La Asociación Rural del Uruguay habló de todo en el cierre de la Expo Prado 2013. Aplaudió a propios y criticó al resto. Entre otras cosas, la gremial cuestionó la campaña “los derechos de los trabajadores rurales asalariados no son paye, son ley”, que desarrolla el Ministerio de Trabajo junto a IMPO. La campaña consiste en la divulgación -por televisión, radio, folletería y afiches-, de los derechos que tienen los asalariados rurales, para que el trabajador y el patrón se informen y sepan.

La ARU considera que estas campañas “predisponen a la confrontación” y que “flaco favor” se le hace a las relaciones laborales, que en el campo “son correctas y cordiales”. “Siempre tendrán a esta Asociación Rural buscando lo mejor para el trabajador rural y su familia ayudando en su diario vivir, en sus derechos, en su formación y la de sus hijos, en su desarrollo económico y personal”, agregan.

Filtraciones de agua en el techo y humedad en las paredes de la vivienda del trabajador, paredes sin pintar, falta de frazadas, un botiquín que tiene sólo algodón, personal sin equipos de lluvia, botas de goma, sombrero ni guantes, ningún análisis de potabilidad del agua de consumo humano, problemas en la instalación eléctrica, peligro de accidentes en época de crecientes.

Esto es parte de lo que encontró la Inspección General del Ministerio de Trabajo en la estancia La Tortuga, en Tacuarembó. Hace meses que encontró y dio plazo de 15 días para solucionar los temas. Pero nada. Ahí trabaja un delegado del sindicato y en diciembre de 2012 el patrón despidió a otro delegado, pero debió reintegrarlo. A la ARU le aplica bien aquello “del dicho al hecho…”

“Somos el campo y somos familia”, es la consigna que repiten desde la ARU, como quien dice “los de afuera son de palo”. Y en el afuera quedamos casi todos, porque vale recordar que los dueños de la tierra son muy pocos. Cada vez menos que tienen más.

Durante mucho tiempo parecía instalado en la sociedad que así debía ser. Un tema que es ajeno. Que no nos obligaba. Que no nos comprometía. Y así tolerábamos como sociedad que los peones no sólo fueran los “olvidados de la tierra” sino los grandes excluidos. Fuimos capaces de invisibilizar a cien mil trabajadores. Explicábamos lo inexplicable diciendo que era un tema cultural, que en el campo es así, como si se tratara de una situación consensuada entre partes, un acuerdo entre el patrón y el peón. Como si hubiera opción.

Algunas cosas empezaron a cambiar y no como resultado de cómo se organiza el trabajo ni por la incorporación de tecnología o el desarrollo de la ciencia. Algunas cosas empezaron a cambiar como resultado de la organización y la lucha de los propios trabajadores del campo. Cambios que se podrán sostener y profundizar en la medida que los trabajadores de la ciudad acompañen este proceso, como lo hicieron solidariamente en la movilización del 25 de setiembre invitando a la UNATRA a encabezar la marcha, a compartir el estrado, ocupando un lugar destacado en las proclamas de ese día. Otros cambios demandados desde siempre, en particular respecto a leyes que faltaban y otras que sobraban, han sido resultado de decisiones políticas que se hacen cargo en buena medida de esta histórica deuda social.

La jornada de 8 horas para el peón de campo llegó en 2008, casi 100 años después que para el resto de los trabajadores. ¿Cambió algo en el campo que ahora lo haga posible? No. Siempre fue posible. Los trabajadores rurales acceden al derecho al seguro de paro en 2001. ¿Por qué no antes como el resto de los trabajadores del país? Porque no. Los Consejos de Salarios, donde se definen salarios y categorías laborales se crean en 1943. ¿Por qué la ARU y la Federación Rural pudieron evitar sentarse a la mesa con los sindicatos rurales hasta 2005? El decreto que regula la salud y seguridad en el agro es de 2009. Un decreto de la dictadura establecía que el trabajador de campo que vivía en el establecimiento, en caso de despido podía ser desalojado por la Policía. Recién en 2012 por un nuevo decreto se obliga al patrón a recurrir al Juez en estos casos, como pasa con cualquier ciudadano.

Estos avances no deben hacernos perder de vista lo que todavía falta por hacer, ni el papel que juegan en esos cambios los sindicatos rurales, organizados en las estancias, en las granjas, en los tambos, en los montes, en la caña de azúcar, en el arroz.

Por estos días se discute en la negociación colectiva los salarios que percibirán los peones del campo en los próximos tres años. Son cien mil, más o menos, porque ni siquiera existe una forma de contarlos. El sueldo del peón en una granja es de $ 7.920. A esto hay que hacerle los descuentos. Y ése es el sueldo si le tocó trabajar todo el mes. Porque en el campo no pagan los días que no se trabajan por lluvia o porque el tractor esté roto. Las gremiales que representan a los patrones ofrecen cero por ciento de aumento. Sí. Cero para los próximos tres años. Dicen que les ha ido mal.

Cerramos como empezamos, en la última Expo Prado. Los sindicatos rurales se arrimaron a repartir volantes para difundir “lo que la ciudad no sabe del campo” en un juego de palabras con la consigna de los organizadores “el campo visita la ciudad”. Dos compañeros sacaron entradas pero la ARU se reservó el derecho de admisión y les prohibió el ingreso. “Los hemos filmado desde temprano y ninguno de los que repartía volantes puede entrar”. ¿Ni tan correctas ni tan cordiales las relaciones? No son familia. Ni socios. La esclavitud terminó hace un buen tiempo por estos pagos. Alguien tiene que decírselos.