Arazatí López López era artesano, tenía 33 años y dos hijas cuando fue secuestrado, el 14 de setiembre de 1973, en Santiago de Chile, por militares de ese país, tres días después del golpe de Estado. Luego lo desaparecieron. En 1994 se estableció que sus restos se encontraban en el Patio 29, una fosa común en la que los registros indicaban que había un uruguayo.
Sale por los poros
“Tratan de hacer las cosas bien pero el fascismo les sale por los poros”, opinó Garretón ayer respecto de un hecho que conmovió a las autoridades de Londres 38. Con motivo del aniversario del golpe, ese centro de memoria había instalado intervenciones urbanas en los puentes del Mapocho, en Santiago, y en otras comunas metropolitanas. Pero las obras fueron desmanteladas por los carabineros ante los objetivos de varias cámaras que filmaron lo que estaba ocurriendo. El coordinador de Londres 38 fue ayer al mediodía a entregar una carta de reclamo ante el Ministerio del Interior, con sede en La Moneda. A él se sumaron las voces de quienes habían autorizado esa exposición urbana, entre ellas la alcaldesa de Providencia, Josefa Errazuriz, que exigió que las obras sean restituidas y recolocadas. Pero algunas de ellas, relató Pérez, cayeron al río.
Tras ser enterrado por sus familiares, en 2008 se concluyó que las pruebas de ADN habían fallado y que el cuerpo no era el de López. Sus familiares dialogaron con la diaria y pidieron que estos hechos sean publicados, luego de mantenerlos bajo reserva durante años. Jacqueline y Beatriz López, las hijas, y su hermano, Yamandú Montiel, se cansaron de esperar una respuesta tanto de las autoridades chilenas como uruguayas, explicaron. Jacqueline y Yamandú relataron cómo acompañaron los restos de un desconocido, sin saberlo, hasta que volvió a ser exhumado y reenviado a Chile. Aunque terminaron no siendo los restos de su hermano, Yamandú estuvo a su lado “hasta el último momento”, por eso se extraña de no haber recibido “ni una carta” ni una “contestación” al respecto. la diaria consultó ayer a un abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública chileno que sigue las causas de los uruguayos víctimas de la dictadura en ese país. Según aseguró, la corrección de la situación de López -ya se había emitido un certificado de defunción- está en trámite, aunque demorada por un paro en el Registro Civil. Ese documento dificulta a la familia en una serie de trámites legales, ya que al no haberse recuperado el cuerpo no se lo puede considerar fallecido. Aunque aún se está investigando lo ocurrido, la causa está “temporalmente” archivada desde 2004.
Las nuevas pericias, realizadas en 2008, establecieron que el cuerpo que hizo la ida y vuelta desde Chile no es de ninguno de los desaparecidos uruguayos registrados en ese país. Por lo tanto, no se sabe si será de otra víctima no registrada o si se trata de otro cuerpo aún no identificado. De momento se esperan los resultados de nuevas pericias.
El Estado uruguayo actúa por vía diplomática. El embajador en Chile, Rodolfo Camarosano, asegura que el tema de los derechos humanos es una prioridad para él. El viernes en la sede diplomática habrá un acto de homenaje y se colocarán placas en memoria a los nueve desaparecidos en Chile, algo que nunca se había hecho antes.
Según información a la que pudo acceder la diaria, el canciller, Luis Almagro, pidió a Chile la desclasificación de documentos relativos al caso de López López el año pasado, sin resultado hasta el momento.
Causas de todos
Sol Fernández García sigue de cerca, aunque sea desde Uruguay, el caso judicial de su padre, Julio César Fernández. Como este caso está unido al de Nelsa Gadea porque ambos pasaron, según investigaciones judiciales, por el campo de concentración Tejas Verdes, también sigue el de ella. Esa causa la están apelando tanto los condenados como la acusación, en la que participa el estudio de abogados del diputado comunista chileno Hugo Gutiérrez. Sol está descontenta con cómo se están haciendo las cosas tanto del lado chileno como del uruguayo, porque dice que la reconciliación y la justicia que están en debe son “cuestión de todos”.
Lo que Elísabeth Cendán Varo querría es recordar cómo “hoy, hace 40 años”, estaba en brazos de su padre, Juan Cendán, que murió sin poder reconocerla como hija. Este año Elísabeth logró que se le diera su apellido, y supone que “algo” le habrá quedado.