Julio Bango, responsable de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, compareció ayer ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio el proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que ya cuenta con media sanción.

En diálogo con la diaria, Bango explicó que respondieron preguntas de los legisladores surgidas de planteos de organizaciones sociales que habían asistido en reuniones previas. A modo de ejemplo, dijo que organizaciones como la Red Procuidados plantearon el tema de la corresponsabilidad entre géneros y que “el Estado tenía que tratar de liberar la carga de las mujeres”. Señaló que, en el otro extremo, “organizaciones de carácter religioso planteaban que el centro era la familia” y proponían que “los niños se quedaran con sus familias, y por qué no pagarles a los padres”. “Son dos tendencias contrapuestas”, comentó Bango, y destacó que el diputado Gerardo Amarilla (Partido Nacional) apoyó ese argumento. Bango defendió que el SNIC habla de corresponsabilidad: “No sustituye la responsabilidad de la familia, sino que colabora en aliviar la carga de cuidados, no elimina su responsabilidad”.

Amarilla anunció a la diaria que propondría artículos aditivos para que las personas que prestan cuidados puedan ser “miembros de la familia, que hoy estarían excluidos”. Opinó que “si no se permite integrar el SNIC a miembros de la familia estamos forzando necesariamente a la tercerización y a que tanto el Estado como el mercado sean exclusivamente los beneficiarios del sistema”, señaló. El diputado consideró que el hecho de no permitir que la familia tenga un apoyo económico directo “termina favoreciendo” la desintegración familiar.

La Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud (ACUPS) planteó el 17 de setiembre a los diputados que los beneficiarios del apoyo económico previsto para asistentes personales fueran los familiares, y si éstos no tuvieran posibilidades se recurriera a una “persona extraña”. La psicóloga Gloria Hernández, presidenta de ACUPS, advirtió que “dejar a una persona vulnerable y dependiente al cuidado de un extraño podría propiciar el terreno para el abuso psicológico, físico y/o sexual”. Después de ella tomó la palabra el director de la organización no gubernamental Mirando a la Familia, el psicólogo José Pachalián, quien propuso que “en el caso de que la madre, por ejemplo, trabajara y recibiera una remuneración muy magra, podría pensar en quedarse en la casa atendiendo a su hijo, y que así lograra un mayor resultado trabajando en los quehaceres domésticos, en la cocina, economizando y fortaleciendo el vínculo con su hijo o hija”.

El SNIC hace, justamente, la lectura inversa: “A lo largo de la historia, las mujeres han asumido ‘naturalmente’ roles vinculados a las tareas domésticas y de cuidados en el ámbito del hogar, lo que ha cristalizado en situaciones de inequidad estructural en términos de la división sexual del trabajo. Ese rol asumido por la mujer en la sociedad patriarcal debe ser desandado progresivamente, redistribuyendo tareas que no necesariamente se conjugan con los roles o los proyectos de vida que las mujeres quieren desarrollar”, establece la exposición de motivos del proyecto de ley.

Sin entrar en la lógica de ACUPS y Mirando a la Familia, organizaciones de familiares también han planteado reparos, al considerar que muchas familias necesitan del apoyo económico que se les brindará a los asistentes personales y que prefieren continuar cuidando a sus familiares en lugar de salir a trabajar y ser sustituidos en la tarea de cuidados.

Desde la bancada oficialista, Macarena Gelman, presidenta de la comisión, se mostró satisfecha con las respuestas de Bango, porque evacuó las dudas y consultas formuladas. En diálogo con la diaria, la diputada dio cuenta de que hubo diputados que plantearon modificar el texto, y que “nuestra idea era que no tuviera modificaciones”. Coincidió con Bango en que “está bien delimitada” la corresponsabilidad con la familia. El jueves 15 la comisión comenzará a votar el proyecto de ley.

El presupuesto que recibirá el SNIC no fue un tema de discusión en la comisión. Bango se mostró conforme con que se le haya reasignado al programa 200 millones de pesos, lo que permite que se ponga en marcha el programa de asistentes personales, destinado al cuidado de personas con dependencia severa. La meta para el quinquenio era abarcar a 60% de la población que está en esa situación; Bango no descartó llegar a ese objetivo, pero espera que las rendiciones de cuentas posteriores a 2017 compensen esta falta inicial.