La senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo ayer a El Espectador que si bien su sector todavía no decidió impulsar un juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es una opción que podría manejarse si el órgano no responde a los pedidos de informes enviados por la bancada oficialista, referidos al traslado de la jueza Mariana Mota, o si sus respuestas son consideradas insuficientes.

Topolansky aclaró que en ningún momento se planteó enjuiciar a los integrantes de la SCJ por el fallo acerca de la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado. Un juicio político, según la senadora, debería ser una decisión del Frente Amplio (FA), aunque “si la explicación fuera razonable y se ajusta a las normas, no hay nada que hacer”.

La posibilidad del juicio político está prevista en la Constitución de la República en los artículos 93, 102 y 103. En el caso de los ministros de la SCJ, la Cámara de Representantes puede, con mayoría simple, acusarlos ante el Senado por “violación de la Constitución u otros delitos graves”. El caso pasaría luego a la cámara alta, que deberá abrir el “juicio público” y eventualmente separarlos del cargo con los votos de dos tercios de sus componentes, una mayoría que hoy el FA no tiene.

Según el abogado constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak, para que se haga un juicio político a los ministros “hay que estar muy convencido de que fue un traslado con fines políticos”. Para Korzeniak, entre los magistrados pasar de un juzgado penal a uno civil es considerado un ascenso, y por lo tanto sólo si se descubriera que existe una finalidad política o de castigo hacia la jueza detrás de su desplazamiento ameritaría pensar en un juicio político

Korzeniak sí mencionó la información publicada en Portal 180, en cuanto a que la SCJ no habría consultado al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para realizar el cambio, tal como lo establece el artículo 246 de la Constitución. Eso, según dijo, es una violación “frecuente” de la Carta Magna que, según su opinión, no justificaría un juicio político.

De todo tipo y color

Las reacciones ante un eventual juicio político a la SCJ en la interna del FA fueron diversas. El senador Ernesto Agazzi explicó que lo central no es el juicio político, sino “verificar” que se esté cumpliendo “el camino de la Constitución”.

Agazzi matizó las declaraciones de Topolansky de hace unos días por el traslado de Mota -aquello de “el mundo no se acaba por el traslado de un juez”-, ya que, según el senador, si bien en primera instancia parecía que “no daba para tanto”, ahora con la inconstitucionalidad del ICIR y este último fallo “te das cuenta de que está todo vinculado”. “No puede ser que cuatro personas estén bloqueando a dos poderes en este país”, expresó.

A pesar de que calificó como negativas las últimas noticias provenientes de la SCJ, consultado por el juicio político a este cuerpo, el diputado Felipe Michelini llamó a la calma y pidió ser “prudentes” con las medidas que se propongan.

El diputado de la Vertiente Artiguista José Bayardi dijo que si los fundamentos que esgrimirá la SCJ “no se ajustaran a las potestades que tienen, podríamos estar ante una situación de abuso de autoridad, y si se comprobara, podría estar afectando la independencia de los jueces”. En ese caso, según dijo, “habría que analizar esta eventualidad” del juicio. A su vez, el senador de este sector, Enrique Rubio, dijo que “hay cosas previas al juicio político”, aunque “por ahora no hay elementos”.

La socialista María Elena Laurnaga opinó que no es una buena idea hacer un juicio político porque no se esté de acuerdo con un procedimiento del organismo: “formalmente la SCJ puede hacer lo que hizo, pero sí tiene que responder, dar cuenta frente a la ciudadanía, aunque no está obligada constitucionalmente, la legitimidad se construye todos los días y hace a la credibilidad”.

La oposición interpretó que se trata de un ataque a la independencia de poderes. El senador nacionalista Jorge Larrañaga cuestionó la eventual medida, y adelantó por Twitter que “si se promueve un juicio político sobre la SCJ, seremos custodios de la institucionalidad, el Poder Judicial y la separación de poderes”. El diputado blanco Pablo Abdala dijo que “una cosa es la crítica. Otra es el escrache y el juicio político para dañar a la SCJ por una sentencia que no gusta. Eso es atentado”.