El video puede verse en el sitio web de Redes-AT Uruguay, donde también se publicó el informe adjunto redactado por Ignacio Cirio, integrante de la organización.
En la proyección del audiovisual, Pablo Galeano, quien también forma parte del colectivo, dijo que se muestra una “cadena de testimonios” porque un caso fue remitiendo a otro, y agregó que son “una buena muestra de a qué se enfrenta la gente que vive en el campo”. El material no tiene voz en off y no incluye la interacción del entrevistador, por lo que las voces son, netamente, de los afectados.
Los entrevistados se dan a conocer con nombre y apellido. Jorge Mérola, de Villa del Carmen (Durazno), cuenta de una “lluvia envenenada” de enero de 2010. Él y su esposa viven al lado de un campo cultivado con soja. Ella se lavó la cara con el agua de lluvia y tuvo erupciones de piel en la cara, brazos y manos; él estuvo dos horas con la ropa mojada de aquella lluvia y le salieron manchas cutáneas. Su problema no tuvo mayores consecuencias, pero a la mujer se le diagnosticó dermatomiositis o lupus, y debió iniciar un tratamiento con quimioterapia.
Fabiana Castelvi y Laura Godoy, dos maestras de la escuela rural de la Estación Merinos, entre Paysandú y Río Negro, detallaron “recurrentes problemas de broncoespasmo y alergias en la piel” debido a las fumigaciones en las proximidades del centro escolar.
Otros testimonios dan cuenta de la desaparición de paraísos en Rincón de Valentines, en Salto, y se lo atribuyen a las fumigaciones sobre plantaciones de arroz. Y en esa misma localidad, Onelia Domínguez, auxiliar de enfermería en la policlínica local, afirmó que en “períodos de curaciones” son más comunes las afecciones respiratorias, dermatológicas y se reiteran casos de conjuntivitis en niños. También se detalló la indebida exposición de los trabajadores que aplican los productos, usando “mochilas que chorrean” y “tractores sin cabina”. Los entrevistados comentaron que no reclaman ante las empresas por temor a perder el trabajo, y que no denuncian ante las oficinas estatales porque los funcionarios dan respuestas que no les satisfacen, o porque “minimizan los casos”.
Visión empírica
El impacto en la salud de la población rural fue un aspecto central en la presentación del video, puesto que dos de los oradores eran médicos. Una de ellas fue Mabel Burger, directora durante 33 años del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Udelar. “Acabamos de ver una consecuencia irracional del uso de plaguicidas”, comenzó diciendo.
Burger comentó que el tratamiento de los efectos agudos por las intoxicaciones ha mejorado en el país, al mencionar que desde hace ya muchos años estos cuadros se resuelven en el lugar de origen, pero agregó que si bien el departamento ha formado a muchos médicos “no hemos logrado capacitar a los del interior”.
Pero la galena distinguió: “Esto es lo agudo, lo que se ve. Está el otro tema que es lo que acabamos de ver en este video: los efectos crónicos debidos a una exposición esporádica pero repetida a lo largo del tiempo, que puede ser de un trabajador rural o de esta gente que no trabaja pero que sufre la consecuencia ambiental”.
Señaló que “la parte de encontrar las enfermedades y decir que la causalidad es el plaguicida, es la etapa más difícil”, pero estudios epidemiológicos realizados en otros países “demuestran los efectos crónicos que tenemos por la aplicación incorrecta irracional de estos productos”. Sin ir más lejos, citó un trabajo elaborado por los docentes de Toxicología hace unos cuatro años en Bella Unión, donde una neumóloga del lugar encontró “que la gran mayoría de los niños del pueblo, curiosamente en los últimos años, cuando habían cambiado los usos del terreno, los cultivos y las aplicaciones, presentaban cuadros similares. Se estudiaron esos chicos y se vieron alteraciones celulares muy particulares, que están descriptas. Esos niños habían recibido el impacto en su organismo de la aplicación aérea o por mosquito [tipo de fumigadora] de los productos que se aplicaban en ese entonces en Bella Unión, que se siguen aplicando”.
Burger detalló otras enfermedades, algunas reconocidas por el Banco de Seguros del Estado como la Polineuropatía por organofosforados. La médica fue breve en su intervención, tal como se pedía, y describió por arriba las alteraciones en la reproducción humana y cuadros de linfomas y de leucemia en niños vinculados con la exposición a plaguicidas. Consultó en el teatro, repleto de gente, cuántos eran médicos, y sólo una levantó la mano. “Ése es el problema: convocar. Cómo vamos a lograr en nuestro país disminuir el riesgo de la exposición a los plaguicidas [...] Tenemos que hacer un uso racional, tenemos que capacitar al trabajador y fundamentalmente se tienen que interesar las autoridades de gobierno para realmente impedir que esto siga”.
De la otra orilla
Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, fue el otro médico orador. Detalló que la facultad que integra ha hecho estudios epidemiológicos en ocho poblados de menos de 10.000 habitantes, en los que visitaron 67% de los hogares. Se trata de poblados próximos a áreas fumigadas y hallaron que el hipotiroidismo, -ubicado a nivel nacional como la quinta, sexta u octava enfermedad crónica- es en promedio en esas zonas la segunda. También hallaron que el cáncer es la principal causa de muerte en promedio en esos sitios, fundamentalmente los vinculados al sistema endócrino: “Hay un incremento del cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, de mamas, de ovarios y de pulmón”. “Tenemos hoy datos científicos para afirmar que se han modificado los perfiles de morbilidad de nuestras comunidades”, resumió. Verzeñassi abogó por que más facultades investiguen y agregó: “Para nosotros es inadmisible que funcionarios de salud sigan sosteniendo, como funcionarios de salud, que las víctimas tenemos que demostrar que somos víctimas. Es inadmisible que sigamos dependiendo de fiscales con muchas agallas o de grupos de vecinos que se animan a decir lo que otros no se animan a decir, cuando tenemos universidades públicas y organismos oficiales que deben garantizar este tipo de trabajos”. La crítica, por él y parte del público, llegó también, explícitamente a la Udelar.
En vivo
Los otros dos expositores fueron pobladores rurales. Beatriz Pereira das Neves, de Rincón de Valentines, tiene una huerta orgánica, pero el pueblo está a dos cuadras de una arrocera y narró cómo “las avionetas siguen tirando veneno en nuestras plantaciones”.
Marcelo Fagúndez, de Guichón, Paysandú, representa a un grupo de vecinos. Detalló las gestiones realizadas ante las autoridades con motivo de la exposición a las fumigaciones, que ocurren muy cerca o encima de los patios de las casas. Dijo que cada vez tienen que organizar más beneficios para recaudar dinero para personas con cáncer y que muchos de ellos son jóvenes “de 24, 29, 35 años”.
El poblado se abastece del agua de una Unidad Potabilizadora de Agua (UPA) “que extrae agua del arroyo Guayabos, que está a siete kilómetros de la localidad. A su orilla hay soja y maíz transgénico y forestación, a 35 metros de la potabilizadora, que tiene piletas de decantación que son a cielo abierto”, comentó. El grupo de vecinos planteó el tema a la Dirección General de Servicios Agrícolas, pero según Fagúndez “el ingeniero nos dijo que Servicios Agrícolas no tiene marco regulatorio para prohibir que ahí se fumigue”. Por eso ahora trabajan en la elaboración de un documento para solicitar una zona de exclusión en el entorno de la UPA, y esperan así establecer un precedente para que la medida se extienda luego al resto de las UPA.
Éste es, justamente, uno de los pedidos emitidos por varias organizaciones (Redes-AT, Guayubira, MAELA, RAPAL y Rel-UITA) que conmemoraron ayer el Día Mundial del Agua: que no se permitan fumigaciones en las cercanías de las UPA y que se amplíe la distancia de las aplicaciones terrestres y aéreas sobre los cursos de agua, actualmente marcada en diez y 30 metros respectivamente.