El impuesto al patrimonio para los inmuebles rurales no afectará “ningún tipo de inversión”, afirmó el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, ayer en rueda de prensa. A la vez que se sustituye el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), al parecer tampoco por medio de la vía legislativa se vislumbran -en el corto plazo- iniciativas que regulen la concentración y extranjerización de la tierra.
El impuesto al patrimonio para los inmuebles tendrá un universo similar al ICIR. “Se prevé que lo pagarán menos de 1.500 productores de los 50.000 que tiene el país”, afirmó Cánepa, según el audio disponible en el sitio oficial de Presidencia. El representante del Poder Ejecutivo recordó que “cuando se planteó el ICIR y se votó” las gremiales agropecuarias alertaron “que se iban a detener los negocios rurales”; sin embargo, “en 2012, cuando el ICIR estaba vigente, no paró ninguna inversión, al contrario, las inversiones crecieron”, destacó. Si bien existen “proyecciones” sobre la recaudación del impuesto y “no una estimación definitiva”, el “alcance” será mayor a la propuesta original del ICIR, enfatizó el prosecretario. El proyecto de ley que restablece el impuesto, elaborado por Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estará pronto en los próximos días.
Martín fierro
El martes el diputado del Partido Socialista (PS) Hermes Toledo recibió la negativa de la coordinación de bancada del Frente Amplio de acompañar el anteproyecto de ley que buscaba prohibir la inversión de estados extranjeros o empresas asociadas a éstos en inmuebles o emprendimientos rurales. Si bien el anteproyecto “no lo vetó ni lo aprobó” la bancada de diputados oficialista, “no conseguimos que lo acompañen” para presentarlo en el Parlamento, lamentó.
La iniciativa legislativa apunta a prevenir un fenómeno creciente en el mundo, la adquisición de tierras por parte de los países emergentes -como China, Arabia Saudita e India- para cubrir sus necesidades de seguridad alimentaria. Según Martín Buxedas, miembro del grupo Agro, queda planteada “la interrogante de por qué” el anteproyecto no fue acompañado por la bancada. La iniciativa pasó por “toda la parafernalia” institucional, fue puesto a consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se presentó formalmente en las gremiales agropecuarias, en las que obtuvo amplio “acuerdo”, señaló el ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Por otro lado, según Toledo, los miembros de la bancada oficialista “hace siete años” que buscan por la vía legislativa regular la concentración y la extranjerización de la tierra; “si no se pone un proyecto en serio y se negocia, nos quedan dos años de gobierno”, sentenció.
La otra propuesta que maneja el Ejecutivo fue elaborada por la comisión especial, formada en 2010 a pedido del presidente e integrada por los senadores Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, y transita “los tiempos políticos”, dijo a la diaria el secretario de Agazzi, Ricardo Pose. La declaración de inconstitucionalidad del ICIR por parte de la Suprema Corte de Justicia fue un “antecedente”, según el vocero, para “afinar” y “estudiar con la lupa la redacción” de la iniciativa. En relación con los detalles del anteproyecto, Pose señaló que es más “abarcativo” que el sugerido por la bancada del PS, que está en concordancia con el Programa del Frente Amplio y que no pone de relieve la discusión tributaria.