¿Qué políticas de seguridad ciudadana debería seguir el próximo gobierno, más allá de quién esté al frente del Ministerio del Interior? En esta nota sugiero líneas de acción posibles para la agenda política de los próximos cinco años.

Antes, es necesario clarificar qué es la seguridad ciudadana. Conceptualmente, no tiene que ver con la opinión pública, las tasas de delitos o la aprobación de leyes penales. Concebirla de este modo induce al error, ya que en realidad se está tematizando otro asunto: la inseguridad ciudadana. Y ése es un terreno demasiado inestable como para pensar políticas públicas.

Como alternativa, propongo la idea de un sistema nacional de seguridad ciudadana, que implica el trabajo coordinado entre las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Este enfoque integra las tradicionales políticas verticales1 con las necesarias políticas transversales, que buscan soluciones integrales y cooperativas entre diferentes actores del sistema. Esta integración es crucial para un sistema que pretenda cambios duraderos.

Desde esta noción, en esta primera nota intentaré dar respuestas tentativas a dos preguntas: qué cosas seguir haciendo y qué cosas dejar de hacer en seguridad ciudadana; en una segunda entrega abordaré otros dos interrogantes fundamentales: qué debería comenzar a hacerse y qué no deberíamos hacer.

¿Qué cosas seguir haciendo?

• Conservar la separación de roles del Ministerio del Interior y la Policía Nacional

Un hecho que suele pasarse por alto es que el ministro Eduardo Bonomi ha sido el primero, desde el retorno de la democracia, que ocupó el puesto durante los cinco años de gobierno. Durante su mandato, logró diferenciar a la interna del ministerio los roles de la Policía y los civiles a cargo de la gestión policial. Hasta 2010, prácticamente todo era policía y lo civil era visto con desconfianza. Esta diferenciación organizativa es un camino que ningún futuro ministro debería desandar.

• Mejorar la tasa de respuesta del servicio 911

En comparación con el período 2011-2012, hubo un cambio significativo en los tiempos de respuesta del servicio de emergencia, aunque se reconocen diferencias entre la atención a las zonas céntricas sobre la periferia de la ciudad. De todas formas, la calidad de la respuesta policial es un elemento a mejorar en los años venideros.

• Extender el alcance y la cantidad de los servicios del Plan 7 Zonas y las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana

El Plan 7 Zonas del Mides (cuatro en Montevideo y tres en el área metropolitana de Canelones) implicó una intervención territorial más focalizada de las políticas sociales y también de las policiales. Estas últimas se han vuelto más racionales, con jefaturas operativas a cargo de jefes de zona que coordinan el accionar de varias seccionales al mismo tiempo. Esta medida abre las puertas a una mejor gestión de la prevención y represión del delito. Por otra parte, es preciso extender el alcance geográfico de las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, ámbito de participación e intercambio entre diversos actores locales, donde se buscan soluciones a los problemas de seguridad a nivel local. Finalmente, la creación de la figura del Policía Comunitario, que procura un relacionamiento más personalizado con la comunidad, para fortalecer el desarrollo de la confianza con la institución policial. Estas medidas han mostrado beneficios, por lo cual deberíamos esperar que se profundicen en el futuro.

• Reforzar las capacidades institucionales del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa)

El Sirpa viene mejorando la atención de los adolescentes infractores. Las fugas han llegado a cero y se han creado varios programas orientados a la atención integral de los adolescentes que pasan por la institución. Si bien quedan temas de gestión por resolver, deberían fortalecerse las capacidades institucionales de un organismo originalmente pensado para salir de la órbita del INAU

• Invertir en las capacidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El INR es uno de los logros más importantes en la historia de las políticas penitenciarias en Uruguay. Antes, los centros gestionados por la Dirección Nacional de Cárceles y Centros Penitenciarios convivían disfuncionalmente con cárceles a cargo de las jefaturas departamentales. Hoy el INR gestiona todo el sistema penitenciario nacional. Esto permitió la creación de un escalafón civil para el tratamiento directo con las personas privadas de libertad, la incorporación de un equipo técnico de primer nivel dedicado a la mejora de la gestión de los centros de reclusión, y la gradual implementación de un sistema informático de gestión de gestión carcelaria. Dado los avances que el INR ha logrado con recursos propios, y en tan poco tiempo, es una línea de trabajo en la que no se deberían admitir concesiones.

¿Qué cosas dejar de hacer?

• Abandonar el sistema tradicional de patrullaje policial

Especialistas internacionales han sugerido sin suerte la necesidad de implementar un sistema de patrullaje de tipo aleatorio. Cuando el despliegue policial en el territorio es predecible, la actividad criminal se desplaza hacia otros sectores de la ciudad menos vigilados. Los patrullajes aleatorios generan incertidumbre en los potenciales ofensores, tiende a provocar un efecto de desistimiento, dado que incrementa la incertidumbre en la decisión de cometer crímenes.

• Tratar a las personas con problemas de adicción como criminales comunes

Es necesario clasificar y diferenciar a las personas que cometen delitos motivados por su adicción a narcóticos respecto a los que no. No tiene sentido aplicar una medida penal una persona que en realidad necesita un tratamiento médico. Las cárceles de Uruguay tampoco están equipadas para tratar casos de adicciones severas. Los jueces penales deben entender que para muchas personas, cometer delitos es un síntoma de un problema de índole sanitario, no criminológico. Se pierde mucho en términos de gestión carcelaria, y no se aporta nada a la verdadera rehabilitación que estas personas necesitan.

• La indiferencia política ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos en centros de privación de libertad

Si el informe de 2010 sobre las condiciones del sistema carcelario uruguayo del relator de la ONU sobre la Tortura fue duro, el de la Institución Nacional de Derechos Humanos a los centros de privación de libertad del Sirpa no se quedó atrás. Curiosamente, las reacciones de los legisladores ante estos diagnósticos han sido prácticamente nulas o tardías. Estos informes avergüenzan a los uruguayos, estigmatizan y desmotivan a las personas que trabajan con personas privadas de libertad. La indiferencia de los parlamentarios ante estas denuncias es algo que hay que desalentar con firmeza. Sacudir su apatía es la clave para buscar soluciones estructurales a estos problemas.

Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.

  1. Que pueden ser “de arriba hacia abajo”, como las provenientes de los tres poderes del Estado y la Policía, o “de abajo hacia arriba”, producto de la presión que pueden ejercer los ciudadanos. ↩