El Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (SNU) emitió ayer una declaración en la que expresa su “preocupación por el proyecto de reforma constitucional sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años que se someterá a consulta plebiscitaria el próximo 26 de octubre”. “Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la Convención de los Derechos del Niño”, advierte la carta.
Luego añade que a pesar de la “creencia extendida” en la opinión pública uruguaya, “los adolescentes no son impunes sino que existe un sistema de responsabilidad penal específico para personas de entre 13 y 17 años” y que la “evidencia” generada por las “experiencias internacionales” demostró que “la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no ha sido una medida eficiente en el combate a la inseguridad”. La declaración plantea que se cree necesario “avanzar en la especialización del sistema penal de adolescentes y mejorar las condiciones en las cuales se cumplen las sanciones penales, ya que el actual sistema presenta graves fallas en su funcionamiento y no es eficaz en su cometido de reinsertar a los adolescentes en la sociedad”. “Preocupan las condiciones de detención en esos centros y el enfoque punitivo del sistema de administración de justicia para los jóvenes delincuentes, que no les ofrece posibilidades de rehabilitación”, expresa la declaración. Finalmente, agrega que el SNU “comprende las inquietudes de la sociedad en torno al tema de la inseguridad y apoya la necesidad de un sistema que brinde garantías de seguridad a toda la ciudadanía, siempre en el marco de respeto a los derechos humanos”.
No cura
Por su parte, el superior de los salesianos de Don Bosco, Néstor Castell, hizo pública una carta en la que sostiene que “los adolescentes que delinquen son el emergente de una realidad social compleja” y que “es un error creer” que esa realidad “se resuelve con penas”. “La experiencia nos dice que más penas no sólo no resuelven el problema, sino que lo agudizan. El castigo, y el miedo al mismo, no es lo que los educará e integrará a la sociedad: la cárcel no es el ámbito para su educación”, agrega el sacerdote católico. Castell recuerda que los salesianos trabajan con unos 4.500 jóvenes en “contextos empobrecidos” y destaca que “sólo en la libertad responsable es posible que un joven pueda sentirse acompañado para desarrollar en su vida la capacidad de amar, la formación ética y ciudadana, y en consecuencia, el compromiso social”. Castell también recuerda que en Uruguay “los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad”, y que la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia “acordada por todos los partidos políticos en el año 2004” permitió a Uruguay contar con un sistema penal juvenil. “La normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible”, explica. Finalmente recuerda que “la recomendación más reciente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a que “los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”. Otro salesiano, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, también se pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad.