Ayer, durante su presentación como eventual titular del MEF (en caso de que el PN obtenga el gobierno nacional), Arbeleche propuso que “el aumento de los salarios esté ligado a la productividad de cada rama y de cada empresa” (ver página 3). Esta preocupación ha sido un reclamo de algunas gremiales empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, aunque también el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta (FA) admitió la necesidad de que el crecimiento salarial tenga relación con ese factor. “Los salarios tienen que seguir creciendo, pero de la mano del crecimiento del país y de la productividad. No pueden estar descolgados de ella, porque si no, no es sustentable”, argumentó el diputado Pablo Iturralde, quien se desempeñó como inspector general de Trabajo durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Otro tema que se abordó es la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, que no fue votada por el PN ni por el Partido Colorado. “Nuestra idea es priorizar la seguridad laboral mediante normas como resoluciones ministeriales, decretos o incluso algunas leyes”, expresó el diputado Álvaro Delgado, una de las figuras del nacionalismo más cercanas a Lacalle Pou. Dijo que el PN “no comparte” el delito de peligro y que se podría modificar ese artículo o eventualmente derogar la ley, aunque no especificó qué camino se tomará al respecto. Durante la campaña en las elecciones internas, tanto Lacalle Pou como Jorge Larrañaga anunciaban la derogación de la norma.
Otro punto que el PN se propone cumplir es la eliminación del derecho a la ocupación de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga. “Luis [Lacalle Pou] ha sido claro en que este gobierno ha permitido la ocupación en la actividad privada y no en la pública”, señaló Delgado. El acuerdo programático anunciado en la Convención del PN sostenía que el partido propone “derogar el Decreto 165/006 (sobre ocupaciones de los lugares de trabajo) y quitar rigidez al sistema [de relaciones laborales], introduciendo mecanismos de descuelgue para empresas en dificultades y cláusulas de salvaguarda que se activen ante cambios abruptos en el contexto”. El programa también propuso impulsar “mejoras” en el sistema de relaciones laborales, para hacerlo más “equilibrado” y “sostenible” en el tiempo.
Ismael Fuentes, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, cuestionó lo que se plantea como una necesidad de “equilibrar”: “No hubo ningún desequilibrio. El desequilibrio que puede llegar a darse es que los patrones son los dueños del capital, y los trabajadores, de la fuerza de trabajo”. En efecto, el sitio web de la candidatura de Lacalle Pou habla de un “nuevo marco de funcionamiento para los Consejos de Salarios”, en el que se incluye, además de la productividad, el grado de competitividad de cada sector de actividad, la “heterogeneidad de las empresas involucradas, su localización geográfica y otros datos económicos fundamentales”, como la evolución del empleo y la inflación.
Una de las medidas que proponía el ahora presidenciable nacionalista en su campaña en la interna era que las “condiciones de trabajo y empleo queden reservadas a la negociación colectiva bipartita”.
Delgado también especificó que el PN no se opone a la Ley de Ocho Horas para los trabajadores rurales, y recordó que su partido votó mayoritariamente a favor cuando el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el proyecto sufrió modificaciones en el Senado, por lo que el PN finalmente no lo apoyó en la cámara baja cuando la iniciativa regresó. El proyecto inicial fijaba un régimen especial para la ganadería y la agricultura de secano, en el que la novena hora no se pagaba como “extra”, sino que era compensada con tiempo no trabajado durante el trimestre. Sin embargo, el Senado cambió esta disposición, y cualquier hora que excediese el horario máximo de la jornada laboral debía abonarse como extra.