Sarah Walker es una abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología estadounidense. Fue directora de 180degrees.org, una organización que se encarga de acompañar a los presos, y a sus familias, un año antes y durante uno después de salir de prisión. Desde hace algunos años se dedica a hacer lobby (en el buen sentido de la palabra), y junto con organizaciones de distinto tipo -policías y funcionarios de rehabilitación, entre otros- impulsa leyes que garanticen los derechos de personas que cometen delitos, especialmente de los menores de edad.

Uno de los principales logros fue en Minnesota, donde impulsó la suba de la edad de imputabilidad penal: de 16 a 18 años. Según explicó a la diaria, en su país se pasaron los últimos 20 años bajando la mínima edad de imputabilidad -en algunos estados llega a los 14 años-, pero comprobaron “que no produce ningún beneficio desde el punto de vista de la seguridad pública, sino todo lo contrario”. Además, señaló que varios científicos han demostrado que el cerebro de los jóvenes se desarrolla hasta al menos los 24 años, especialmente en los varones, y que tratar a los adolescentes de la misma forma que a los adultos es una manera errada de abordar el tema.

Walker señaló que, si bien Estados Unidos está volviendo a concepciones un poco más humanas, es muy difícil cambiar las leyes cuando se implementan. Ahora comenzaron a ver que los jóvenes deben ser tratados de forma diferente a los adultos; la izquierda lo hace por un tema de derechos humanos, pero la derecha lo hace por razones económicas. El costo de, por ejemplo, un menor de edad encarcelado bajo el mismo régimen de los adultos es de 750 dólares por día. Otra de las instituciones que han sido parte activa en los cambios de concepción de estos temas en la sociedad estadounidense fue la Iglesia, que manejó la fe en la redención como uno de los argumentos.

Por la positiva

En cuanto al proceso “de vuelta” a marcos legales que aumenten el mínimo de edad de imputabilidad penal, la experta indicó que ha sido complejo por el sistema de gobierno federal estadounidense, que lleva a que cada estado tenga sus propias regulaciones. En Minnesota, por ejemplo, la sociedad civil jugó un rol fundamental en el impulso de la iniciativa y apeló a una campaña en la que los derechos de los jóvenes se abordaran “por la positiva”. Según dijo, en lugar de hablar de “no a la baja”, como ocurre en Uruguay, la campaña buscó hablar de oportunidades para los jóvenes, para de esa forma no oponerse directamente a la iniciativa.

Para Walker, las sociedades que se han abierto y que son supuestamente más democráticas observan que la apertura genera mayor criminalidad e inmediatamente reaccionan pidiendo mayor punitividad. “Los países que estuvieron en esta posición -Estados Unidos y otros países europeos- están retrocediendo, porque vieron que les cuesta mucho más dinero y que no tiene ninguna eficiencia en la reducción de la inseguridad. Cuando lo que hacés es reducir el mínimo de edad de imputabilidad y aumentar la cantidad de personas que están presas, aumenta el grado de inseguridad: a mayor cantidad de gente detenida y más cárceles, mayor es el riesgo que se vive afuera, porque la prisión es el gran reproductor y consolidador de todo eso”, explicó.

El día después

Si bien Walker entiende que las soluciones punitivas son parte de la respuesta neoliberal a las problemáticas sociales, aclaró que en su país han fracasado las políticas de seguridad, tanto las de la derecha como las de la izquierda. Según dijo, la solución pasa por tener menos personas encarceladas -reduciendo penas y generando alternativas a la privación de libertad-, brindar un verdadero tratamiento de rehabilitación a los reclusos, y comprometerse a no estigmatizar a quienes salen de la cárcel, y darles oportunidades para que tengan alternativas de vida. Para la experta, un sistema carcelario no debe ser juzgado por cuántas personas vuelven a prisión, sino por cuántas no vuelven. Consultada acerca de la realidad uruguaya, se mostró alarmada, porque dos tercios de las personas privadas de libertad aún no tienen sentencia. “Es preocupante porque lo básico es tener una sentencia antes de que se establezca si alguien es culpable o no”, concluyó.