El jueves 7, varios vecinos de la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, empezaron a sentir diversos síntomas. Les dolía la cabeza, les ardía la garganta. Ese día, un estanciero había empezado a fumigar sus 300 hectáreas tapizadas de soja. Para los habitantes de la zona no es casualidad, porque no es la primera vez que pasa.
La soja llegó a la región en 2012, cuenta a la diaria Juan Chiarino, que vive cerca de la laguna. Y donde hay soja, hay herbicidas. “Vimos que había un ‘mosquito’, un aparato que se usa para fumigar, y dijimos ‘qué bueno que estén regando’. Pero después empezamos a notar un olor medio raro”. Y con él llegaron problemas para respirar, erupciones en la piel, visión nublada. Aunque algunos médicos locales diagnosticaron infecciones pulmonares en muchos de esos casos, Mabel Burguer está segura de que la culpa es de los agrotóxicos. Es grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y estuvo al frente del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico durante 35 años. Hoy, retirada de la actividad académica, sigue de cerca y con preocupación el tema en Uruguay. Los vecinos, además, tienen pruebas irrefutables que ya presentaron a las autoridades: fotos de tanques de Roundup -nombre comercial de un herbicida cuyo componente activo es el glifosato- que encontraron en los alrededores de la laguna.
En octubre del año pasado hubo una nueva ronda de fumigaciones especialmente fuerte y dañina. Jacqueline, esposa de Juan Chiarino, fue una de las afectadas. “Es una mujer sana, que no tiene ninguna patología; no es alérgica ni asmática”, recuerda Carol Aviaga, senadora por el Partido Nacional, quien ha mostrado preocupación por temas medioambientales. La legisladora llevó a Jacqueline a la policlínica, donde le recetaron un antialérgico.
Combatir los daños del glifosato en las personas es una tarea complicada. A pesar de que en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “potencialmente cancerígeno”, en Uruguay no existe equipamiento para detectar su presencia en la sangre. El laboratorio más cercano para realizar estos estudios es el de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. “No son análisis caros, pero hay que mandar las muestras. Para que un ciudadano pueda hacerse los estudios tiene que ir a Argentina, pero para que el Ministerio de Salud Pública [MSP] los tome como válidos tiene que haber un escribano. Un vecino de la laguna que vive en su chacra no está en condiciones de hacerlo”, reclama Aviaga, oriunda de Lavalleja y enfermera de profesión, quien en octubre impulsó una reunión entre vecinos de la zona y Jorge Basso, titular del MSP. La senadora se reunirá hoy con el fiscal de Corte, Ariel Cancela (que ocupa el cargo mientras Jorge Díaz está de licencia), para plantear el caso de esta nueva fumigación y otros conflictos ambientales, y proponer que se elaboren estadísticas sobre personas afectadas por esas causas. También planifica volver a reunirse con autoridades del MSP y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y le envió una carta formal al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con quien mantuvo un intercambio desde su cuenta de Twitter. “Sabemos bien que la acumulación de químicos y la erosión no es culpa del productor familiar. En Uruguay nos conocemos todos”, dijo Orsi, quien además ironizó: “Qué bueno sería poder elegir por las redes con quién ‘debatir’. No estoy ligando nada. Me tocó el Capitán Planeta en su versión regia”.
Que 300 metros no es nada
Además de los problemas puntuales de salud, hay preocupación por la laguna misma, donde hay una planta potabilizadora de OSE que lleva agua a 170.000 ciudadanos de la costa canaria. Ayer, después de cuatro años de reclamos, la OSE tomó muestras de agua de la laguna para analizar la presencia del agrotóxico. Los vecinos y Aviaga sostienen que las sustancias se filtran por corrientes subterráneas hasta allí, pero además dicen haber visto a peones lavando los tractores de fumigación -llamados “mosquitos”- en las aguas.
No hay estudios sobre los efectos que puede tener la exposición a largo plazo al glifosato, pero Mabel Burguer explica que en Argentina hay informes que hablan de abortos espontáneos, malformaciones fetales, cáncer y problemas crónicos varios. La experta en toxicología ha visto abundantes casos también en San José y Paysandú. Una resolución del MGAP de 2004 prohíbe que se apliquen fitosanitarios de forma aérea a menos de 500 metros de áreas urbanas y una distancia mínima de 300 metros cuando se fumiga por tierra, como es el caso de Salinas, y la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados tiene entre manos un proyecto que lleva esas mismas prohibiciones al estatus de ley. El problema es que el viento, sumado a la alta volatilidad de los químicos, puede arrastrar los agrotóxicos más lejos que esas distancias preventivas.
En algunos casos, cuenta Juan Chiarino, los vecinos tuvieron que abandonar sus casas e incluso “evacuar el barrio”. Aviaga opina que las fiscalizaciones deberían ser más estrictas o que, por lo menos, los propietarios avisen cuándo van a fumigar. “La gente no sabe en qué juzgado se denuncia, o si el fiscal y el juez, que toman las decisiones, están informados sobre el tema”, agrega.
El jueves, igual que en los casos anteriores, la primera medida de los vecinos fue acudir a la Policía, pero con el tiempo se fueron organizando para que sus reclamos cobraran más peso. Han logrado que el MSP sancione a un propietario de 300 hectáreas, que se aplicaran multas a un estanciero que secaba los humedales para poder plantar extensiones de pasto para comercializar, y que se iniciaran varios expedientes a los productores agropecuarios. Chiarino cuenta que en muchas de las audiencias los abogados usaron el mismo argumento: “Dicen que las normas que prohíben fumigar cerca de las zonas pobladas son inconstitucionales y que atentan contra un pedido del gobierno, que promueve el modelo productivo de los grandes plantíos de soja”.
Sólo una de las seis denuncias que los vecinos iniciaron contra el propietario que fumigó el jueves recibió respuesta del MGAP, pero el resultado fue sancionar a las empresas fumigadoras y no a quienes las contrataron.