El Consejo de la Facultad de Veterinaria deberá considerar en su próxima sesión un informe de la Dirección General de Jurídica de la Universidad de la República (Udelar), que analiza la situación de una profesora particular y de más de 100 estudiantes de esa institución, involucrados en una maniobra para sacar ventaja en la realización de parciales y exámenes mediante grupos de Whatsapp.

El 30 de mayo de 2017, un docente de la facultad denunció la existencia de irregularidades en los parciales de las asignaturas Fisiología y Microbiología y en el examen de Genética realizados ese año. El 1º de junio de 2017, el Consejo de la Facultad dispuso que se realizara una investigación administrativa, y esta se encomendó a Jurídica de Udelar. En un informe con fecha 1º de agosto de 2018, al que accedió la diaria, ese organismo confirma las irregularidades y recomienda al Consejo que tome acciones al respecto.

Según surge del documento, una profesora particular formaba grupos de Whatsapp de estudiantes para, mediante distintas estrategias, proporcionarles las respuestas de parciales y exámenes. Por este “servicio”, según los testimonios de estudiantes, estos llegaban a pagar de 2.000 a 6.500 pesos por materia. Algunos estudiantes alegaron en sus testimonios que fueron inducidos a confusión, porque la profesora aseguró que les estaba vendiendo “audios explicativos”, y se sorprendieron al recibir en su celular las respuestas de las pruebas.

En el caso del parcial de Fisiología hecho en esa facultad el 23 de mayo de 2017, algunos estudiantes tomaron fotos de las preguntas y se las enviaron por Whatsapp a la profesora, quien en el momento les proporcionó las respuestas. “Interactuaba con los estudiantes enviando las respuestas a las preguntas de múltiple opción y abiertas formuladas por los docentes a través de los grupos de Whatsapp que previamente había creado, tales como ‘Fisio paralelo 2017’”, indica el informe. Jurídica comprobó que los grupos de Whatsapp fueron creados por la profesora y que los integraban más de 100 de los 500 estudiantes de la asignatura que hicieron el parcial. Además, la profesora monitoreaba lo que pasaba en clase durante el desarrollo de este. Esto surge, por ejemplo, de mensajes que les enviaba a los estudiantes con preguntas tales como “¿Están entrando [al salón]?”.

En cuanto al parcial de Microbiología, se hizo de mañana en Salto y de tarde en Montevideo. Jurídica constató por testimonios e imágenes de los celulares que los estudiantes que lo dieron en la capital recibieron las respuestas a las preguntas que se iban a formular entre una hora y media y tres horas antes del inicio del parcial. Lo que presuntamente sucedió es que una estudiante de Salto, que pidió hacer el parcial antes que sus compañeros alegando que tenía que participar en una actividad religiosa de noche, sacó fotos de las preguntas en un momento en que el salón quedó sin contralor docente y se las mandó a la profesora. Esta estudiante, según consta en el documento, “contó con la oportunidad de poder acceder al temario del parcial con antelación al horario fijado para su comienzo y habría tenido además la posibilidad de haber difundido el contenido entre sus compañeros, dado que permaneció un lapso de tiempo sin contralor docente”.

En el caso del examen de Genética, que se hizo el 22 de febrero de 2017 tanto en Salto como en Montevideo, se constató que “prácticamente con dos horas y media de antelación al inicio del examen que se llevaría a cabo en la ciudad de Montevideo, el contenido de las preguntas del examen de Salto ya era conocido entre los estudiantes de la capital”.

El informe menciona otras acusaciones que pesan sobre la profesora particular. El 9 de junio de 2017, el docente que formuló la primera acusación “denunció la existencia de intentos de ingreso a las cuentas personales de este en la red social Facebook”, así como en las de otros docentes de Fisiología, indica el documento de Jurídica. También señala que la profesora le ofreció dinero “a un docente de la institución, a cambio de que este le revelara el contenido de los parciales”, y que hizo lo mismo con al menos un estudiante.

Mecanismos de control

Los docentes de la institución consultados en el marco de la investigación hicieron hincapié en que vigilan la impresión de las copias de los parciales y exámenes, y en que no queda registrado en la fotocopiadora el contenido de lo que se copió o imprimió. El informe de Jurídica establece que se podría inferir que, “hasta el día en que efectivamente el material es entregado al alumno para la confección de este, nadie tiene contacto con la documentación, la cual permanece bajo llave, reduciéndose así la posibilidad de que terceras personas ajenas a la propia cátedra hubieran podido tener acceso al contenido del temario”. Además, se ejerce un control estricto en el salón de clases para que los estudiantes no se copien entre ellos; por ejemplo, en el caso de una de las asignaturas, había tres prototipos de parcial y un alumno no tenía chance de sentarse al lado de otro que tuviera el mismo prototipo.

De todos modos, una de las recomendaciones del informe apunta a “la adopción de medidas de control más exigentes y rigurosas en forma previa y durante el desarrollo de los parciales y exámenes”.

Jurídica concluye que la docente en cuestión incurrió en “una conducta indebida, la cual podría eventualmente encuadrar en alguna de las figuras previstas en el Código Penal, por haber sido responsable de la maniobra que organizara junto a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, con el objetivo de que estos lograran aprobar los parciales y/o exámenes de las materias Fisiología, Microbiología y Genética”. Añade que la profesora ejecutó junto con los alumnos del servicio “una maniobra fraudulenta, que vulnera los principios de buena fe, honestidad, lealtad y respeto, principios deontológicos que como tales deben hallarse presentes en el accionar de todo universitario” y sostiene que “los hechos relatados causaron un importante perjuicio a la institución, a la vez que afectaron su imagen y funcionamiento”.

Finalmente, y amparándose en lo dispuesto por el artículo 257 del Código del Proceso Penal, en el que se prevé la posibilidad de que cualquier persona pueda poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un presunto hecho delictivo, Jurídica recomienda al Consejo de la Facultad de Veterinaria “elevar copia autenticada de lo actuado al Ministerio Público” a efectos de que “se verifique el esclarecimiento de la situación encausada”, y sugiere aguardar que se dilucide la situación en la Justicia.

La docente acusada es licenciada en Biología y trabajó en la Facultad de Ciencias. En Facebook sigue promocionando sus servicios de “apoyo universitario”.