La comunidad científica internacional mira con atención hacia Europa. Allí está teniendo lugar un importante debate sobre el sistema de difusión del conocimiento científico a raíz de una iniciativa, llamada Plan S, que promete sacudir los cimientos de la industria editorial. Para entender el asunto hay que entender cómo funciona hoy, nos guste o no, el sistema de publicación científica en el mundo.
Los científicos trabajamos mayoritariamente con ayuda de fondos públicos por los que concursamos duramente, y el conocimiento que generamos es publicado en revistas científicas internacionales arbitradas, buscando siempre aquellas que poseen la mayor calidad posible. En esto último se esconde un problema de la mayor importancia, así que pongamos reversa. La calidad de un artículo científico se garantiza por medio de la “revisión por pares”, un control de calidad hecho por otros expertos en la materia, que ofrecen críticas constructivas o juicios lapidarios. Esta revisión de los trabajos enviados a una publicación es una actividad deseable y necesaria que forma parte de la carrera académica; exige mucho conocimiento y un importante esfuerzo por parte de quienes la llevan a cabo. Las editoriales no nos pagan a los investigadores por hacerles ese control de calidad. Sin embargo, alguien debe pagar el salario de quienes hacemos ese trabajo, y por lo general el costo recae sobre universidades o instituciones públicas, que subsidian involuntariamente a las editoriales.
Pero es peor. Para acceder a muchos textos y datos en revistas científicas de calidad hay que pagar, por unidad o por suscripción, como se paga para leer el periódico o la revista de chimentos, aunque a un precio mucho más alto. Quien no trabaja en ciencias no imagina la cantidad de artículos que debemos leer, en muchas revistas distintas, casi todas muy caras, para llevar adelante el oficio. Tantas, que las instituciones cuyo personal se dedica a la investigación científica pagan suscripciones millonarias a las editoriales. Algunas ofrecen suscripciones a cientos o miles de revistas especializadas, y ganan mucho dinero.
Desde hace algunos años existe una modalidad llamada Open Access (acceso abierto, en inglés) que permite acceder a los artículos sin pagar. De eso se trata el Plan S, de empujar el sistema hacia el acceso abierto, de forma de no pagar con dinero público para leer los descubrimientos que se hicieron con financiación también pública. Para eso, las instituciones que apoyan la iniciativa decidieron que el conocimiento original resultante de investigaciones financiadas por ellas deberá ser publicado exclusivamente en modalidad Open Access.
El lado salvaje
Con el sistema tradicional de publicación, los científicos muchas veces debemos pagar a las editoriales si queremos publicar en sus revistas de mayor tiraje y reputación. Algunas publican los artículos sin costo para sus autores, aunque para leerlos sí se deba pagar. A golpe de vista parece sensato, pero es igualmente ruin. El insumo de las revistas son los artículos que escribimos quienes hacemos ciencia. Les escribimos los artículos gratis, cuando no podemos o decidimos no pagarles. Revisamos los artículos de otros científicos del mundo también gratis, a pedido de las revistas (con nuestro trabajo voluntario y honorario, base de su negocio, porque sin control de pares la revista no gana reputación) y, cuando las publicaciones no son Open Access, pagamos además para leerlas. Para las editoriales es un negocio redondo.
El Open Access no es una panacea que curará el problema de la explotación editorial, pero abre otros caminos. La mayoría de las editoriales ofrecen sistemas mixtos, publican los artículos en modo cerrado para no suscriptores o en modo Open Access por una módica suma, que debe pagar (acaso con fondos públicos) quien desea publicar en esa modalidad.
Existen editoriales nacidas de la semilla del Open Access con todas sus publicaciones de acceso libre para lectura, pero que cobran para publicar. Tan rentable es la cosa, que ya existen imperios editoriales sobre esta base. En el mejor de los casos, todos seguimos subsidiando (en todo el mundo) gigantescas empresas editoriales con nuestros impuestos y nuestro trabajo.
Del mismo almácigo han surgido también editoriales fraudulentas que publican artículos y libros que no pasan por procesos de revisión por pares, o cuya revisión es dudosa, sólo para cobrar.
Barbas en remojo
Luego de asumir nuestra torpeza dentro de este sistema, debemos preguntarnos por qué no se ha dado la discusión en Uruguay de cómo reaccionar ante este barco que asoma desde Europa. Con el Plan S se está escribiendo una página en la historia de la ciencia. Podemos ser indiferentes y nuevamente rehenes de un sistema. Sin embargo, es nuestra responsabilidad no sólo hacer buena ciencia, sino que el dinero público que llega a nuestras manos sea utilizado de la mejor forma posible. Existen alternativas interesantes, como la que ha creado el Tübitak (Consejo de Investigación Científica y Tecnológica) de Turquía, que invierte en la publicación de 12 revistas académicas de cierta calidad. En ellas se puede publicar en Open Access de forma gratuita. El Estado turco financia la publicación de forma directa, y no mediante multinacionales que obtienen gruesas ganancias. Existen otras alternativas gratuitas, como revistas publicadas por universidades o sociedades científicas o académicas. También existen editoriales que cobran por el Open Access pero que no tienen fines de lucro, como The Company of Biologists, que publica unas pocas revistas de alto nivel y con el dinero financia becas para que estudiantes de todo el mundo puedan asistir a congresos. Esas loables iniciativas probablemente vean en el Plan S una tormenta llegando al horizonte.Sería bueno que en nuestro país se debatiese este asunto. El sistema brevemente descripto aquí nos impone un gasto de decenas de miles de dólares que se podría evitar. Uruguay ha sido muy original en algunas decisiones que ha tomado a lo largo de su historia y que nos han posicionado, en ciertos temas, a la vanguardia en la región y en el mundo. La Academia Nacional de Ciencias, las agencias que dirigen la política científica como la Agencia Nacional de Invetsigación e Innovación, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de la República y la comunidad científica en general deberían establecer un foro para promover esa discusión.
Daniel Prieto es investigador posdoctoral del Departamento de Biología del Neurodesarrollo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).
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