En 1998 Kofi Annan propuso un brindis. Fue en la 20ª Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés), sobre el problema mundial de las drogas. “Permítanme alzar la copa con el deseo de que cuando rememoremos esta reunión, lo hagamos porque fue [...] el momento de nuestro compromiso [por] la eliminación de los cultivos de drogas para el año 2008”, dijo.
Annan, que en aquel momento era secretario general de la ONU, integra hoy la Comisión Global para Políticas de Drogas, junto con Jimmy Carter, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ruth Dreifuss y Ernesto Zedillo. Ellos se suman al reclamo de un debate abierto, franco e inclusivo que permita analizar y evaluar otras miradas y nuevos enfoques. Todos haciendo fuerza y coordinando para que la UNGASS 2016, en Nueva York, sea precisamente un hito realista y fructífero.
En 2009 se hizo una reunión de alto nivel para evaluar los resultados de la UNGASS 1998. La Comisión de Estupefacientes hizo gala de un mecanismo de negación brutal: no reaccionó ante la evidencia de que los cultivos, el consumo y el tráfico habían aumentado. Aún más grave fue -es- la negativa cuasi religiosa a abrir ningún debate para ver caminos alternativos. Ni siquiera prosperaron algunas tímidas iniciativas para eliminar la pena de muerte (que existe en algunos países, incluso para consumidores).
Hoy, un primer bloque latinoamericano (México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Uruguay), al que se vienen sumando otros países de América Latina y el Caribe, así como algunos de la Unión Europea y África, está librando batalla para que la UNGASS 2016 no sea un nuevo fracaso. Las acciones y actividades desplegadas por la OEA aportan en el mismo sentido.
Las políticas de drogas son más dañinas que las drogas
América Latina y el Caribe, región estigmatizada y criminalizada, muestra su llaga y el reguero de víctimas en sus suelos. Ahora más empobrecida por la guerra contra los cultivos y la agresión del ambiente, con cultivadores desplazados, pobreza e inequidad como estructuras de marginación social. La guerra contra las drogas ha cobrado más víctimas que las secuelas del consumo.
Abrumadoramente. La mayor demanda sigue estando en el norte, donde queda el grueso de las ganancias ilícitas. De eso no hay ya dudas. El estado de violencia que se incrementó a partir de las políticas basadas sólo en la represión, incluida la prisión indebida contra consumidores, empieza a revisarse.
La UNGASS de 2016 debe tener la oportunidad de debatir abiertamente, con todos los insumos provenientes de todas las agencias y expertos internacionales. Un debate franco e inclusivo donde puedan competir todas las miradas y los nuevos enfoques alternativos.
El mandato de la Cumbre de Cartagena 2012
La OEA ha realizado ya dos asambleas generales en Antigua Guatemala para promover una visión integral y equilibrada de la cuestión de las drogas, abierta a los nuevos enfoques y con pleno respeto del derecho internacional de los derechos humanos, las libertades y las decisiones soberanas de los Estados. El informe sobre drogas en las Américas que José Miguel Insulza entregó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por el mandato recibido en la Cumbre de Cartagena es el resultado de un ejercicio altamente recomendable. La metodología de discutir y armar escenarios posibles hacia el futuro, con el concurso de varios técnicos y expertos, no sólo fue altamente productivo, sino que además respetó el criterio y principio fundamental de la unidad en la diversidad. No es posible tener un traje único, un modelo rígido que no admita flexibilidad para adecuarse a características, culturas y diseños diversos. Una responsabilidad común y compartida que afirme la cooperación internacional no tiene por qué estar en contradicción con las opciones alternativas o experiencias estaduales, departamentales o de alcaldías que respondan a distintas necesidades y exigencias sociales. El andamiaje jurídico de las convenciones internacionales se enfrenta a flexibilidades de hecho, que responden todas al cumplimiento de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales o culturales, inevitablemente por encima de otras exigencias normativas.
Derechos, garantías y libertades
William Brownfield expuso los cuatro principios de la política estadounidense en esta materia. La novedad es que se introduce “la interpretación flexible de las convenciones y la tolerancia a las nuevas experiencias”. Imposible descertificarse a sí mismo y no habilitar de alguna manera la marea liberalizadora que tiene dentro. Bienvenidos. El gobierno federal de Estados Unidos no puede prohibir las experiencias de Washington y Colorado, a las que ahora se suman las de Oregón y Alaska, ni la de ninguno de los 18 Estados que hacen uso medicinal del cannabis. No puede porque son decisiones soberanas de Estados que tienen sus propios derechos, y porque la Corte Suprema de ese país tiene varios fallos sobre cannabis medicinal. Es elocuente el de 2006 en una demanda presentada por la iglesia Unión del Vegetal ante una acción de la DEA en su contra. El fallo dice que no se puede impedir el ingreso ni el consumo ritual de la ayahuasca y el peyote, porque la libertad religiosa está por encima de toda ley prohibitiva. Derechos.
En el plano de la aplicación de la ley, se necesita un abordaje de proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Basta de pena de muerte; el Estado no debe incrementar la violencia. La calamidad penitenciaria de América Latina y el Caribe, como las de otras zonas del mundo, es una alarma humanitaria de primer orden. Hay que empezar por no perseguir ni encarcelar a quienes padecen una enfermedad o han tenido problemas con las drogas (no todo consumidor problemático es necesariamente un adicto). Y seguir por la incorporación del enfoque de salud en todos los niveles sanitarios, y no sólo en los centros especializados.
Uruguay: política exterior y agenda de derechos
Uruguay ingresó como miembro de la Comisión de Estupefacientes en 2008. En ese debut libramos una batalla memorable: promovimos una declaración (R 51/12) copatrocinada por Argentina, Bolivia, Suiza y luego toda la Unión Europea, de debida integración de los instrumentos de derechos humanos con la fiscalización de drogas. En la OEA, además de trabajar intensamente para las asambleas generales en Antigua Guatemala y para el informe sobre drogas, promovimos en la última asamblea general de Paraguay una resolución (R 2868) en la que también quedan incorporadas la visión de derechos humanos en las políticas de drogas y la pertinencia de su vigilancia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uruguay defiende el derecho democrático a debatir libremente. No interesa principalmente promover el mercado regulado del cannabis. No es un modelo exportable. Es singular de la cultura uruguaya y se propone para ser evaluado. El prestigio de Uruguay deviene de la integralidad de la política de drogas, de sus fortalezas institucionales, de la regulación del tabaco, del éxito en la lucha contra el lavado de activos. De su agenda de derechos defendida en todos estos foros, como consigna e identidad. La política exterior uruguaya tiene un anclaje en los derechos humanos.
En ese plano, es sabido que no hemos contraído compromisos para defender lo indefendible. No hemos tenido dobles estándares, le duela a quien le duela.
La prédica del presidente José Mujica genera apoyos por su hondo humanismo y su ética, coherente con la posición país. La candidatura del canciller Luis Almagro a la Secretaría General de la OEA tiene el mismo sentido.
Uruguay integra y lidera el reclamo de más diálogo, más humanismo, más desarrollo y más inclusión ante el problema de las drogas, para el cual la guerra no fue solución.