Durante más de dos horas, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) discutió ayer un informe de prefactibilidad sobre la aplicación de un contrato de participación público-privada (PPP) para refuncionalizar el Hospital de Clínicas (HC). Varias facultades y el orden docente todavía no adoptaron una decisión, por lo que la definición se pospuso hasta la próxima sesión, en dos semanas, aunque fueron varios los consejeros que ayer se manifestaron en contra o con dudas respecto de la alternativa de la PPP. El rector de la Udelar, Roberto Markarian, aseguró que le dolerá si en la próxima sesión debe aprobar una resolución en la “que tengamos que rechazar una propuesta de mejora del Hospital de Clínicas”.

La presentación estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Rodrigo Arim, que coordinó el equipo académico encargado de realizar el estudio, y del economista Marcelo Pérez, integrante del equipo. Pérez explicó el estudio y las conclusiones, que afirman que es viable aplicar el proyecto de refuncionalización planteado por la Udelar, y que es viable hacerlo por PPP, lo que implicaría pagar a un privado entre 22 y 27 millones de dólares por año, durante entre 20 y 30 años, después de cinco (estimados) de obra.

En su oratoria, Markarian reconoció que el sistema de PPP le genera “muchas dudas”, pero afirmó: “No significa privatizar el HC. Es mentira esa afirmación”. También consideró que la reforma del HC “no se puede transformar en un mecanismo para pelearnos con el gobierno”.

Tanto los egresados como los estudiantes ratificaron ayer su clara postura contraria a la PPP.

Uno de los puntos más cuestionados fue que no existe forma de comprometer al Ejecutivo a que destine el presupuesto para el pago al privado durante lo que dure el contrato, ya que superaría más de un período de gobierno. Arim consideró que este es un elemento “delicado”, ya que si bien el gobierno difícilmente niegue los recursos para el pago al privado, puede pasar que “sin acuerdos políticos sólidos, el incremento presupuestal que reciba la Universidad sea básicamente asociado a este contrato”. El decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, dijo que esto “traslada la responsabilidad a otras generaciones y otras autoridades”, y opinó que implica una limitación a la autonomía “porque dependemos de un incremento presupuestal”.

Andrés Fernández, del orden estudiantil, opinó que el Poder Ejecutivo “rompió la unidad universitaria en torno al proyecto de refuncionalización, y hay que recomponer esa unidad”, y propuso insistir en el pedido presupuestal universitario y en otras alternativas, como la exoneración parcial de aportes patronales por determinado tiempo para financiar la obra.

En tanto, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, consideró que el rechazo absoluto a la PPP “no deja ninguna variable de negociación con el gobierno”. Aseguró que se entusiasmaría más si se logra “demostrar más contundentemente que la otra alternativa planteada sea más eficiente, y no que deje a la Universidad aislada de la opinión pública y dividida”. En una línea similar a la de Rico, Markarian dijo: “El grado de alienación que a veces tenemos sobre la centralidad de la institución nos lleva a olvidar que nosotros somos ejecutores de dineros del Estado”, por lo que consideró “extraña” esa diferenciación de los dineros “públicos” que implicaría la obra pública de los de la PPP. “Hay que ser cuidadoso de no mirarse demasiado para adentro”, pidió, y no considerar “que somos el eje de la intelectualidad y la política nacional”, porque “el deber que tenemos con el país es mucho más grande”.