La oposición presentó ayer ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por “irregularidades e ilicitudes” en el proceso de adjudicación a las empresas GNLS y OAS de la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, y también en la concesión de la obra de interconexión del gasoducto Cruz del Sur con este proyecto.

Los diputados Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García, del Partido Nacional, Walter Verri, del Partido Colorado, Daniel Radío, del Partido Independiente, y Eduardo Rubio, de Unidad Popular, integrantes de la comisión investigadora que trató el tema, presentaron al fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, un documento de 108 páginas en el que desarrollan los motivos por los que advirtieron la existencia de “irregularidades e ilicitudes claras”, que en algunos casos pueden configurar “delito” por “abuso de autoridad, abuso de funciones y conjunción de intereses” en la adjudicación de las obras mencionadas, señaló Abdala a la diaria.

Abdala aseguró que todo el proceso de concesión estuvo “contaminado de un actuar subjetivo y caprichoso” de las autoridades involucradas, y que se cometieron “errores vinculados a la imprevisión y a la imprudencia”. Además, planteó que la Justicia deberá determinar si en los hechos “hubo mala intención”, porque hay “aspectos que no cierran”. “Hay decisiones muy polémicas, sobre todo con la relación de Gas Sayago SA y OAS”.

Para el diputado OAS tuvo “un gran favoritismo por parte del gobierno uruguayo”, por un lado en la concesión de la regasificadora –UTE y ANCAP habían señalado “debilidades e inconsistencias” en la propuesta de esta empresa–, y por otro en la conexión del gasoducto, pues estudios técnicos de estos entes del Estado y Gas Sayago habían constatado que la empresa “no reunía los requisitos de admisibilidad”.

En la denuncia, a la que accedió la diaria, la oposición sostiene que la administración actuó con “ligereza culpable”, provocando “notorias vulneraciones al interés público, así como al interés de las entidades privadas involucradas en el proceso”. A su vez, se plantea que las acciones “gubernamentales de los involucrados podrían implicar presunciones de carácter delictivo”.

Los legisladores denuncian que el Poder Ejecutivo actuó con “arbitrariedad”, incurriendo en reiteradas ocasiones en “desviación y abuso de poder”. En ese sentido, afirman que “en distintas etapas del proceso” el gobierno invadió el ámbito de competencia de diferentes organismos, “violando o bien su independencia técnica o lisa y llanamente su autonomía jurídica”.

Para ilustrar esta situación, Abdala mencionó que la adjudicación de la obra de la regasificadora a OAS fue decidida en las “altas esferas del gobierno, pasando por encima de los directorios de UTE y de ANCAP”. “[El entonces presidente José] Mujica anunció la adjudicación el 14 de mayo de 2013, y los directorios de ANCAP y de UTE recién tomaron la decisión formal dos o tres días después”, puntualizó el nacionalista.

En la denuncia, la oposición sostiene que Gas Sayago –que, si bien desde el punto de vista jurídico es una empresa privada, su principal y único accionista es el Estado– “abusó del derecho privado” e incurrió en numerosas “irregularidades” y “gastos exorbitantes” en su gestión que “más de tres años después de la paralización definitiva de la obra la sociedad sigue pagando”. Según figura en el documento, el balance de la empresa en 2017 arroja un total de “174 millones de dólares comprometidos en el fallido proyecto” hasta ese año que “el Estado ha destinado sin retorno a lo largo de este complejo proceso”, entre un pasivo de “155 millones de dólares”.

“Todo el negocio está atravesado por decisiones que afectaron el interés general y claramente beneficiaron a los particulares que intervinieron”, apuntó el diputado, aunque aclaró que la comisión no advirtió “enriquecimiento personal”. “Tal vez no se haya beneficiado un funcionario en particular, pero alguien se benefició. Aunque sea un tercero, como podrían ser las empresas que intervinieron”, sentenció.

Abdala comentó que Cancela manifestó a los legisladores que la investigación se destinará hoy a la Fiscalía correspondiente y se analizará si la causa se unifica a una denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle en 2013.