Después de dos años de trabajo desde su conformación, la Comisión Sectorial de Población (CSP), integrada por representantes de los ministerios del Gabinete Social y presidida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), presentó ayer una visión sobre los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo para la implementación de políticas de población en Uruguay, así como una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades de gobierno y a actores sociales y académicos, públicos y privados.

En la apertura del Seminario Nacional sobre Población (ver nota en página 5), el subdirector de la OPP, Jerónimo Roca, dijo que el material elaborado por la CSP debe servir para impulsar una “refundación de las políticas públicas” en este tema, para priorizar “el cuidado fino, excesivo y hasta amoroso de la primera infancia” y el “incremento de la productividad”. Para Roca, cada niño representa “un tesoro que no podemos perder”.

Con respecto a la productividad destacó que se ha avanzado en acortar “la brecha” con los países desarrollados, pero remarcó que “está relegada” en el sector comercio y servicios, “y en particular nos preocupa la del Estado”, agregó. En este sentido, dijo que se está trabajando para mejorarla con “transferencias que son realizadas contra compromisos de gestión” de empresas públicas y gobiernos departamentales.

Agregó que se está tratando de imponer en las empresas públicas “un sistema de acumulación variable” en el cual un componente del salario dependa “del cumplimiento de metas” en el ámbito individual, sectorial y empresarial. También en esa dirección está ideado el proyecto de estatuto del funcionario público y el Sistema Nacional de Inversión Pública, que procura “un aumento de la calidad” de este tipo de inversión, ya que hay “mucha que es de mala calidad”, indicó el economista.

Finalmente, Roca dijo que es posible hacer políticas poblacionales activas pero “hay que elegirlas muy bien” porque las tendencias demográficas “vienen del fondo de la historia” y es difícil “ponerse metas cuantitativas sin caer en voluntarismos”. Y concluyó señalando que los economistas “decimos que no se puede parar de crecer” mientras los ecologistas “dicen que no se puede seguir creciendo”; “busquemos un camino en el medio con la perspectiva de que ser un país pequeño es una virtud si peleamos por más equidad, educación, creatividad y crecimiento de calidad”.

La antropóloga Rosanna Lamónaca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el sociólogo Juan Carlos Fortuna, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fueron los encargados de presentar los lineamientos estratégicos de la CSP. Lamónaca explicó que se establecieron tres ejes: fecundidad, migraciones y distribución territorial.

En el primer caso descartó las políticas “de corte natalista” y dijo que las propuestas se basan en la “promoción de los derechos” como el de “decidir tener o no tener hijos y en qué momento”. Para eso, como recoge el documento (ver la diaria de ayer), se propone, entre otras cosas, universalizar la cobertura de las policlínicas de fertilización asistida y profundizar el estudio de los “patrones culturales que hacen que haya sectores que valoren el embarazo adolescente”.

También se plantean cambios en las licencias especiales para “socializar el cuidado de los niños” y compatibilizar “la vida laboral y familiar”, y se propone estudiar estímulos en la política fiscal en apoyo a las familias con niños.

Fortuna explicó los lineamientos para la migración internacional teniendo en cuenta que en el mediano y largo plazo el país va a recibir “contingentes de inmigrantes retornantes o no nacionales” y se proyecta un escenario de “saldos migratorios positivos”. Estas migraciones estarían vinculadas a “determinadas inversiones”, así como al turismo y a la “valoración del entorno” del país por los extranjeros.

Esto representa “un cambio en las tendencias observadas” en el país en los últimos años. Para esto se debe garantizar la libre movilidad y condiciones dignas de integración social, en las que “nadie sea explotado por su calidad de inmigrante”, y generar “un clima favorable” para la recepción de inmigrantes, ya que estos “fenómenos crean chispas en lo social”, consideró. Fortuna agregó que se debe estimular la “valoración” de los migrantes, establecer estrategias para la implementación de políticas de retorno y migración de no nacionales y promover el cumplimiento de convenios internacionales sobre los trabajadores migrantes y sus familias.

En cuanto a lo territorial, se propone crear las condiciones para que la población “ejerza su derecho al arraigo” y poder vivir “donde está, donde quiera ir o donde quiera volver”, sin que “tengan que moverse coercitivamente” por ausencia de oportunidades laborales. Para esto se deben impulsar estrategias de inclusión socioterritorial, creando “infraestructuras y redes de servicios” que permitan alcanzar un desarrollo integral y sostenible.

Ana Santestevan, coordinadora de la CSP por la OPP, señaló que la intención es “colocar esta temática de manera transversal” en las políticas públicas.