El juez italiano Alessandro Arturi decidió procesar a 21 latinoamericanos por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos italianos víctimas de la Operación Cóndor, la coordinación represiva que operó en los países del Cono Sur durante las dictaduras de la década de 1970. Según informó ayer la agencia Efe, entre los que serán juzgados a partir del 15 de febrero ante la Sección Tercera del Tribunal Penal de Roma se encuentran dos militares uruguayos: el coronel retirado Pedro Antonio Mato Narbondo y el general retirado Iván Paulós, aunque el cable incluye también al coronel Carlos Calcagno, procesado con prisión en Uruguay por la desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde y fallecido en mayo de 2013, y al ex presidente de facto Juan María Bordaberry, procesado con prisión en 2006 por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, condenado en 2010 por atentado contra la Constitución y fallecido en 2011.

Mato fue citado a declarar en el marco de la indagatoria sobre la muerte por torturas del militante democristiano Luis Batalla y no concurrió, por lo que la jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, ordenó su conducción. Sin embargo, el militar retirado se fugó a Brasil y ahora recae sobre él un pedido de extradición. Paulós, que ocupó entre 1978 y 1981 la jefatura del Servicio de Información y Defensa de la dictadura e integró la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, no ha sido citado a declarar como indagado en ninguna causa.

Según Efe, el juez italiano separó el caso de algunos de los militares uruguayos imputados, pues ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno. El magistrado envió una solicitud al ministro de Justicia italiano para que autorice que puedan volver a ser procesados por los mismos cargos. Se trata del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco y los militares José Gavazzo, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, Ernesto Soca y Jorge Silveira, todos condenados o procesados con prisión en Uruguay en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En otros dos casos, el del ex dictador Gregorio Álvarez, condenado a 25 años de penitenciaría en Uruguay, y el del militar Juan Carlos Larcebeau, procesado con prisión, el juez se reservó la decisión hasta obtener las sentencias penales de primer y segundo grado que recaen sobre ellos.

Vale recordar que en un hecho sin precedentes en Italia, en este juicio el Estado uruguayo participa como parte civil afectada, y un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República y la Embajada uruguaya en Italia, ha colaborado en la recolección de información, el envío y recepción de documentos judiciales y en el asesoramiento legal a los familiares de las víctimas.

Hay dos procesos judiciales por los mismos delitos que fueron separados del expediente principal sobre la Operación Cóndor y que involucran al capitán de navío Jorge Tróccoli y al mayor retirado Antranig Ohanessian. Tróccoli, que ya estuvo detenido en Italia entre 2007 y 2008, pero consiguió su excarcelación, fue imputado el mes pasado por el fiscal Giancarlo Capaldo. Por su parte, Ohanessian, que también había estado detenido en 2008 en Buenos Aires y consiguió quedar libre, fue detenido nuevamente en agosto del año pasado en Pocitos, a raíz de un pedido de extradición del mismo fiscal italiano que fuera habilitado por el Ministerio Público de Uruguay, pero aún no tiene un fallo de la Justicia.

El general Paulós dijo ayer a la agencia de noticias AP que la decisión del juez italiano “es un disparate” y “una de las tantas injusticias de la Justicia de hoy”. Fuentes del MRE explicaron a la diaria que la Justicia italiana puede solicitar colaboración de la Justicia uruguaya tal como lo hizo en mayo, cuando pidió que se citara a declarar por videoconferencia a 12 de los militares y policías acusados en el caso, instancia a la que ninguno concurrió. El abogado Federico Álvarez Petraglia indicó que lo más probable es que el juez italiano solicite la extradición de Paulós a Uruguay y de Mato a Brasil, pero explicó que Mato es “ciudadano brasileño” y que ese país “no concede la extradición de sus ciudadanos”.