La Asociación Comunidad Hepatitis C del Uruguay (ACHCU) trabaja para diagnosticar casos de hepatitis C en la población. En los últimos años, logró identificar dos grandes centros que concentran una gran cantidad de pacientes con hepatitis C: el complejo penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar) y en las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, ubicadas en el departamento de San José (actualmente denominadas Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, Ceremos). En estas últimas, comprobaron que hay al menos 102 infectados con el virus y aseguran que 18 pacientes que habían sido diagnosticados fallecieron en los últimos años, informó a la diaria el presidente de la asociación, Jorge Adán. La ACHCU se ha comunicado en repetidas ocasiones con la dirección de las colonias, con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y con el Ministerio de Salud Pública (MSP); ayer el Departamento de Vigilancia de la Salud del MSP inició una investigación epidemiológica.
Fuentes del MSP informaron a la diaria que un equipo de vigilancia epidemiológica irá el lunes a las colonias a ver cuál es la situación. Explicaron que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria y que los profesionales deben denunciar al MSP cualquier caso de hepatitis C que se diagnostique, pero que eso no se hizo y, por tanto, sospechan que la información no sea verdadera. El personal del MSP irá a las colonias, chequeará que en ninguna historia clínica haya un caso que no esté denunciado y si se ve que hay una situación anormal, se hará un test reactivo. Las fuentes aclararon que no quiere decir que no haya casos diagnosticados, pero que el MSP no tiene reporte de la situación que plantea la carta de la asociación.
Según los informes del MSP, hasta 2017 (último año del que hay registro) había 248 personas infectadas en todo el país; la ACHCU asegura que hay un subregistro, tanto de infectados como de las personas que mueren a causa del virus. Adán destacó que de los 700 pacientes de las colonias, más de 100 tienen hepatitis C y que “esto está corroborado por pruebas que se realizaron en la institución” y que la ACHCU accedió a los listados que así lo afirman.
Federico Sacchi, director de Ceremos, aseguró el jueves, en diálogo con la diaria, que los casos de hepatitis C se vienen monitoreando desde hace diez años y que “no hay ningún foco ni un aumento reciente en la cantidad de casos”; de hecho, comentó que no estaba en conocimiento que el MSP iba a iniciar una investigación. Agregó que de confirmarse una epidemia se activaría el protocolo de acción que consiste en “los pasos pautados en la atención de las personas: la comunicación, denuncias, diagnóstico y tratamiento”. Al no tener los números “frescos” no quiso estimar la cantidad de pacientes afectados por el virus en las colonias, pero fue enfático en afirmar que no hay casos nuevos y que la situación “hace diez años que es monitoreada”.
Por su parte, Roberto Pérez, presidente del gremio de funcionarios de Ceremos, explicó a este medio que, a raíz de los trascendidos de prensa, ayer tuvieron una reunión con el director del centro, quien les respondió que hubo “una mala interpretación de la información” porque esa cantidad de pacientes con la enfermedad sale de “censos de hace diez años atrás al día de hoy” de los censos anuales que se hacen, y que “no hay una epidemia, que no es que se despertó ahora”. Negó que los trabajadores estén en riesgo porque, de lo contrario, se hubiera activado el protocolo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos recibió la información presentada por la ACHCU. Consultada por la diaria, la presidenta de la institución, María Josefina Plá, expresó que el tema lo está evaluando el área de denuncias pero que, hasta que se avance, la información es reservada.
Según la ACHCU, tanto en las colonias como en la prisión las personas no saben el grado de avance de su enfermedad porque ASSE no logra coordinar el traslado hacia el Hospital Militar, donde deben realizarse una prueba de confirmación. Sólo teniendo ese dato, las personas podrían apelar al tratamiento que financia el Fondo Nacional de Recursos.