, más allá de que “es verdad que los uruguayos menores de 50 años van a postergar la edad de retiro a los 65 años”.

Entre los socios de la coalición, en especial por parte de Cabildo Abierto (CA), aparecieron algunos reparos durante el tratamiento en la comisión especial de Diputados respecto del articulado, que podrían enlentecer los plazos previstos por el gobierno para la aprobación, lo que aceleró las negociaciones, que culminaron en los cambios que se comunicaron este miércoles.

Sin embargo, uno de los planteos fuertes de CA, como es la reducción de la cantidad de años que se toman para el cálculo de la jubilación, de 25 a 15, no está entre las modificaciones. Según Mieres, si bien “hay que esperar a su redacción [de los artículos], porque a veces un enunciado de una frase no dice exactamente lo que después ocurre”, no está incluido “el tema de lo de bajar a 15 años” aquellos que “se toman en consideración para el cálculo del básico jubilatorio”, debido a que “eso es parte de la arquitectura principal del proyecto”.

Carlos Varela y Sebastián Valdomir en el Parlamento (22.03.2023).

Carlos Varela y Sebastián Valdomir en el Parlamento (22.03.2023).

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“No cambian sustancialmente” el proyecto

“Hoy recibimos como principal novedad que el gobierno está enunciando algunos cambios futuros al proyecto, cambios que no fueron presentados hoy, sino que son anuncios de posibles modificaciones, y que están conversando sobre cómo se van a incluir”, comenzó el diputado Sebastián Valdomir, coordinador del Frente Amplio (FA) en la comisión especial de la cámara baja que estudia el proyecto.

Valdomir entendió que, al tratarse de “enunciados” y no estar redactados, se hace “difícil” ofrecer algún tipo de “análisis” al respecto. Sin embargo, aseguró que lo que sí se podía decir, “pasados ya casi 45 días”, es que se trata de un proyecto “específicamente relacionado a una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, que no es una reforma integral de la seguridad social” y que, por lo tanto, “aquello que se decía, que iba a tener un amplio respaldo técnico, no ha sido tal”, dado que asistieron a la comisión “diferentes entidades técnicas” que plantearon “muchísimas dudas e incertidumbres sobre las proyecciones y los números que ha proporcionado el gobierno”.

Según Valdomir, hoy se presentaron números que evidencian “los impactos que tiene extender la edad para jubilarse” en los seguros “por invalidez o por desempleo”, y recordó que por la comisión desfilaron “colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 años”. En ese sentido, subrayó “los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 años”.

Por su parte, la diputada Ana Olivera insistió en que “todos fueron anuncios de enunciados” sobre temas que no van “sobre el tronco fundamental, que tiene que ver con la afectación a la mayoría de los trabajadores”, y que los temas vinculados con la vida del trabajo no están contemplados.

En ese sentido, la bancada frenteamplista entiende que hay “una serie de preguntas que no fueron contestadas”, que serán elaboradas por los legisladores “y que antes del viernes serán entregadas”. Además, se buscará “que vengan nuevamente algunas de las delegaciones que han hecho propuestas distintas y planteos distintos al que hace el Poder Ejecutivo”, como el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, así como “otros técnicos que han pasado por la comisión y han dado sus versiones fundadas en el cálculo metodológico, que al FA le generan “la duda razonable”, dijo Valdomir.

“No son las cosas de fondo y no hay nada claro”, dijo a la diaria Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), respecto de los anuncios del gobierno, si bien en el caso de la reducción de años de matrimonio para las pensiones de viudez señaló que la modificación “estaría bien” porque la disposición anterior de la reforma “no condice con la realidad, porque había una diferencia entre años de concubinato y años de matrimonio”.

A su criterio, las modificaciones anunciadas “no cambian sustancialmente” el proyecto; quizás, admitió, el daño “es un poco menor, pero el daño está igual”. Clavijo afirmó que sigue siendo una reforma “jubilatoria” y no de la “seguridad social”, dado que, entre otras cosas, no prevé nuevos ingresos. “Lo miré de arriba abajo y de abajo hacia arriba para ver si encontraba alguna nueva fuente de financiamiento, que es lo que le falta a la seguridad social, y se sigue sin hablar de ese tema. Si no hay una nueva fuente de financiamiento no se puede mejorar nada”, manifestó.

Por otra parte, sobre el anuncio de “mayores garantías” para las inversiones en el extranjero de las administradoras de fondos de ahorro previsional, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP, Sebastián Peaguda, dijo a la diaria que actualmente “la garantía que existe es de performance, de rendimiento” de las inversiones, “y eso no cambia con la reforma”. De hecho, advirtió que “de alguna manera se reducía porque la reserva especial es de 0,5% del fondo de cada administradora, y la reforma lo constituía en 0,2%, lo que había que mantener como mínimo”.

Hasta ahora, la reforma introducía cambios en los límites de inversión de las AFAP y disponía la creación de un fondo para rentabilizar los aportes de los afiliados más jóvenes mediante instrumentos financieros de mayor riesgo y, por ende, de mayor retorno.

Peaguda aseguró que la inversión en el extranjero “es absolutamente trivial en el mundo” y que lo que la reforma permite son inversiones en “países con altas calificaciones crediticias, incluso más altas que las de Uruguay”. Si bien puntualizó que “podría haber inversiones que tengan volatilidad”, afirmó que “una cosa es una timba y otra cosa es un inversor institucional y profesional como las AFAP”. “Uno no encuentra una trayectoria de problemas”, resaltó.