“Fue un operativo de inteligencia policial que los siguió durante toda la marcha y los detuvo cuando ya se retiraban”, explicó a la diaria Gustavo Salle, uno de los abogados defensores de los dos jóvenes. Ayer declararon como indagados por “haber cometido actos compatibles con la figura del daño”, en una investigación dirigida “a los grupos que se mostraron encapuchados en la marcha”, agregó.

En la movilización del miércoles participó un grupo de una docena de jóvenes que iban vestidos totalmente de negro, con las capuchas de los canguros puestas sobre la cabeza y con las caras cubiertas con pañuelos o bufandas. Llevaban banderas completamente negras, sin inscripciones o símbolos, aunque portaban una pancarta firmada con la conocida letra “A” dentro de una circunferencia negra.

Cuando la marcha pasó frente al Centro Militar, que estaba vallado y custodiado por policías, un grupo reducido de manifestantes arrojó piedras y estopa prendida fuego a los uniformados. Éstos respondieron disparando balas de goma contra manifestantes y periodistas, y resultaron heridos dos fotógrafos y un camarógrafo.

Por su parte, el otro abogado de los detenidos, Pablo Ghirardo, contó que se trata de dos jóvenes de alrededor de 25 años que actualmente “no están estudiando” y que uno de ellos es un “ciudadano peruano” que vino a vivir a Uruguay.

Ghirardo explicó que la defensa pidió el archivo de la causa por entender que “no existen elementos de prueba” que demuestren que los detenidos participaron en la rotura de vidrios ni que hayan grafiteado “propiedad privada”, los dos hechos por los que fueron acusados. Agregó que la acusación se basa en las declaraciones de dos policías de inteligencia que se infiltraron en la marcha, siguieron a los jóvenes durante todo el trayecto, “supuestamente los vieron cometiendo los delitos”, esperaron a que se retiraran y los detuvieron a 15 cuadras del lugar de finalización de la movilización.

La jueza solicitó una ampliación de pruebas y la Policía presentó solamente “fotos de personas encapuchadas en las que no es posible identificar rostros”, agregó Ghirardo. Sin embargo, el abogado denunció que como ampliación de pruebas el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía presentó “por su cuenta” un informe como “antecedente”, cuyo contenido es “un seguimiento a las actividades de la organización Plenaria Memoria y Justicia; dicho informe apunta en particular a Irma Leites, a la que se considera vinculada a los hechos porque estaba en la puerta del juzgado, manifestándose pacíficamente en contra de la detención de estos jóvenes”.

Ni siquiera anarquista

Ayer, mientras los jóvenes declaraban en la sede judicial de Bartolomé Mitre y Buenos Aires, un grupo de unas 50 personas se congregó en apoyo a los detenidos. El juzgado permaneció desde temprano protegido por un vallado y un destacamento de la Guardia Republicana, acompañado por un vehículo blindado.

Finalmente, a pedido de la fiscal Adriana Acosta, la jueza Staricco determinó el procesamiento sin prisión de ambos jóvenes, con 90 días de medidas sustitutivas, lo que significa que deberán realizar “tareas comunitarias dos veces por semana durante ese lapso”, informó Ghirardo.

En opinión del abogado, la decisión judicial no significa que se haya demostrado la culpabilidad de los jóvenes, sino que la magistrada encontró que “existen elementos suficientes para iniciar un proceso”. “Ahora viene la etapa del proceso, la parte probatoria y que permite esgrimir los argumentos necesarios para defender a los acusados”, explicó.

Ghirardo continuará compartiendo la defensa con Salle y ambos se reunirán la semana próxima para evaluar las distintas alternativas del proceso. “Se puede apelar o dejar avanzar el proceso y agregar los elementos necesarios para demostrar la inocencia de los jóvenes”, manifestó. En cuanto a la declaración de los jóvenes, expresó que reconocieron su participación en la marcha pero negaron haber “roto vidrios o hecho pintadas”. El abogado dijo que la fiscal les preguntó con “particular insistencia” por qué se tapaban los rostros, a lo que los ahora procesados respondieron que lo hicieron para “protegerse de los servicios de inteligencia y del DOE”, ya que se reconocieron anarquistas y entienden que su ideología “es perseguida en todo el mundo y también en Uruguay”. Como ejemplo de esta afirmación mencionaron “el intento de desalojo de un local anarquista como La Solidaria”, así como “los juicios a quienes se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia en febrero”, instancia en la que la Policía se valió de fotos y filmaciones.