En la edición del lunes 25 la diaria informó que la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) amonestó, el 13 de junio, a tres anestesistas por haberse inscripto a un llamado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para ocupar funciones de alta dedicación (FAD). La sanción había sido sólo una amonestación, porque los profesionales no habían ocupado los cargos: era una advertencia. El argumento fue que los afiliados habían incumplido con la resolución de la SAU y del Sindicato Anestésico Quirúrgico, que, en asamblea, rechazaron esta modalidad de trabajo, que modifica el pago del acto médico.
Pero hubo una cuarta profesional sancionada, con la que la SAU fue más dura, porque ella sí asumió el cargo. La resolución, emitida el 13 de junio –y a la que accedió ayer la diaria–, la SAU expresa que suspendió a la anestesista de sus derechos de socia, lo que implica: mantener la obligación de abonar la cuota social; “inhabilitación para participar en actividades científicas organizadas o auspiciadas por la SAU, tales como presentación de trabajos libres, integración de paneles en mesas redondas, simposios, etc”; y la comunicación de la sanción a las organizaciones internacionales que integra la SAU. Es decir que además de sancionarla gremialmente se la limita en su actividad científica y académica.
La Junta Nacional de Salud (Junasa) –que integran los ministerios de Salud Públca (MSP), Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, la Federación Uruguaya de la Salud, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), prestadores privados de salud y ASSE y asociaciones de usuarios–, emitió el miércoles una declaración en la que rechazó las resoluciones de la SAU “porque son un obstáculo para el proceso de mejora de la calidad de la atención” que se busca con la creación de estos cargos. La Junasa señaló que la actitud de la SAU consolida las asimetrías entre Montevideo y el interior del país y del subsector privado con el público, y que atenta “contra la libertad de trabajo y la formación continua, desconociendo los acuerdos colectivos”. Esos acuerdos fueron firmados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el acompañamiento del SMU. El viernes el SMU y la Federación Médica del Interior emitieron un comunicado de prensa en el que repudiaron las presiones sufridas por los médicos.
Ayer, en diálogo con la diaria, Gustavo Grecco, presidente del SMU, defendió el derecho de los anestesistas a trabajar en el lugar que deseen “sin ser sujetos de presión”, y mencionó que se trata de “intereses corporativos”, puesto que estos profesionales ganan “mucho más dinero que otros”. Ese punto lo deja bien claro la Junasa, que expresó que con los laudos propuestos por ASSE para las FAD “superan significativamente el promedio salarial nacional”. La Junta compara el salario mínimo nacional por 209 horas mensuales, de 14.034 pesos (67,2 la hora) y el promedio nacional (según el Instituto Nacional de Estadística), de 48.470 pesos (231,9 por hora), con lo que gana un anestesista contratado por FAD en ASSE: un salario mensual de 219.135 pesos (1.048 por hora), y de 273.919 pesos mensuales (1.310,6 por hora) si es coordinador.
En diálogo con la diaria, Miguel Fernández Galeano, adjunto del directorio de ASSE, defendió las FAD porque “dan continuidad asistencial y estabilidad” y “salen de la fragmentación que tanto afecta a la calidad de atención que supone el tema del pago por acto médico, donde muchas veces hay retrasos indeseables e innecesarios de la atención sanitaria por el hecho de trabajar por el pago por acto médico”. “La calidad que no se logra con una atención fragmentada, segmentada y pensando sólo en el acto médico como el contador de un taxi, como un medidor de actividad a destajo. El destajo es contrario a la calidad, contrario a la sostenibilidad de los sistemas y contrario a la seguridad del paciente y a todo lo que hay que lograr”, expresó. Según Fernández Galeano, “las sociedades científicas no son gremios pero operan y actúan como tales”.
Por su parte, Grecco sostuvo que quienes pueden expresarse por la limitación de la actividad científica que provoca la SAU respecto de la profesional sancionada serían el MSP y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que hasta ayer no se habían pronunciado. Pero según supo la diaria, el MSP emitirá hoy un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las resoluciones de la SAU y le planteará el tema a la Institución Nacional de Derechos Humanos, al MTSS y al MEC, para analizar la posible vulneración de derechos de los trabajadores.