El Senado mexicano analiza una propuesta para reformar el sector de las telecomunicaciones. Fue presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tras ser acordada entre los líderes de distintas agrupaciones políticas, porque se trata de una de las reformas incluidas en el Pacto por México, un texto que los partidos firmaron antes de las elecciones y en el que se comprometían a respaldar al gobierno para lograr cambios considerados urgentes.
La normativa fue debatida entre los partidos, que tuvieron que superar varias diferencias, y finalmente llegó a la Cámara de Diputados, que la aprobó a fines de marzo. En el Senado los coordinadores de bancada anunciaron que harán cambios a la reforma “sin que ésta pierda su esencia”. Sus principales puntos implican una lucha contra los monopolios, la autorización a una mayor inversión extranjera y el establecimiento de un nuevo órgano de contralor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Este órgano sustituirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y a diferencia de ella, tendrá poderes para regular, controlar y sancionar a las empresas. Con la actual legislación en telecomunicaciones la Cofetel ve reducido su papel a una asesoría: puede sugerir que se sancione a las empresas, pero no imponerlas ni tomar medidas por sí sola.
El Ifetel sí podrá hacerlo, será autónomo, contará con un presupuesto asignado por el Poder Legislativo y tendrá delegados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Además, sus decisiones no podrán ser suspendidas por la Justicia, incluso si se presentara alguna acción de amparo.
El marco
El hombre más rico del mundo según la revista Forbes, Carlos Slim, es dueño del Grupo Carso, al que pertenece, entre otros, América Móvil, que tiene las subsidiarias Telcel y Telmex. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2012 emitió un crítico informe sobre la dominancia de estos grupos en México. Telmex controla 80% del mercado de las líneas fijas, y Telcel 70% de las de telefonía móvil.
En la televisión satelital la empresa Sky, del Grupo Televisa, concentra 70% de los 6,5 millones de suscriptores. La única competencia que tiene es la del Grupo Dish, que tiene el 30% restante del mercado.
En cuanto a televisión por cable, Televisa domina 55% del mercado entre sus subsidiarias Cablevisión, Cablemás y otras empresas locales o regionales. Además, está asociada con Megacable, que posee otro 33% del mercado.
Según el informe emitido por la OCDE a comienzos del año pasado los mexicanos pagan anualmente 25.800 millones de dólares por el sobreprecio de los servicios brindados por estas empresas casi monopólicas. Se advierte, además, que la inversión en el sector de telecomunicaciones de México no aumentará mientras no se adopten medidas para limitar las prácticas monopólicas.
El relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, Frank La Rue, había dicho antes de las elecciones en las que ganó Peña Nieto que era necesario que México revisara las normas sobre telecomunicaciones para limitar a los “megaconsorcios”.
Podrá, por ejemplo, obligar a empresas a que se deshagan de parte de sus activos o de su infraestructura para cumplir con una de las nuevas condiciones contra el monopolio: no se puede retener el 50% del mercado, ya sea medido por usuarios, tráfico o capacidad de redes. Ésta probablemente sea de las primeras medidas que el organismo tome, tanto contra América Móvil, de Carlos Slim, que cuenta con 70% del mercado de la telefonía móvil y cerca de 80% de la fija, como contra el grupo de medios Televisa, de Emilio Azcárraga, que según se ha informado cuenta con 70% de la audiencia en televisión abierta y con alrededor de 55% del mercado de la televisión por cable.
Además, la reforma incluye la licitación de dos nuevos canales de televisión -uno de los cuales se pretende que sea el primer canal público nacional de México- que deberá concretarse en los próximos 180 días. De esta forma, se rompe con el monopolio de Televisa y TV Azteca en la televisión abierta, y se aumenta la oferta de televisión pública y privada.
La reforma cuenta también con algunos aspectos que la asemejan a una ley de medios. Por ejemplo, prohíbe que se transmita publicidad engañosa presentada como notas periodísticas y obliga a los concesionarios de televisión por cable y vía satélite a retransmitir las señales de los canales públicos locales y las de los canales abiertos cuando la cobertura de su servicio sea superior a 50% del territorio. Así, Televisa, que tiene cuatro canales abiertos, o TV Azteca, que cuenta con tres, deberán permitir que sus contenidos sean retransmitidos sin recibir un pago a cambio.
La reforma también pretende impulsar el aumento de la competitividad y la inversión, ampliando los límites para la participación de capitales extranjeros. Actualmente sólo la telefonía móvil tiene una apertura de 100% a la inversión extranjera; en televisión abierta y radio está prohibida y en telefonía fija, internet y televisión por cable o satelital está restringida a 49% de las acciones de la empresa concesionaria. Con la reforma se eliminará esta restricción para todos los sectores de las telecomunicaciones excepto para radio y televisión, en cuyo caso el tope será 49% “con reciprocidad”. Esto quiere decir que si el país de origen del inversor aplica un límite de 20%, por ejemplo, a ese inversor se le permitirá participar en un 20% del mismo sector.
No todos conformes
Los debates partidarios o en las cámaras, como el que se desarrolla en el Senado, giran en torno a algunos detalles de la reforma, pero no de sus disposiciones generales. El texto, que sería aprobado en estos días, ha recibido el apoyo de los tres partidos más importantes de México. Entre ellos está el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que no sólo apoya la reforma sino que hace campaña por ella. A comienzos de abril se dio a conocer un aviso de radio y televisión en el que el PRD se adjudica haber impulsado la iniciativa y haberle dado el respaldo para que prosperara.
Sin embargo, algunas voces disidentes han surgido desde el movimiento juvenil #YoSoy132 y aseguran que favorecerá a las dos principales cadenas televisivas de México, las ya mencionadas Televisa y TV Azteca. Sostienen también que promover una mayor pluralidad de actores privados no significa democratizar las telecomunicaciones, en especial en cuanto se trata de los medios de comunicación.
Sin embargo, ambas gigantes de las telecomunicaciones han atacado la reforma, tanto desde sus múltiples medios de comunicación como con una fuerte presión sobre los legisladores en las cámaras. En Diputados, por ejemplo, algunos legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional no negaron estar recibiendo presiones del Grupo Televisa, que no parecen haber tenido efecto, ya que las alternativas que perjudicaban menos al grupo fueron descartadas.
La reforma eleva a la categoría de derecho constitucional el acceso a internet y obliga al Estado a lograr una cobertura de ese servicio para todo el país. El movimiento #YoSoy132 reclama, en un texto titulado “Documento de exigencias mínimas”, que la reforma cuente con más elementos de “ley de medios”: que se establezca que los medios de comunicación deben cumplir un servicio público, que sea representada en esos medios la multiculturalidad mexicana, y que se concedan espacios a las organizaciones sociales. Además, piden que se asegure un lugar a la “producción nacional independiente”, que se retire toda propaganda oficial del mercado, y que se garantice la neutralidad y la menor regulación posible de internet.