La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto de ley que establece la obligatoriedad del pago por el trabajo nocturno, aquel que se realiza entre las 22.00 y las 6.00. El texto fue aprobado por amplia mayoría (61 en 62 diputados presentes) y por legisladores de todos los partidos, aunque los representantes del Partido Nacional (PN) no quisieron votar los artículos 3 y 4, que establecen que la sobretasa que se deberá pagar debe ser como mínimo de 20%. Luis Puig (Frente Amplio, FA), diputado que informó sobre el proyecto, dijo que el texto establece además que las mujeres embarazadas, y hasta un año después del parto, deben cumplir su tarea en horario diurno, sin la pérdida de la compensación por trabajo nocturno.
Mientras se discutía el proyecto, trabajadores agremiados a la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios seguían la sesión. El texto fue uno de los reclamos de la federación, ya que permitirá incorporar el pago de nocturnidad a trabajadores principalmente del área de seguridad privada y de servicios de acompañantes, que hoy no lo tienen.
Raúl Olivera (FA) aseguró que el proyecto surgió “en respuesta a la intransigencia de algunas cámaras empresariales que se niegan a reconocer los derechos de los trabajadores”. El colorado Fernando Amado afirmó que votaban el proyecto “con total convicción”, mientras que el diputado Pablo Abdala (PN) puntualizó que el proyecto “reconoce derechos” sobre los que “se viene avanzando desde hace mucho”. Señaló que más de 70 grupos de los Consejos de Salarios tienen pactado el pago por trabajo nocturno, y cuestionó que se establezca un porcentaje “rígido”. “Ningún empresario va a dar una compensación por encima de ese porcentaje”, estimó, y afirmó que esa disposición “es un límite al interés de los trabajadores”. Añadió que él presentó un sustitutivo del artículo 3, que no establece un porcentaje fijo, “siguiendo lo que sugirió en la comisión el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi. “Presentamos esa disposición textual del ministerio”, que finalmente no se aprobó, sostuvo. La respuesta desde el FA fue que si no se estableciera un mínimo, el porcentaje acordado entre empresarios y trabajadores sería mucho menor.