En medio de una profundización de la conflictividad en el agro en ese país, el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Emiliano Camacho, confirmó a la diaria que en ese organismo han detectado una “fuerte presencia de ciudadanos uruguayos” que figuran como titulares de predios adjudicados a pobladores locales beneficiados por la reforma agraria.

Camacho, asesor del presidente Fernando Lugo en esta materia, dijo que esas tierras terminaron siendo vendidas a empresarios paraguayos y extranjeros, fundamentalmente de Brasil y Uruguay. Lugo decidió intervenir el Indert y destituir al anterior director, tras detectar que desde hace años se estaban adjudicando tierras públicas de manera irregular. Luego de tres meses de trabajo, Camacho presentó un informe detallado de la situación en la que se detectaron “ventas irregulares de tierras y la creación de colonias fantasmas desde el propio organismo de aplicación, ejecutado por personas inescrupulosas, tanto del sector privado como del público”.

Para realizar el informe, Camacho relevó todas las regiones del país en las que el Indert distribuyó tierras. En particular, en el departamento de Alto Paraguay, fronterizo con Bolivia, en la región de Chaco Central, el Indert encontró una importante presencia de uruguayos que compraron tierras. “Hay de los dos casos, gente que compró por medio de prestanombres y gente que compró legalmente, que es la mayoría”, aclaró Camacho. En algunos casos se trata de trabajadores o personas que “a veces son como mayordomos” de los establecimientos.

En su informe Camacho recomendó al gobierno “ordenar territorialmente” la región del Chaco, recuperar las tierras públicas y continuar con la reforma agraria. Sin embargo, según explicó a la diaria, ve con “pesimismo” el proceso porque “la Justicia es muy lenta”.

El diario paraguayo ABC publicó el 1º de junio que una colonia ubicada en esa región, llamada María Auxiliadora, cuenta con 38.000 hectáreas, de las cuales 35.000 “están en manos de ganaderos brasileños y uruguayos, mientras 3.000 están pobladas por 35 familias” paraguayas. El presidente de la Comisión Protierra de esa colonia, Claudio Deleón, declaró que “los extranjeros adquirieron los lotes de los beneficiarios originales mediante la complicidad de funcionarios corruptos” del Indert. El informe presentado por Camacho recoge que “la preocupación de los pobladores es la presencia de extranjeros trabajando en las propiedades de los supuestos prestanombres, a través de contratos de arrendamiento”. Ante esta situación, Camacho procedió a reunirse con los pobladores y les aseguró que “agilizará la titulación de las tierras ocupadas legalmente, revisando caso por caso, y ordenará la verificación de los lotes ocupados por no beneficiarios”, indica 
el diario.

Desierto verde

A principios de 2011 la prensa guaraní comenzó a registrar la presencia masiva de empresarios uruguayos comprando tierras. En una nota publicada en febrero de ese año por el diario asunceño La Nación, el uruguayo Rodrigo Artagaveytia, propietario de la empresa consultora Estudio 3000, que comenzó haciendo ventas de ganado por pantalla y terminó ofreciendo tierras en Paraguay, estima que inversores uruguayos adquirieron aproximadamente un millón de hectáreas en el Chaco. Sólo en 2010 la consultora vendió 100.000 hectáreas a uruguayos que “pagaron desde 100 dólares por hectárea, mientras que las zonas húmedas, entre 300 y 350 dólares”, indica Artagaveytia. En Uruguay la hectárea se cotiza a un promedio de 3.500 dólares. El artículo de La Nación señalaba que se trata de ganaderos de mediano porte y de grandes empresas con capacidad de expansión.

Por ejemplo, el grupo inversor Southern Cone compró en el departamento de Boquerón unas 3.200 hectáreas el año pasado. La firma Abialor SA, de origen francés pero radicada en Montevideo, adquirió 28.000 hectáreas en Puerto Guaraní, Alto Paraguay. Sin embargo, unas 353 familias de la comunidad solicitan que el Estado paraguayo les transfiera 20.000 hectáreas de esas tierras, por lo que iniciaron un conflicto judicial. Las familias que están radicadas hace más de 50 años en el lugar alegan que tienen títulos que acreditan la tenencia de los predios.

Las explicaciones para esta expansión de inversiones ganaderas uruguayas estarían dadas porque el Chaco ocupa 60% del territorio paraguayo pero alberga sólo a 2% de la población, y es la región a la que ha sido desplazada la producción ganadera ante la expansión de la soja. Por otra parte, los ganaderos tributan un impuesto a la renta agropecuaria y uno inmobiliario, con valores mucho menores que en el resto de la región.

Por otra parte, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicado hace algunos días analiza el fenómeno del acaparamiento de tierras (land grabbing) en América Latina y el Caribe. El capítulo dedicado a Paraguay, escrito por el sociólogo Luis Galeano (“El caso de Paraguay. Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización”), explica las tendencias recientes de la extranjerización de la tierra en Paraguay. En el análisis se plantea que en el departamento chaqueño de Alto Paraguay la extranjerización de la tierra tuvo un importante repunte. Si bien el predominio de los empresarios brasileños es notorio, hay otros que “provienen de la Argentina, del Uruguay, y de EE UU”. Estos productores “brasileros y de otros países poseen pesos significativos en la tenencia de cabezas de ganado bovino” (39% y 13%, respectivamente). Junto con los brasileños, en los últimos años, están invirtiendo “empresarios provenientes del Uruguay y de algunos países europeos”. En un cuadro se indica que en ese departamento los empresarios brasileños, uruguayos y norteamericanos compraron hasta 2010 2.500.000 hectáreas, de un total de 5.825.000 vendidas a extranjeros en el país.