Luego de los primeros anuncios que datan de tres años atrás, ayer se presentó el primer proyecto concreto de Participación Público privada (PPP), que estará vinculado al sistema de reclusión. El proyecto se sostiene en tres “hilos”: la búsqueda de una solución al problema del hacinamiento, un proyecto de inversión compartido con privados y un nuevo modelo de gestión. En primer lugar, se creará el Instituto Nacional de Rehabilitación por el cual se incorporarán todas las cárceles del interior del país a este nuevo instituto. El proyecto tiene por objetivo mejorar la infraestructura y las condiciones de los servicios, además de mantener en buen estado el establecimiento, mejorando la distribución de las personas privadas de libertad de acuerdo a sus perfiles.

El segundo “hilo”, el proyecto de inversión, “no sólo atiende a la creación de infraestructura, sino a la gestión”, señaló Eduardo Bonomi, ministro del Interior. El establecimiento a construir tendrá capacidad para 1.960 plazas y prevé la construcción por parte de privados de espacios para el desarrollo educativo, laboral, deportivo y social de los internos, además de espacios acondicionados para familiares y profesionales, así como otros dedicados a la atención de la salud. El monto del proyecto se estimó en 72,4 millones de dólares, y la apertura de ofertas para la licitación, que será internacional, está prevista para el 31 de mayo.

Respecto de los plazos, Adriana Rodríguez, presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo, dijo que Uruguay es “un caso raro”, porque estos procesos son “complejos y para nada rápidos” y, según informó el ministro del Interior, en nuestro país la implementación fue en un tiempo récord en el mundo.

El tercer hilo es que el proyecto sirva también como herramienta para un nuevo modelo de gestión que asegure el funcionamiento de una correcta alimentación de las personas, visitas más ordenadas, mejor control en los accesos, y eliminación de los “espacios de poder” de los internos. Esto, a su vez, estiman que permitirá mejorar el entorno laboral de guardias y técnicos.

El Estado subcontratará con privados el diseño locativo, la obra civil y su financiamiento, así como el mantenimiento, limpieza, alimentación y lavandería, reservándose para sí las “funciones sustantivas” de seguridad, salud y reeducación de los internos.

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, comentó que el proyecto ya lo habían conversado con Bonomi aún antes de haber asumido, y aseguró que “el camino recorrido por este proyecto va a ayudar a otros a hacerlo de una manera más rápida y más eficiente”. El plazo total del proyecto será de 22 años y medio, por lo que Bonomi afirmó que “quedará asegurado el no hacinamiento durante mucho tiempo”. Desde el gobierno se señala que los esquemas tipo PPP mantienen el control público de la infraestructura y transfiere a los privados el riesgo asociado a la construcción y su financiamiento.