Existe consenso científico en que las etapas iniciales de la vida son claves para el desarrollo de las personas. En esos primeros años se construye el desarrollo intelectual, físico-inmunológico, emocional y social que constituyen los pilares del aprendizaje, la trayectoria educativa formal y la capacidad de las personas de integrarse a la sociedad. Según Lustemberg, el desarrollo del cerebro de las personas no está predeterminado. Por el contrario, factores no genéticos como la experiencia de vida y el ambiente en el que crecen las personas producen cambios en la biología. Por eso, los estímulos externos en el período de gestación y en los primeros años de vida son importantes.

“La desnutrición del niño está fuertemente asociada con la baja talla adulta, menor escolaridad, menor productividad económica, con el menor peso al nacer de sus hijos. La talla para la edad a los dos años es el mejor predictor del capital humano”, indica la coordinadora desde el documento publicado en “Uruguay + 25”, un libro que compila investigaciones de académicos de distintas disciplinas y que fue editado por la Fundación Astur y la Red Mercosur.

En particular, Lustemberg recuerda que la deficiencia de hierro en etapas tempranas produce efectos irreversibles en la estructura y la función cerebral y acrecienta los riesgos de tener ansiedad y depresión, así como conductas delictivas en la adolescencia temprana. La desigualdad se gesta en el vientre materno, ya que la inteligencia y los talentos de los niños se distribuyen por igual entre los segmentos sociales. Por eso, en medio de un proceso de fuerte crecimiento económico y caída de la desigualdad, es inaceptable que “el lugar donde nace un niño, el lugar de la estratificación socioeconómica en que se ubique, marque el futuro de la posibilidad de acceder al desarrollo integral de sus potencialidades”.

En este sentido, Lustemberg afirma que es trascendente la función de la política pública en esta etapa, incluso porque el retorno social de la inversión allí es más elevado. Para ello recuerda los trabajos de James Heckman, premio Nobel de economía en el año 2000, que indican que la inversión en las primeras etapas de la vida tiene una tasa de retorno que es siempre superior a la que se logra en otros períodos de los individuos. Invertir en primera infancia facilita la reducción de la pobreza y la desigualdad, condiciona el éxito o fracaso de otras políticas sociales, acarrea beneficios en educación, salud, convivencia en la vida adulta y, por ende, eleva el capital humano de la sociedad.

Si bien las políticas en infancia -Plan CAIF, aspectos del Plan de Equidad, inclusión de los niños en el sistema de salud- han aumentado en cobertura, persisten inequidades. El 24,5% de los niños menores de seis años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza; la mortalidad infantil se sigue dando por causas potencialmente reductibles; los controles prenatales son insuficientes en número y calidad; los niveles de malnutrición y anemia entre las madres son significativos; la prematurez, el bajo peso al nacer y la anemia infantil son más elevados que los que se registran en países de la región similares a Uruguay.

Por eso Lustemberg afirma que además de políticas generales que protejan a los ciudadanos de la pobreza, el desarrollo económico y social del país depende de cómo se apoye a niños y niñas en etapas tempranas de la vida. Para la coordinadora de Uruguay Crece Contigo, el principal y más urgente desafío es construir un Sistema de Protección Integral a la Infancia, pero aclara la necesidad de contar con una institucionalidad diferente de la actual. Hoy, según Lustemberg, existe fragmentación, lo que lleva a ineficacias de las acciones e ineficiencia en el uso de recursos. Asimismo, el éxito de un sistema así depende de contar con una institucionalidad ágil, dinámica y con fuerte capacidad técnica. En este sentido, fundamenta la necesidad de pensar en políticas de infancia como un sistema único, con una gobernanza clara y “legitimada política, social y técnicamente”.

Problema general

Pero además de un sistema único focalizado en los niños, es necesario tener políticas que atiendan a las familias que no están integradas socialmente. Para Lustemberg, hay familias que quedan al margen de las redes públicas de protección social y que requieren “acciones diferentes a las que se venían ensayando”. Entre los datos más alarmantes surgidos del sistema de monitoreo, que abarca a más de 4.000 familias, de los programas de Uruguay Crece Contigo se encuentra que una de cada cinco viviendas donde viven estos niños tiene riesgo de derrumbe; uno de cada cuatro hogares no tiene baño en esa vivienda; ocho de cada diez no cuentan con saneamiento; seis de cada diez niños comparten colchón o cama con otros integrantes del hogar; en 38% de esos hogares se fuma dentro de la vivienda; seis de cada diez madres eran adolescentes; cuatro de cada diez niños menores de 24 meses son anémicos; cuatro de cada diez tienen alteraciones en su desarrollo; 10% de los niños son criados con prácticas violentas severas y 20% con prácticas negligentes.

“Uruguay debe erradicar el hambre y la desnutrición. Las cifras de bajo peso al nacer, retraso de talla y anemia son inaceptablemente altas para un país como el nuestro”, afirma Lustemberg. La posibilidad de conciliar la vida social y productiva de los padres de esos niños con las responsabilidades reproductivas requiere ir hacia algo diferente de la provisión “de mercado” de los servicios de cuidados.

En la campaña electoral, la creación de un sistema de cuidados está presente. Sin embargo, poco se dice sobre sus características y menos aún sobre su costo y financiamiento. Un documento emanado de un Grupo de Trabajo Interinstitucional del gobierno y aprobado por el Gabinete Social en setiembre de 2012 dice poco a este respecto. En todo caso, se aclara que “podrá constituirse [un fondo] con aporte de rentas generales exclusivamente o un sistema mixto” y que se seguirá un criterio de equidad contributiva, pero no mucho más. La discusión sobre los derechos abre otra, la de los recursos finitos. El “estrés” presupuestal que conllevan requiere priorizar el gasto sin que medien presiones de grupos y conveniencias políticas que siempre están a la hora de asignar los recursos.