Fabio María Galiani es el abogado que representa a Uruguay en la causa en Roma por el Plan Cóndor. También representa al Colegio de Abogados de la capital italiana ante la Corte Penal Internacional. En el marco de una actividad organizada por la organización Parlamentarios para la Acción Global y la presidencia de la Cámara de Representantes por los 30 años de democracia en Uruguay, ayer Galiani ofreció una “Cátedra magisterial sobre el seguimiento del Plan Cóndor” en el Parlamento uruguayo. Resumió que el juicio en Roma busca demostrar la coordinación de la represión, y recordó que comenzó en los años 80, principalmente ligado a la nacionalidad italiana de muchas de las víctimas del terrorismo de Estado de las dictaduras sudamericanas de esos años. En un principio los indagados fueron 140, y actualmente el juicio está pendiente contra 16 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y dos bolivianos.

Galiani señaló que los casos de Argentina, Brasil y Paraguay fueron separados de la causa principal por “defectos” en la cooperación de autoridades judiciales de esos países. Por ejemplo, el viernes de la semana que viene se realizará la audiencia específica sobre el caso brasileño.

El abogado también se refirió al caso del militar retirado Jorge Tróccoli, del que dijo que “se escapó” a Italia mientras era juzgado en Uruguay. Ante esa situación, Uruguay solicitó su extradición, pero Italia la negó, basándose en un acuerdo entre ambos países, que data de fines del siglo XIX y que prohíbe la extradición de personas entre ambos países. El acuerdo también obliga a que ante una solicitud de extradición, el país en el que se encuentra la persona en cuestión debe iniciar un proceso judicial contra ella. El abogado remarcó que “juzgar” no implica abrir un proceso penal y dejarlo abierto “por décadas”, ni desarrollarlo en forma “superficial”.

Explicó que Uruguay pidió la extradición de Tróccoli por crímenes contra la humanidad y desaparición de personas, pero fue tomado por la Justicia italiana como homicidio y secuestro, porque en ese país la tortura y los crímenes contra la humanidad no son considerados delitos. El abogado dijo en forma irónica que Tróccoli declaró: “No hice nada malo, sólo torturé”. Además, destacó la actitud del Estado uruguayo, que intervino en la causa como parte civil, gesto que interpretó como un intento de acercamiento a las familias de las víctimas y, a la vez, como una forma de deslindarse de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Galiani destacó que también se constituyeron como parte el Frente Amplio y la presidencia del Consejo de Ministros.

Agregó que hay más de 20.000 páginas de documentos presentados por organismos del Estado, principalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero también por organizaciones de familiares de víctimas y particulares.

El abogado también llamó a priorizar “la adaptación” del orden jurídico interno uruguayo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, también conocido como Estatuto de Roma. “Las tragedias y los actos deshumanos deben ser llamados por su nombre y no impresos falsamente en la historia y en las actas de los procesos como hechos distintos y de menor gravedad”, reclamó.

Uruguay incorporó en 2002 el Estatuto de Roma a su legislación interna y aprobó enmiendas y acuerdos adicionales posteriores, referidos al mismo estatuto, pero esa incorporación no siempre se toma en consideración en los fallos judiciales.