Los artículos sobre medicamentos de alto costo que fueron incluidos en el proyecto de ley de Presupuesto pusieron en la agenda pública un tema de creciente preocupación. El problema es que los recursos son finitos y los medicamentos cada vez más caros. “Hace relativamente pocos años no hablábamos de los medicamentos de alto costo y de que podrían modificar nuestra salud pública”, planteó ayer el docente Gustavo Tamosiunas en la mesa sobre medicamentos de alto costo, con la que se iniciaron las III Jornadas de Novedades Farmacoterapéuticas, organizadas por el Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. Afirmó que “cada vez más, la relación entre medicamentos biotecnológicos y medicamentos de síntesis está cambiando a favor de los biotecnológicos” -que son creados a partir de organismos vivos y están protegidos por patentes; ése es uno de los motivos por los que son más caros-. Dijo también que, si bien ahora se usan casi exclusivamente en tratamientos de oncología y en menor medida en afecciones reumáticas, “empiezan a invadir distintas áreas, como la gastroenterología y la cardiología, y nos vamos a tener que habituar a que no son algunos medicamentos sino prácticamente todo nuestro arsenal terapéutico, y vamos a tener que discutir sobre la evidencia, la pertinencia y la sustentabilidad de estos medicamentos”.

Alarico Rodríguez, director técnico del Fondo Nacional de Recursos (FNR), reseñó que la cobertura de los medicamentos de alto costo “irrumpió como una necesidad de la población” y que la respuesta se concretó en un artículo que se incluyó en la Ley de Presupuesto 2005-2009, que aseguró el acceso universal a esos fármacos. Recordó que por eso Uruguay es un ejemplo mundial y resaltó tres objetivos del FNR: garantizar el acceso universal a los medicamentos de alto costo, adoptar soluciones en base a la evidencia y preservar la sustentabilidad del sistema. Mencionó el caso de Reino Unido, que en enero dejó de financiar 25 indicaciones de medicamentos y en setiembre sacó otras 17, por la imposibilidad de cubrir sus costos.

“Tenemos que tener claro que no toda innovación es un adelanto, que no toda innovación mejora la salud y que no toda innovación que puede mejorar la salud es costo-efectiva”, advirtió Rodríguez. Citó una encuesta hecha en Canadá a médicos prescriptores de medicamentos de alto costo, en la que 51% respondió que los fármacos no aportaban nada nuevo y 14% dijo que no eran aceptables. Otra investigación, publicada en British Medical Journal, que evaluó 2.329 tratamientos, concluyó que sólo 15% eran demostradamente beneficiosos y 48% presentaban efectividad desconocida. Detalló que según datos de la consultora IMS, las ventas a nivel mundial en 2012 de la industria farmacéutica ascendieron a 962.000 millones de dólares, pero en innovación sólo se gastaron 48.000 millones, mientras que a marketing se destinó 90.000.

Costo-beneficio

Lucía Delgado, integrante de la Cátedra de Oncología y actual presidenta alterna del FNR, dijo que los médicos no están formados para hablar de costo-efectividad y que en el mundo entero están siendo desafiados porque “esto es lo mejor pero no se puede pagar”. Puso el ejemplo de los tratamientos farmacológicos para el melanoma (cáncer de piel), que no lo curan pero prolongan la vida del paciente. Basándose en la presentación que hizo el oncólogo estadounidense Leonard Saltz en el último congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, Delgado comparó el tiempo de sobrevida y los precios de varios medicamentos. La Dacarbazina es el que cubre el FNR; el plazo de sobrevida libre de progresión mediana es de tres meses, y el costo durante ese tiempo es de 6.600 pesos. Delgado lo comparó con el Vemurafenib, que no está incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos y es el que solicitan, por vía judicial, muchos usuarios de Uruguay. El medicamento prolonga la sobrevida a cinco meses. Mencionó que el costo en esos cinco meses es de 1.050.000 pesos: el efecto se duplica, pero el costo se multiplica por 95, señaló. Comparó, además, la Dacarbazina con un nuevo tratamiento: la asociación de dos medicamentos -Nivolumab e Ipilimumab-, que proporciona un tiempo de sobrevida mediana libre de progresión de 11,9 meses, y el costo sería de 8,2 millones de pesos. El tiempo de sobrevida se multiplica por cuatro, pero el precio por 1.200, indicó. Haciendo un ejercicio de extrapolación, Delgado dijo que “en Uruguay, donde fallece por año [por cáncer] un promedio de 7.500 personas, si multiplicamos esa cifra por el costo de Ipilimumab más Nivolumab, consumiríamos más de 2.200 millones de dólares. El incremento presupuestal propuesto para los próximos dos años -presupuesto del país, no sólo en salud- es de 400 y pico de millones de dólares”. Es inviable, concluyó.

La docente defendió el orden de prioridad adoptado, en el que primero están los medicamentos que curan y luego los que prolongan la vida, y remarcó que los tres medicamentos curativos en oncología en el mundo están cubiertos en el FNR desde hace muchos años.

Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, presentó la otra cara del asunto. Mencionó que las acciones de amparo presentadas por usuarios que reclaman al FNR la cobertura de medicamentos va en ascenso y que llevan 130 en 2015. Pidió entender la judicialización como un síntoma y “no bloquear el acceso a la Justicia”. Reconoció la labor del FNR, pero planteó por qué “antes de decir que los recursos no alcanzan” no se les pide un copago a uruguayos con alto poder adquisitivo, y ejemplificó diciendo que un uruguayo que tenga un patrimonio de 1.000 millones de dólares paga cero peso por un medicamento de alto costo.

Consultado posteriormente por la diaria, Rodríguez aclaró que es director técnico y que, por lo tanto, no define políticas. A título personal opinó: “Establecer un copago para el décimo decil en capacidad de ingreso sería muy bueno y permitiría generar recursos para los otros nueve y ocho deciles que no pueden acceder”. De todos modos, dijo ser “muy escéptico” respecto de los resultados, considerando en qué medida “tengan blanqueado su patrimonio” esas personas con capacidad de pago, y que sean tantos los que puedan aportar al resto.