Ayer el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay lanzó la publicación Hacia una política de Estado en privación de libertad, dirigida por Ana Juanche, coordinadora latinoamericana de Serpaj, y Javier Palummo, coordinador general del Observatorio del Sistema Judicial.
Números rojos
La publicación de Serpaj incluye una encuesta realizada a personas privadas de libertad. La muestra fue de 972 casos, de un total de 8.777 reclusos. En ella se refleja que 49% de los encuestados convive en celdas de seis o más personas; que 68% calefacciona la celda, pero la mayoría, 60%, lo hace con “aparatos caseros”; que 33% no tiene canilla y que 30% no tiene inodoro ni letrina. Además, 71% declara no tener ducha en la celda.
Una amplia mayoría de los encuestados, 74%, declaró la existencia de “celdas de castigo” en sus establecimientos de reclusión, aunque sólo 17,5% dijo que estuvo detenido allí. 34,4% dijo tener condena y 49,3% sostuvo no conocer quién es el juez de su causa. Respecto de las salidas transitorias, 92,4% declaró que no tiene, 30% admitió que recibe “visitas íntimas”, y otro 37,6% que utiliza un “celular o chip” para comunicarse. En cuanto a la alimentación, la mayoría de los reclusos declara que se proveen de la comida “por su cuenta” y no por “el establecimiento”, especialmente en el caso de la merienda.
Respecto de las características de esta población, 27% declara que cree tener ascendencia “africana o negra”. En cuanto al nivel educativo, 50,7% tiene primaria completa. De los encuestados, actualmente 14,7% declara estar realizando “estudios formales” y 34% dice estar trabajando. El delito más frecuente por el que fueron procesados es la rapiña (26%) y 58% ya estuvo recluido anteriormente.
La investigación incluye también un estudio sobre los adolescentes privados de libertad, basado en 327 encuestas, lo que significa las dos terceras partes de los que se encuentran en esa situación. Javier Palummo destacó que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto -lo que lo ha llevado al borde de la “inaplicación”- está dando resultado en el sistema penal adolescente, al que describió como influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia un endurecimiento”. La investigación revela que la mayoría de los jóvenes recluidos, 75,8%, manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de los funcionarios policiales en el momento de su detención, en motines o intentos de fuga, algo que es calificado como “grave” por la publicación. También 11% de los adolescentes dice haber sido víctima de violencia por parte de funcionarios estatales durante la privación de libertad. El 63,5% está recluido por el delito de rapiña.
Durante la presentación del informe, el comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, afirmó que en Uruguay nunca existió una política pública en materia carcelaria. Según dijo, mientras que “paradójicamente” la dictadura, que violó consistentemente los derechos humanos, construyó ocho cárceles, el tema quedó “relegado” al regreso a la democracia, cuando además comenzó a aumentar el número de reclusos. “Afortunadamente, la reacción empezó el día que se declaró la emergencia carcelaria” durante el gobierno de Tabaré Vázquez, con un “paso simbólico” durante su discurso inaugural, y luego cuando los cuatro partidos políticos firmaron un acuerdo interpartidario a comienzos de 2010, señaló el comisionado.
Garcé también destacó que si se logra ejecutar las obras proyectadas, para el próximo período de gobierno la situación podría estar “bastante saneada”, aunque advirtió que se debe “repensar el papel de la prisión preventiva”. “Cada vez se prioriza más la prisión preventiva, por más tiempo y para más personas. Esto somete al Estado a un esfuerzo constante de gasto e inversión”, explicó, para luego afirmar que Uruguay pasó de tener en los últimos 60 años de 40 a 275 presos por cada 100.000 habitantes.
En ese marco, dijo que en caso de que se apruebe la reforma constitucional que busca disminuir a 16 años la edad de aplicación del régimen penal adulto, “habría que prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.
Por otra parte, en relación al sistema judicial, Garcé advirtió que en este último tiempo “se han cometido algunos errores de evaluación de la prueba, y las señales de la defensa, como la citación de algún testigo, no son siempre escuchadas a tiempo”. Agregó que conoce “varios casos” de personas erróneamente procesadas que luego, al comprobarse su inocencia, genera “una rectificación del procesamiento y ello terminará en juicio por responsabilidad contra el Estado”. Según consideró, “la voz de la defensa no siempre es escuchada con la atención que debería por parte de jueces y fiscales. Tal vez por sobrecarga de trabajo u otros factores se omite el diligenciamiento de ciertas pruebas”.
Por último, destacó el aporte de la Guardia Republicana en los centros de reclusión: “Antes, cuando ocurría una situación de maltrato, era difícil encontrar una respuesta y ahora en ese sentido hay mayor apertura”. Por su parte, el vicepresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso, dijo que en materia de privación de libertad su institución viene “corriendo de atrás”, ya que el Ministerio del Interior “ha comenzado antes” a reenfocar el problema de la reclusión “y eso ha hecho que ya tengan más certezas y más seguridad”. Admitió que las nuevas construcciones “han demorado más de lo esperado”, aunque destacó que se logró que “por primera vez todos los centros del Sirpa van a tener clases de secundaria”. “Los cambios son lentos y la gente es ansiosa, pero deben ser firmes y hay que darles tiempo”, dijo, para luego destacar que “lo que más trabajo va a dar es que estamos en medio de un cambio de paradigma”, ya que “venimos de un siglo entero de enfoque criminalista”.
Durante la presentación de la investigación de Serpaj, Ana Juanche advirtió que varios de los recintos carcelarios inaugurados recientemente por el Ministerio del Interior tienen características propias de un “modelo custodial y securitizador, cuando toda la retórica del Estado habla de un nuevo paradigma impulsor de la rehabilitación”. Entre ellos distinguió a Cerro Carancho (Rivera), el módulo espejo de Las Rosas (Maldonado), el nuevo módulo ocho del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) y el que se construyó recientemente en el penal de Libertad. Éstos “parecen responder a otra concepción”, ya que “prima en ella el carácter cerrado celular”, con escasos espacios previstos para el uso comunitario. “Creemos que se ha perdido una importante oportunidad para invertir recursos”, cuestionó.
También objetó que mientras las cárceles más pequeñas permiten una gestión “más humana”, el gobierno se apresta a aprobar un contrato de participación público privada para construir una cárcel en Punta de Rieles para 2.000 personas, que “no parece haber tenido en cuenta la expresión de nuestro país”.
En la apertura también hicieron uso de la palabra la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, la asesora de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, y el jefe de Cooperación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay, Alejandro Montalbán.