La desaparición del maestro Julio Castro puede convertirse hoy en el último crimen de la dictadura en tener que ser excluido de la Ley 15.848, ya que ayer, en la sede del Frente Amplio (FA), se acordó el texto definitivo del proyecto de ley con el que se pretende dejar sin efecto la norma. En la instancia participaron delegados de base, parlamentarios y, en representación del Ejecutivo, el canciller Luis Almagro y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
El lunes el documento será aprobado por la mesa política e inmediatamente será enviado al Parlamento. Los diputados Carlos Coitiño (PVP) y Felipe Michelini (Nuevo Espacio) destacaron que el consenso se haya alcanzado en ese ámbito “representativo”. La Ley de Caducidad no se derogará ni se anulará, sino que se aprobará una ley interpretativa de la Constitución que dejará inaplicables los artículos del uno al cuatro. La redacción pone énfasis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado, así como a las “decisiones administrativas” que el Ejecutivo debe tomar, que afectan la independencia del Poder Judicial. Asimismo, la exposición de motivos se apoya en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley en el caso de Nibia Sabalsagaray.
En cuanto a las investigaciones sobre Julio Castro, la fiscal Mirtha Guianze había enviado un oficio al juez Juan Carlos Fernández Lecchini para que diligenciara nuevas pruebas, que permitieran elevar a la SCJ un recurso de inconstitucionalidad. Pero el magistrado consideró que está impedido de continuar con la pesquisa porque la causa está amparada por la norma en cuestión desde el 5 de setiembre de 1989, tal como lo resolvió Julio María Sanguinetti en su primera presidencia. Fuentes gubernamentales adelantaron a la diaria que esa decisión será cambiada hoy cuando el presidente José Mujica, actuando en Consejo de Ministros, firme la exclusión.
Podría ser el último pronunciamiento que deba hacer un Ejecutivo en virtud del proyecto de ley impulsado por el FA, apoyado por el gobierno, que, entre otras cosas, busca evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la oposición han surgido ya las primeras reacciones. Entrevistado por El Espectador, Sanguinetti cuestionó al FA y opinó que “la ley, aplicada como se la ha aplicado últimamente, no ha impedido el procesamiento de algunos militares. [...] Es puro afán vengativo y eso no es aceptable”.
El senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) indicó en diálogo con la diaria que el Partido Colorado “no tiene postura” y que esperarán el texto para “tratarlo orgánicamente”. En el mismo sentido se expidió el senador nacionalista Eber da Rosa (Alianza Nacional), quien afirmó que aguardarán la redacción para posicionarse. En el Partido Independiente, el diputado Iván Posada consideró que el planteo del FA es “inconstitucional” y que ofrecerán una alternativa.