Las colmenas están ahí. Son pocas. No más de 50, las que, si no son perjudicadas por lluvias o fuertes vientos, dan una producción de 40 kilos de miel cada una. Y la pretensión es lograr un producto orgánico. Para ello, el cuidado y la forma de producir tienen mucho que ver. El tiempo de cosecha es de primavera a otoño. Aunque la floración varía si hay sequía, o abudantes lluvias. “El año pasado fue muy apaleado para la producción. Arrancamos con temporales muy fuertes y tuvimos lluvias muy intensas. Eso no permite que haya polinización”, relató Federico Garrido, productor de Pajas Blancas, al oeste del Cerro de Montevideo y a más de 10 kilómetros del centro. Además, comenta que las abejas vuelan dos kilómetros y medio a la redonda desde donde están las colmenas. A menos de un kilómetro, donde se acostumbra a usarse los suelos para viñedos, más colmenas, huertas y cría de chanchos, desde hace un año, hay un campo con soja.
“Ahora tengo una floración atrayente, pero si me llega a fallar por una lluvia fuerte o sequía, la soja puede complicar, porque las abejas irían para ahí. La soja es melífera. Eso implicaría la mortandad, porque una de las características que tiene la fumigación que se hace en ella, es matar la lagarta que ataca al cultivo, pero en realidad sucede que cualquier bicho que vaya a libar, muere”, explicó Garrido. Además, esto adquiere relevancia no sólo por su producción propia sino para la ajena. “Esto repercute en la producción de frutas. A los apicultores nos pagan un servicio de polinización. Es el caso de Melilla, donde no hay abejas. Te pagan hasta 18 dólares por este servicio. Ahora, ¿qué está pasando con las fumigaciones de plantaciones transgénicas que usan agrotóxicos? Los productores apícolas están desapareciendo, entonces el costo de polinización es cada vez más alto y eso lleva a que el costo de la fruta suba”, comentó.
Vuelve a hacer mención del predio con soja. Señala. Está a poco del que comparte con su familia y en el que aún están en construcción. Nelson Pereyra hace 70 años que vive en Pajas Blancas. Sabe de colmenas (durante diez años tuvo 40) y mucho de historia local. Está en el barrio Monterrosa, donde habitan aproximadamente 100 personas. Hace meses que las abejas, que tiene a 200 metros del campo donde se plantó soja, se mueren. “La soja viene cerrando el territorio. A San José han traído colmenas desde Durazno y Florida”, relató. Cuando esto comenzó a suceder, Pereyra consultó por teléfono con agrónomos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), para ver qué opciones tenía, ya que él fue registrado oportunamente como productor y sus datos se incluyen en la etiqueta de sus productos. “Me dijeron que tape mis colmenas mientras se fumiga en el campo, por dos días, pero ese veneno entra igual”, contó. Hasta que la charla subió de tono y terminó haciendo una denuncia para la cual le tomaron sus datos. La misma quedó registrada en la División de Servicios Agrícolas del MGAP. “Me dijeron que iban a llamar a los dueños del campo para ver qué estaba sucediendo”, dijo, no sin antes recordar que “antes era todo campo. Se hizo una fábrica que trajo gente de Italia cuando la guerra (Segunda Guerra Mundial). Ahí recién se dividió el campo y se formó una Marmolería, al principio, y luego una carpintería. Ahora hay una fábrica de plástico”. “Nosotros somos una familia de cinco y ahora quedamos mi esposa y yo, que vamos a dejar de tener abejas”, concluyó. “Voy a renunciar. Es en vano. Vendí mis colmenas; las regalé casi. Moverlas implicaba gastar en locomoción y en producción. Un dinero que no tenemos. Somos jubilados. Esto es un negocio que lo invadió todo”, dijo.
Según le informó Servicios Agrícolas, su denuncia puede tardar hasta un año y medio en generar una respuesta efectiva, ya que tiene que pasar por jurídica del ministerio. “'Los tiempos administrativos son así', nos dijeron. Lo que puede suceder es que se multe a la persona que está usando el campo y no respete las normas establecidas”, comentó. Para entonces, todo parece indicar que el campo no será usado con plantaciones de soja, ni los vecinos cercanos tendrán sus abejas en las colmenas.
Un día agitado
El 11 de abril parecía cualquier otro día. Nada extraño. Sin embargo, Garrido pasó por el predio que desde hace un año tiene soja. Y como los vecinos se conocen, todos saben que es propiedad de la familia Rodríguez, que se dedica al negocio de los vinos con su Bodega Rodríguez Hnos. y Cia. En la esquina del predio, a casi 100 metros, tal vez ni tanto, apenas separados por una calle de tierra, está la Escuela Pública Nº 369 en la calle Pedro Kramer 6100. Ese día, 265 gurises salieron al patio a la hora del recreo.
Esa tarde, algo cambió. “Me entero por un apicultor vecino que están fumigando en forma terrestre con glifosato. Salí corriendo para la escuela. Las maestras no tenían idea de lo que era la soja. Una se puso como loca. Les expliqué que la fumigación incumple las normativas porque no está respetando los metros establecidos”, relató Garrido.
“Nos sorprendimos. Inmediatamente mandamos al inspector de Primaria de la zona oeste distrito 3, César Pérez, un memo dando cuenta de la situación”, dijo la directora del centro, Natalia Amestoy. “Estuve con problemas respiratorios en la semana siguiente a este tema. No sé si me sugestioné con la situación o qué, pero me parece relevante dar cuenta de esto”, relató. Hasta el 8 de mayo no habían llegado noticias a la escuela sobre aquel memo enviado. la diaria se comunicó con el inspector de zona, Pérez, quien dijo no tener conocimiento sobre la situación. Consultado el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Héctor Florit sobre este tema, dijo que el miércoles 8 recibió el informe de la escuela y que se considera como un caso aislado. "No somos policías sanitarios. Lo que hacemos es avisar al MGAP y al Ministerio de Salud Pública sobre los casos de los que nos enteramos", dijo. "Quizás la reiteración de estos hechos nos haga pensar que la intervención deba tener un caracter más general", concluyó.
De todas partes vienen
Marcelo Fagúndez, integrante del Grupo de Vecinos de Guichón, Paysandú, se reunió el 29 de marzo con Florit en la sede del CEIP. Su preocupación fue dar cuenta de "cosas que no se ven". "Hemos detectado cultivos de soja que son fumigados a menos de 20 metros de algunas escuelas públicas. Se van sumando día a día otras. N hay rigurosidad en los controles ni en la aplicación de sanciones. Si los casos siguen apareciendo es porque se viola una norma. Le dijimos a Florit que queremos que esté en estas gestiones porque es actor fundamental", dijo.
Todo comenzó en 2009, cuando detectaron fumigaciones en la Escuela Nº 18 en la localidad de Merino, en el límite departamental entre Paysandú y Río Negro. Más tarde se sumaron los casos de la Escuela Nº 40 en la Colonia Pintos Viana, la Nº 51 de Paraje Guayabos; la Nº 84, en el km. 112 de la ruta 26, a 10 km. del centro poblado El Eucaliptus. La última denuncia presentada fue la de la Nº 43 del Paraje 444 sobre ruta 90 en el km. 38.
En todos los casos denunciados, ni los vecinos ni el CEIP llegaron a tener noticias de los resultados de las denuncias realizadas en el MGAP.
El mismo lunes 29, los vecinos de Guichón se presentaron ante los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Dejaron informes, mostraron su preocupación ante la situación y solicitaron intervención para plantear recomendaciones donde los controles se vuelvan más rigurosos.
Campos y más
Una resolución del MGAP de 2004 prohíbe “las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado”. Y aclara que de violarse la disposición se aplicarán sanciones de apercibimiento, multa, decomiso, suspensión o clausura.
Los dueños del campo cercano a la escuela en Pajas Blancas se dedican a la producción de vinos. Mario Rodríguez, miembro de la familia y accionista de la empresa, dijo a la diaria: “Hay millones de hectáreas plantadas con soja en el país. El predio es nuestro, pero nos lo pidieron prestado unos vecinos para explorarlo”, dijo. En los registros de Servicios Agrícolas del MGAP figura un nombre como responsable del terreno: José Couto, quien se está haciendo cargo de la soja. “Nosotros sabíamos lo que iba a hacer. No nos pareció mal. Me dijeron que mata las abejas, sí. Se dice mucha cosa”, remató Rodríguez.
Consultado el director de Servicios Agrícolas del MGAP, Inocencio Bertoni, dijo a la diaria que el tema de las distancias previstas para las fumigaciones “está vigente y es funcional”. Sin embargo, reconoció que “es bastante notoria la mortandad de abejas por fumigaciones que se hacen en terrenos cercanos a las colmenas”. Bertoni dijo no conocer particularmente el asunto de Pajas Blancas. Con la intención de saber sobre el procedimiento que se activa cuando alguien hace una denuncia por fumigación, el director explicó que en todos los casos los técnicos del MGAP realizan inspecciones dentro de un período de 48 horas luego de haber sido efectuada la denuncia. Se establece contacto con el denunciante y se va al lugar detectado. Allí se realizan procedimientos tales como medir la superficie, constatar las distancias y tomar fotografías del lugar, entre otros. Luego se labra un acta donde consta la intervención del técnico. Consultado por la violación de la resolución, Bertoni sostuvo: “Tenemos que dar cuenta de la aplicación incorrecta. La sanción va al aplicador, que es nuestro sujeto de trabajo. En ese caso puede ser un productor, el dueño del campo o un aplicador”, dijo. Luego de esta detección se inicia un proceso jurídico y se le aplican las sanciones económicas establecidas. Sólo en los casos en que las empresas aplicadoras han cometido faltas muy graves o en reiteradas ocasiones, se procede a “bajarla” de la lista de empresas habilitadas a tales fines. Consultado por si existieron casos particulares, se limitó a decir: “La medida es grave, sí”. Sobre la cantidad de denuncias que recibe el servicio al respecto, Bertoni respondió: “Estamos en una buena situación. Si miramos lo que ha pasado en Uruguay con el crecimiento agrícola y agropecuario, los productos fitosanitarios se usan en agricultura, ganadería y lechería, y en todos lados. El nivel de denuncia es bajo. Creemos que estamos en una buena situación en materia de regulación”, aseguró. Sobre los productores apícolas, particularmente, Bertoni dijo que hace dos años, el MGAP trabaja en una comisión de desarrollo apícola para mantener geo referenciados los lugares donde se desarrolla la actividad. “Depende de ellos que brinden la información para que podamos saber. Esto se le requiere todos los años junto con la declaración”, comentó.
Según el fiscal Enrique Viana, quien interviene hace tiempo en temas ambientales, en materia de derechos, sostiene que “Uruguay se transformó en un país transgénico. Hay problemas de aplicación del paquete tecnológico y fumigaciones. ¿Qué sucede? Existen instrumentos de las autoridades administrativas como el MGAP para evitar que se fumigue en determinadas zonas o a determinada distancia. Sin embargo, no se hace cumplir. La Ley de Ordenamiento Territorial dice que no se perjudiquen actividades. Nada de eso se está haciendo. Tampoco aplica potestades el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Existe una sensación de indefensión absoluta y al ciudadano le cuesta decir sobre esto porque no sabe”, dijo.
Justamente, para brindar mayor información a la población local y con la intención de discutir estos temas, los vecinos de Pajas Blancas se reunirán mañana 11 de mayo desde las 10.00 en Camino Tomkinson y Cno. Pajas Blancas en el Club Zabala.
