El año pasado las transferencias a las Fuerzas Armadas (FFAA) alcanzaron 0,9% del Producto Interno Bruto del país, unos 12.869 millones de pesos: 3.441 corresponden a pensiones pagadas directamente por Rentas Generales -que con el paso del tiempo fueron disminuyendo su peso relativo-, y 9.428 a asistencia financiera, rubro cuyo valor se ha triplicado entre 2004 y 2015.

En este sentido, los asesores del MEF mostraron que la capacidad de la Caja Militar para financiarse con recursos propios va en caída: “Pasamos de tener un financiamiento con recursos propios de algo más de 20% en 2004 a menos de 15% en 2015”. Esto se explica porque existe un “estancamiento” de los ingresos de la Caja, al tiempo que existe un “fuerte aumento” de los egresos; en 2015 fueron de 70 y 470 millones de dólares, respectivamente.

Un estudio comparativo del crecimiento de las transferencias a las jubilaciones militares entre 2013 y 2015 y del de otros sectores (ver gráfico) da cuenta de “un esfuerzo significativo de la sociedad” para mantener el sistema, según Ferreri. Las transferencias significaron 11,4% del total del gasto presupuestal, “superando a otros objetivos prioritarios del gobierno, como la educación, salud y vivienda” afirmó, dejando claro que “estamos ante un problema muy importante de déficit, sobre todo en lo que tiene que ver con su evolución”.

Adentro de la caja

El déficit creciente del sistema de jubilaciones militares tiene varias explicaciones. Por un lado, está el deterioro de la razón activo-pasivo, es decir, que el aumento de los pasivos se da a la par de una disminución de los activos. Pero no es lo único: también existe un “fuerte” crecimiento de la prestación promedio de la Caja Militar, que en la última década “prácticamente duplica” la del Banco de Previsión Social (BPS). “Tanto los subalternos como oficiales, jefes y oficiales superiores superan el promedio, y además, observamos que los oficiales, jefes y los oficiales superiores -tanto los que se retiran de manera voluntaria como los que lo hacen obligatoriamente-, exceden el tope del BPS”, explicó Ferreri, llamando la atención sobre el hecho de que las jubilaciones de la Caja Militar -al contrario que las de otros sistemas- no tienen tope.

A esto se le suma que las jubilaciones de los militares han crecido en estos últimos diez años a una tasa superior a las estatales: del entorno de 68% en el caso de las primeras y de 57% en el de las segundas. También se presenta como un problema la edad de retiro: el promedio actual es de 49 años: 47 por retiro voluntario y 51 por retiro obligatorio.

Por otro lado, las tasas de reemplazo efectivas “no son actuarialmente sostenibles”. Los militares no se retiran con el más bajo ni con el promedio de su grado, sino que se comparan con el más alto y siempre van hacia este último, llevando el promedio para arriba. En este sentido, tomaron como ejemplo el grado de coronel, con una remuneración nominal de 98.807 pesos en actividad, que, “si se retira sin comparativa, pasará a tener una pasividad de 85.976, pero si lo hace con comparativa, su pasividad será de 124.891”. La tasa de reemplazo llega a 126% para los coroneles, 135% para los capitanes, 140% para los tenientes coroneles y 154% para los mayores. En lo que respecta al personal subalterno, son aun mayores: alcanzan a 181% para el suboficial mayor, 200% para el sargento de primera y 209% para el sargento de segunda. En comparación, las del BPS son de 45% para las personas con 60 años de edad y 30 años de servicio, y de 82,5% para los mayores de 70 años de edad con 50 de servicio.

Además, como es un régimen de servicios bonificados demasiado extendido, los años de servicio no se computan linealmente, sino que se incrementan, y el cómputo de servicios comienza desde que el personal está en el servicio, es decir, desde que ingresa al liceo militar.

Afuera de la caja

La solución, según Ferreri, apunta a medidas de corto plazo, pero “también y fundamentalmente” a medidas de mediano y largo plazo, para “volver sustentable este sistema de retiros y pensiones”. En el corto plazo, lo que pretende hacer el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es reducir en 10% la transferencia de Rentas Generales, mediante una prestación pecuniaria a cargo de retirados y pensionistas cubiertos por este servicio, prestación que se pretende que sea “similar o análoga” a la que se fijó como solución en el caso de los retirados de la Caja Bancaria.

Un estudio de comparación con otros sistemas muestra que las transferencias del gobierno por afiliado en el caso de la Caja Militar ascienden a 8.100 dólares anuales, mientras que para otros sistemas es de, por ejemplo, 700 dólares para la Bancaria, 1.600 para el Banco de Previsión Social y 3.500 para la Caja Policial (ver gráfico).

Ferreri explicó que la reforma apunta a respetar los principios tributarios vigentes desde 2007, es decir, no gravar a todos los pasivos militares por igual, sino atendiendo a su capacidad contributiva, y por eso “se definen escalas por tramos de ingresos, con tasas progresivas, aunque no progresionales, y se fija un monto mínimo no gravado”. A su vez, se reflejan los cambios tributarios aprobados en la última Rendición de Cuentas, gravando los ingresos a partir de 50.100 pesos mensuales; el mismo nivel que se utilizó para modificar las tasas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el de la Asistencia a la Seguridad Social, “buscando focalizar la recaudación en aquellos pasivos militares de ingresos más altos”.

La escala presentada tiene 11 tramos, que se van dividiendo en función de la cantidad de Bases de Prestaciones y Contribuciones hasta llegar a una máxima de 20% para aquellas pasividades que superan los 133.600 pesos nominales. Los montos mensuales incorporan la doceava parte correspondiente al aguinaldo que perciben los jubilados militares.

La estructura esperada de ingresos se desglosaría en 35% de aportes personales, 28% de aportes patronales y 37% proveniente de la prestación pecuniaria; es decir que, en montos absolutos, aumentaría 58% los ingresos propios de la Caja Militar.