Los trabajadores de la empresa de refrescos Ridozir SA, fabricante de los refrescos Mio, llegaron en la mañana de ayer a la fábrica, ubicada en Molinos de Raffo a una cuadra de Millán, en pleno Sayago, y se encontraron con que estaba cerrada, con candado y alambres de púa sobre la reja.

“La gente se presentó a trabajar como en un día normal, pero la fábrica estaba cerrada a cal y canto”, relató el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read. Además de las trancas, un guardia de seguridad impedía el ingreso de los más de 60 funcionarios que trabajan en la fábrica. El último día que habían ido a trabajar normalmente había sido el viernes antes de Semana de Turismo.

“Se ve que el dueño sí trabajó en Turismo. Estuvo miércoles y jueves sacando todo, desmanteló la fábrica”, añadió el dirigente de la federación de la bebida, que dijo que averiguaron que se llevó toda la maquinaria, la materia prima, el stock de bebida, los materiales de mantenimiento y de las oficinas. De todas formas, el empresario y su nueva locación fueron ubicados. En el correr del día de ayer los dirigentes de FOEB pudieron confirmar que el dueño de la empresa, Jorge Cancela, mudó todo lo que estaba en la fábrica de Sayago a un galpón en el barrio Unión. “Pensó que iba a pasar desapercibido, después de que cagó a un pueblo, dejando a la gente en la calle”, criticó Read.

Los trabajadores denunciaron la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que citó al dueño de Ridozir y a los delegados sindicales a una audiencia tripartita que se llevará a cabo mañana a las 9.00. La empresa, que según afirma Read “no es chica” si se compara la cantidad de trabajadores con otras empresas de bebidas, no cumple, desde 2012, con los laudos aprobados en un convenio colectivo en el sector que rige hasta 2015. “Estaban por debajo de la mitad del sueldo”, dijo Read. En julio de 2013, en la Dirección Nacional de Trabajo del MTSS, la empresa y FOEB firmaron un acuerdo por el cual gradualmente se aumentarían los sueldos, hasta llegar, el 1º de julio de 2015, al 100% de los laudos en cada categoría.

Read agregó que la situación también se denunciará ante la Dirección General Impositiva (DGI), ya que según el dirigente “hay que investigar si facturaba con IVA”. La empresa ya había recibido una amonestación por parte de la DGI, en febrero de 2012, por incumplimiento de sus obligaciones tributarias.