En la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés) de junio de 1998 se acordó el objetivo de tener un mundo libre de drogas en el decenio y una tierra libre del cultivo de coca y adormidera. Esa utopía aún está lejos de alcanzarse. No sólo no se han erradicado las plantaciones, sino que además han aumentado, junto con el tráfico y el consumo, y ha quedado en evidencia que la herramienta penal es la principal respuesta estatal para afrontar los temas vinculados a las drogas. El enfoque represivo y criminalizador que se convalidó allí, aún vigente en el mundo, demostró su inercia. Varios países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, Colombia, México y Uruguay, pretenden la revisión total de las actuales políticas de drogas. Esperan que el resultado de la UNGASS 2016, que se celebrará en Nueva York entre el 19 y el 21 de abril, sea el consenso internacional de lucha contra la droga desde políticas basadas en derechos humanos y salud.
Qué pasa con las mujeres
Según los datos recogidos en la investigación “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”, de la investigadora Luciana Boiteux, miembro del CEDD, las mujeres presas por delitos de drogas en América Latina cayeron, principalmente, por delitos no violentos de microtráfico o transporte de drogas. “Son jóvenes, pobres, madres solteras y jefas de hogar, con baja escolaridad, responsables del cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia y, frecuentemente, pertenecen a sectores vulnerables o excluidos”. Boiteux concluye que el encarcelamiento de mujeres por drogas “tiene un impacto mayor sobre la destrucción de lazos familiares y genera mayores afectaciones sobre el interés superior de niños y niñas, sin desconocer los impactos sobre las propias mujeres”. La investigadora cita a la criminóloga feminista Meda Chesney-Lind, quien sostiene que “la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres”.
La alianza entre los países latinoamericanos mencionados consiste en plantear internacionalmente el cambio de abordaje de las acciones estatales. Consideran que uno de los ejes principales debería ser la no criminalización de los consumidores de drogas. En ese sentido, se establece fortalecer y generar medidas alternativas a la prisión, reducir la violencia relacionada con las economías ilegales, erradicar la pena de muerte por delitos de drogas (lista que lidera Estados Unidos, seguido por Arabia Saudita, Irak, Irán y China), reformar los tratados de fiscalización de drogas. También se hace énfasis en aplicar el principio de proporcionalidad de las penas, para distinguir las diversas realidades y brindar una respuesta diferente a cada una de ellas. Además, se considera necesario habilitar la investigación medicinal a raíz del acceso a las sustancias fiscalizadas. Todas las políticas deben tener, inexorablemente, el ojo puesto en garantizar el derecho a la salud, procurar la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos.
Así lo entendió también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que en mayo emitió la Declaración de Quito. Alejandro Corda, integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) -que reúne investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay-, señala en el informe “Reforma a las políticas de drogas en Latinoamérica: Discurso y realidad”, que allí se estableció la inexorable incorporación “integral” de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos a las convenciones de drogas.
Algunos países, como Uruguay, empezaron a generar acciones y políticas estatales antes, convencidos de que las políticas coercitivas no son la solución. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, reconoció que el país es “un foco de atención internacional” por haber dado el primer paso para regular el mercado de cannabis en diciembre de 2013, según escribió en el suplemento de la diaria “El Uruguay que viene”, del 4 de diciembre. “El camino de la regulación de mercados es un pensamiento estratégico, de Estado presente que controla los desbordes del mercado”, sostuvo.
En el mismo informe, Corda señala que también en 2013 Costa Rica modificó su ley de drogas para morigerar las penas del delito de ingreso de drogas a cárceles, cuya pena “desproporcionada” afectaba en especial a mujeres. Al año siguiente, Ecuador aprobó su Código Orgánico Integral Penal, que“moderó” las penas por delitos de drogas, contenidos en una de “las más duras” leyes de la región. Corda sostiene que los primeros datos de todas estas reformas son “auspiciosos”, pero que su proximidad en el tiempo impide sacar conclusiones.
Por otro lado, Romani asegura que se corre el “riesgo de una nueva frustración si UNGASS 2016 no tiene el coraje de admitir que hay diversidad de enfoques, de miradas diferentes, de nuevas experiencias y un rumor que recorre el mundo”.
Del dicho al hecho
La investigación realizada por Corda indica que se siguen enviando a prisión a cada vez más personas por delitos de drogas, “quienes suelen representar una significativa proporción de la población penitenciaria”. Según datos del informe, en 2013 Uruguay tenía 9.771 personas presas, lo que equivale a una tasa de 278 cada 100.000 habitantes e implica un aumento de 42% en diez años, tomando 2003 como punto de partida (la tasa uruguaya está muy por encima del promedio mundial: 144 por cada 100.000 habitantes).
En 1999, 2% de los presos había caído por drogas; en 2013, 13%. En 2009, había 911 personas en prisión por delitos de drogas; en 2010 se encarceló a 110 personas; en 2011, a 236; en 2012, a 281, y en 2013, a 354. Las cifras evidencian que en cuatro años (2009-2013) la cantidad de enviados a la cárcel por delitos relacionados con drogas aumentó 39%, mientras que la población carcelaria creció, en el mismo período, menos de la mitad, 15%.
Corda hace hincapié en que en Latinoamérica los “enviados a prisión suelen ser los actores menores del tráfico de drogas, fungibles y asociados a economías de subsistencia u otras condiciones de vulnerabilidad”. Además, señala que los porcentajes de mujeres en prisión por estos delitos “suelen superar el de población general”, así como los de extranjeros. En Uruguay, en 2013, había 645 mujeres presas (6,6% de la población carcelaria), lo que representa una tasa de 17,5 cada 100.000 habitantes. 24% estaban presas por drogas.
La necesidad de cambiar
El informe “Mitigando la adicción punitiva: alternativas al encarcelamiento para delitos de drogas”, realizado por Rodrigo Uprimny, Sergio Raúl Chaparro, Luis Felipe Cruz, Catalina Pérez Correa, Karen Silva, Gianella Bardazano y Jorge Paladines, del CEDD, sostiene que los prejuicios prohibicionistas “sembrados por décadas” obstaculizan la implementación de alternativas a la privación de libertad por delitos de drogas, que serían respuestas “más humanas, eficaces y menos costosas para proteger la salud y la seguridad públicas que la aplicación del derecho penal”. En el documento se destaca que en 2013 la creación de nuevas sustancias psicoactivas superó en número a las drogas prohibidas internacionalmente, que el encarcelamiento masivo no redujo los índices de violencia asociados al tráfico de sustancias ni los niveles de criminalidad, y que, por el contrario, expuso “a ofensores menores, no violentos, a cárceles que, bajo las condiciones actuales, funcionan como verdaderas escuelas del crimen”. La conclusión es que “nunca antes la gente en las Américas había podido acceder a tantas drogas tan fácilmente como puede hacerlo hoy, pese a que las cárceles están sobresaturadas de personas condenadas o sindicadas por delitos de drogas”.