La discusión pública sobre el tema se intensificó en los días previos al ingreso a la Cámara de Senadores del proyecto de ley que modifica la Ley de Derechos de Autor para favorecer el acceso a materiales de estudio. Después de que la Comisión de Educación y Cultura de la cámara aprobara por unanimidad el proyecto originalmente presentado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), algunas organizaciones comenzaron a expresar sus consideraciones contrarias a la norma, tanto en forma pública como privada. Finalmente, el Senado dio media sanción ayer al proyecto de ley; si bien contó con el apoyo de todos los legisladores en su consideración general y en la mayoría de los artículos en particular, hubo algunos apartados que no contaron con los votos de la oposición.

Las disposiciones no votadas por unanimidad fueron las que eliminan las penas y sanciones por reproducciones para uso personal sin autorización del autor. Un caso es el numeral 15 del artículo 4 (que sí fue votado por el nacionalista Jorge Saravia), que plantea como una excepción al usufructo del derecho de autor “la reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal y sin fines de lucro”. El otro caso fue el del artículo 5, que elimina la sanción económica para quienes sin autorización realicen una copia de uso personal sin fines de lucro. El senador José Amorín (Propuesta Batllista) dijo a la diaria que acompañó todos los artículos que para él favorecen el derecho al estudio sin perjudicar el de los autores. Sobre los apartados que no votó, dijo que “vulneran” el derecho de los autores y hacen que las excepciones no tengan sentido, debido a que si ese texto quedara vigente, no sería necesario explicitar las excepciones en las que no regiría el derecho de autor y sería más correcto decir que es legal cualquier copia que se realice sin fines de lucro.

La senadora del Frente Amplio Constanza Moreira (Casa Grande), una de las impulsoras de la iniciativa legal, consideró que lo que perjudica a los autores no es que los ciudadanos realicen copias para uso personal, sino la industria de la piratería, al tiempo que añadió que 80% o 90% de lo recaudado por derechos de autor se lo llevan empresas que producen y comercializan obras y productos, y no los autores. Además, dijo que aun cuando actualmente la mayoría de la población reproduce obras sin cumplir lo que establece la ley, se siguen comprando libros de texto, y manejó la cifra de que 41% de los estudiantes los compran, pese a la existencia de la fotocopia. Moreira recordó que con la legislación vigente, el préstamo de libros en bibliotecas viola la ley; señaló que el proyecto presentado no implica la violación de tratados internacionales ratificados por Uruguay, y opinó que este supone un “equilibrio” entre los derechos de los autores y los de la ciudadanía.

Hacen fuerza

Como informó la diaria, la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) se contactó días atrás con legisladores para evitar que se aprobaran las disposiciones que eliminaban penas para la realización de copias personales sin fines de lucro, mientras que ayer la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) expuso sus críticas al proyecto que cuenta con media sanción. Según señalaron los integrantes de la organización, Jorge Saracini, Alicia Guglielmo y Luis Sica, algunos artículos de la ley “atentan” contra el derecho de autor y la posibilidad de recibir una remuneración a cambio del trabajo realizado. Contrariamente a lo que sostienen los impulsores del cambio normativo, desde la CUL entienden que la iniciativa no cuenta con los equilibrios necesarios, y que el objetivo de mejorar el acceso a la educación que se busca lograr con su sanción podría tener “efectos nefastos” para todo el sistema editorial. En concreto, hablaron de que de los 1.200 puestos de trabajo que hay en el sector, si el proyecto de ley es aprobado como está, podrían perderse 200 empleos.

Para la cámara, es necesaria una mayor discusión que la que hubo en el Senado, y criticaron que con el texto aprobado ayer se posibilita que cualquier obra pueda ser reproducida, ya que hay textos que si bien no se definen como educativos, sí se utilizan con fines pedagógicos. El abogado de la cámara, Luis Fernando Iglesias, consideró que hay artículos del texto que son inconstitucionales, porque contradicen la defensa del derecho a la propiedad intelectual establecido en la carta magna, y también consideró que violan la Convención de Berna. Con respecto al artículo que establece la derogación de la sanción económica para quienes realicen copias sin fines de lucro, el abogado señaló que es una disposición que nunca se ha aplicado hasta el momento desde que la ley aprobada en 1937 está en vigencia, pero consideró que el texto debe mantenerse como un mensaje de que es una acción que “filosóficamente está mal”.

Desde la cámara se negaron a plantear el tema como una oposición entre estudiantes y la CUL, y dijeron que están abiertos a considerar “alternativas” para favorecer los derechos de quienes estudian. Por ejemplo, sin llegar al extremo de que que el Estado deba resarcir económicamente a los autores, propusieron contar con libros electrónicos, que son más baratos que los textos en papel, o generar convenios con precios diferenciales para instituciones públicas de educación.

Además del impulso de la FEUU y de varias organizaciones que militan por la democratización del acceso a la educación y la cultura, en las últimas horas el PIT-CNT emitió una declaración en la que explicita su respaldo a la iniciativa. Según la central sindical, la norma “permite avanzar en la democratización de la educación, el acceso y la generación del conocimiento”, ya que si bien en Uruguay hay un sistema educativo público, “frecuentemente” existen “barreras que ligan el real acceso a la educación y la cultura a la situación socioeconómica”. Además, el PIT-CNT considera que el proyecto “abre la discusión sobre la propiedad de aquellos bienes de interés social y los derechos humanos en el terreno de la producción cultural, frente a una realidad contradictoria de producción social del conocimiento y apropiación particular”.