Tierras resquebrajadas, agua no potable saliendo por las canillas de la mitad de la población que vive en nuestro país durante meses, promesas hechas por las autoridades de prevenir futuras crisis. Todo comenzó a quedar en el olvido desde agosto, momento en que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dejó sin efecto el decreto por el que se declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana. También, a partir de que comenzaron a regularizarse los niveles de sodio, cloruros y trihalometanos del agua que brinda OSE a la población, el problema de calidad y cantidad del bien común natural dejó de ser protagonista en la discusión pública. Poco a poco, las voces de científicos, científicas y activistas socioambientales que exigían soluciones pasaron a ser sustituidas por voces políticas que –en algunos casos– minimizaron el debate a una cuestión de culpas partidarias.

Mientras tanto, la cuenca del río Santa Lucía –fuente de la que se abastece la empresa pública estatal para brindar el servicio a Montevideo, parte de Canelones y San José– sigue estando en graves problemas. Quizás deberíamos preguntarnos si la crisis que tuvo lugar hace tan sólo unos meses es efectivamente del agua o hídrica, como se la denominó, o si se trata de una crisis –aún vigente y más amplia– que versa sobre cómo manejamos los sistemas que nos rodean y de los cuales dependemos.

No terminó

El último Boletín Hidrológico que realizó la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), donde técnicos examinaron la situación de las cuencas hidrográficas en noviembre y establecieron las perspectivas para los próximos meses, determina que “en la cuenca del río Santa Lucía persiste aún una condición de sequía hidrológica”. También plantea que “en la mayor parte del territorio nacional se observaron precipitaciones de hasta 161% por encima de los valores que normalmente se registran en esta época del año, a excepción de cuencas ubicadas al suroeste del país, donde persisten las condiciones pluviométricas por debajo del valor normal”.

Por ejemplo, en cuanto a las precipitaciones de la cuenca del Santa Lucía, se registraron valores menores a 100 milímetros y en las cuencas del litoral oeste los valores variaron entre 60 y 90 milímetros. Al haber precipitaciones “por debajo de los valores normales” y “sumado el déficit hídrico de los últimos meses”, sucedió que “en las subcuencas que drenan al Río de la Plata y al río Santa Lucía se registraron valores de escurrimiento mensual entre 100% a 42% por debajo de lo que normalmente sucede”. Es decir, a cuatro meses del fin de la emergencia hídrica en la zona metropolitana, el sistema aún no ha logrado recuperarse.

Si bien enseguida el boletín añade que la “severidad de sequía es menor comparada a la registrada en los meses anteriores”, la dirección del Ministerio de Ambiente dice que continuarán vigilando la situación. Pero los próximos meses no parecen ser esperanzadores, ya que en diciembre y enero de 2024 “existe una mayor probabilidad de que se mantengan las condiciones hidrológicas de bajo flujo en la cuenca del río Santa Lucía”. En febrero, “si bien aumenta la probabilidad de tener condiciones normales en la cuenca, aún predomina el mayor número de ensambles dentro de la categoría hidrológica correspondiente a condiciones de flujo bajo”.

Este fue el año en el que la triple crisis –generada por la afectación a la biodiversidad, el clima y la contaminación– llegó a los ojos y bolsillos de la clase media del sur del país. No fue la primera ni será la última vez que suceda. Hasta el momento, las recomendaciones que dio un grupo de 12 investigadoras e investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Este no han sido escuchadas. Como mínimo, seguimos perdiendo el 50% del agua elevada por OSE. Tampoco se ha abordado eficazmente la sobreexplotación de los acuíferos, ni se ha declarado a algunos de ellos como reservas de agua subterránea protegida para utilizar en momentos de crisis.

A futuro, también sería importante que nuestros científicos tuvieran herramientas para poder realizar estudios de atribución para este tipo de fenómenos extremos. El 2024 será un año electoral en el que podremos ver qué importancia le brindará la clase política a la crisis socioambiental. Al decir de Ida Vitale, “las palabras no deberían ser reiteradas sino en las invocaciones de la magia”.