En la oficina de la escribana Alicia Barbani, una de las representantes de los clientes del Banco Montevideo (BM), se acumulan pilas de cientos de documentos vinculados a la crisis de 2002 y a la estafa de la que fueron objeto. “Y en mi casa hay más”, comenta. Barbani acababa de despedir a familiares de demandantes fallecidos, que buscaban asesorarse sobre cómo iniciar la sucesión, cuando recibió a la diaria.

El 18 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado su sentencia sobre “la responsabilidad internacional de Uruguay por haber incurrido” en la violación de “las debidas garantías en los procedimientos ante el Banco Central [del Uruguay (BCU)]” con relación al artículo 31 de la ley 17.613, promulgada en diciembre de 2002, que facultó al BCU a otorgar a los ahorristas de los ex bancos Montevideo y Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin consentimiento, los mismos derechos que a los demás titulares de cuentas de esas firmas.

Invocando esta disposición fue que 1.476 personas reclamaron su dinero, pero sólo se consideró la situación de 22. Esto determinó que los marginados de la solución iniciaran el periplo que los llevaría hacia la Corte IDH, el 17 de octubre de 2003, cuando Barbani y María del Huerto Breccia presentaron, en nombre de un grupo de clientes del BM, una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue aceptada tres años después, el 27 de octubre de 2006. Pasaron otros tres años y el 16 de diciembre de 2009 la CIDH envió un informe con recomendaciones al Estado y fijó un plazo de dos meses para que adoptara medidas en consecuencia, las cuales nunca se concretaron. Por tanto, el 16 de marzo de 2010 la CIDH elevó el caso a la Corte IDH, que un año después dio la razón a 539 ahorristas, ordenando al Estado “resarcir los daños de manera integral”, lo cual incluye compromiso de no repetición y compensaciones pecuniarias.

La Corte no se pronunció acerca de si las víctimas cumplen los requisitos para acceder a los derechos estipulados en el artículo 31, pero concluyó que el Estado no les otorgó las garantías necesarias ante las demandas. Para establecer lo primero, la Corte IDH fijó “un plazo de seis meses [a partir de la fecha de notificación]”, para que el Estado cree un organismo para atender “las nuevas peticiones” que le lleguen.

Con fecha 29 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó al Parlamento un proyecto de ley de artículo único que da “autorización” al Poder Ejecutivo para conformar el mencionado organismo con una integración de tres miembros. También pone plazo de 30 días para que las 539 personas amparadas por el fallo hagan efectivas sus peticiones.

Para Barbani “no es necesario” este trámite parlamentario ya que la propia Corte IDH habilita al Ejecutivo para generar dicho ámbito más allá de cualquier acción legislativa, “además de que el Estado ya está fuera de plazo”. Al respecto, el director general del MEF, Pedro Apezteguía, defendió el pedido de “autorización” en que hay “cosa juzgada” porque los ahorristas ya habían recurrido en 2003 al artículo 31 y este nuevo escenario requiere “una nueva definición” legislativa.

El jerarca consideró que el Estado “está dentro de los plazos” porque los seis meses se cumplieron en mayo, cuando el MEF dio entrada al proyecto de ley en cuestión. Esto se produjo el 5 de junio y entró en comisión de Constitución y Legislación del Senado el 26 de ese mes, pero todavía no está en la agenda de temas a considerar ni fue analizado por la bancada oficialista.

Al ser consultada por la diaria, Barbani estimó que la deuda para con las 539 personas es de unos 30.000.000 de dólares, pero enseguida aclaró que “esto va más allá del dinero”. “Estos señores Peirano dicen que no hubo nadie engañado [con relación al envío de los depósitos a bancos en las islas Caimán]. ¿Una persona con 6.000 dólares va a depositar en Caimán? No tienen vergüenza. Por todas las personas que han fallecido y se han suicidado se tienen que callar la boca”, afirmó. “[El canciller Luis] Almagro y [el ministro de Economía Fernando] Lorenzo nos aseguraron que van a cumplir. ¿Pero cuándo? ¿Cuando no existamos más? Yo ya pasé por el Parlamento, por todo ese proceso y por más. ¿Hay derecho a que transcurran diez años y nada?”, cuestionó y precisó que más de 170 de los 539 demandantes ya fallecieron.