Un grupo de senadores brasileños denunciaron a la presidenta Dilma Rousseff ante la Procuraduría General de la República por supuestas irregularidades en una compra estatal de 2006, cuando ella era ministra de Presidencia. Se trata de la adquisición por parte de Petrobras de una refinería en la ciudad estadounidense de Pasadena, Texas. Por entonces Rousseff también era presidenta del Consejo de Administración de la empresa semiestatal, cargo desde el cual avaló la compra de 50% de la refinería.

Brasil pagó 360 millones de dólares por la mitad de la refinería que, un año antes, otra compañía había comprado, en su totalidad, por 42,5 millones. Después, el socio de Petrobras en la refinería -Astra Oil, firma dueña del 50% restante- informó a la semiestatal brasileña que tenía que comprar su parte porque eso establecía el contrato. Petrobras aseguró que no era así y el caso fue a parar a la Justicia de Texas, que en 2010 falló a favor de Astra Oil, lo que implicó que Brasil tuviera que pagar 820,5 millones de dólares: 639 para la compra del restante 50% y el resto para pagar los costos del proceso judicial.

Cuando en febrero de 2012 Graça Foster asumió la presidencia de Petrobras, intentó vender la refinería porque no podía producir de forma tal que compensara tamaña inversión. Pero las ofertas eran muy bajas en comparación con el precio que había pagado Brasil, por lo que se descartó esa posibilidad. Esas idas y vueltas motivaron una investigación del diario O Estado de São Paulo, que reveló al público el sobrecosto que Petrobras había pagado. En entrevista con el diario, Foster reconoció que la compra fue “un mal negocio” y una “operación injustificada”.

Las supuestas irregularidades comenzaron a investigarse en el Tribunal de Cuentas de la Unión. Su titular, José Jorge, dijo que la defensa de la empresa no logró “mitigar los fuertes indicios de daño a las arcas del Estado”. Más adelante se sumaron el Ministerio Público Federal y la Policía Federal.

Rousseff dijo la semana pasada que su decisión de avalar la compra se fundamentó en un informe “técnica y jurídicamente fallido”, que no incluía información sobre algunas cláusulas del contrato, entre ellas las que obligaban a Petrobras a comprar 50% de Astra Oil. El autor del informe, Néstor Cervero, entonces director del área internacional de la empresa y luego director financiero, fue despedido el viernes por el Consejo de Administración de Petrobras.

La oposición aprovecha el caso en la campaña para las elecciones de octubre. El Partido de la Social Democracia Brasileña impulsa en el Congreso una comisión para investigarlo, y su candidato, Aécio Neves, dice en sus actos de campaña que este episodio demuestra que Rousseff no es tan buena gestora como dice el oficialismo. En un sentido similar se ha manifestado el candidato del Partido Socialista Brasileño, Eduardo Campos, que después de señalar que el valor de Petrobras en 2013 era un tercio del que tenía en 2010, deslizó: “A veces me pregunto seriamente si esto no es parte de un plan para desvalorizar y vender Petrobras”.