El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó un “botón de seguridad” para las terminales de POS. Ante un hecho grave -“rapiña o copamiento”- éste posibilitará a los comerciantes una conexión directa con la respuesta policial. “Igual que si se llamara al 911”, ejemplificó, pero sin mediación de palabras entre efectivos y denunciantes, ya que la Policía accederá a las coordenadas de ubicación del local de manera directa. El plan piloto comprenderá a estaciones de servicio de diferentes zonas de Montevideo y restaurantes de Pocitos y Punta Carretas, y a todas las unidades de la Gremial Única del Taxi. Bonomi dijo que “ya se están realizando pruebas” y que éstas han obtenido “buenos resultados”, con tiempos de respuesta que rondan, en promedio, los cinco minutos.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, presentó dos nuevas operativas: la primera, que se conoce como cashback en la jerga internacional, permite el retiro de un “pequeño monto” de dinero en efectivo cuando el comercio utilice medios de pago electrónicos -funcionan como si fueran cajeros para extraer montos bajos-; la segunda consiste en que se reglamentará que en el momento del pago la única información que se le pida al consumidor sea el número PIN (de seguridad) de su tarjeta. Hoy en día, algunos comercios solicitan el número de cédula de identidad, un teléfono de contacto, la dirección y hasta la firma, hecho que “no tiene justificación” en opinión de Bergara. “El usuario tiene que sentir que es más sencillo pagar con medios electrónicos que con dinero”, agregó el jerarca, y dijo que “tentativamente” se maneja un plazo para su incorporación hasta julio del próximo año.

A su turno, Astori anunció las novedades que comprenden a su cartera: la eliminación de retenciones impositivas a ventas realizadas con medios de pago electrónicos en pequeñas empresas hasta diciembre de 2017; la extensión del subsidio a la instalación de terminales de POS de 70% hasta dentro de un año y de 40% hasta dentro de dos; y la posibilidad de aplicar los regímenes de promoción de inversiones para la instalación de estas terminales hasta diciembre de 2016. Por último, Astori manifestó que si se logra una incorporación “realmente importante” de medios electrónicos de pago en “aquellos que más lo necesitan”, esto tendrá un impacto “muy positivo” sobre su facturación declarada, para lo que el Ministerio de Economía y Finanzas redactará un proyecto de ley que “facilite gradualmente su transición de regímenes especiales simplificados al general”.

Del sector bancario estuvieron presentes el presidente del Banco República, Julio Porteiro, y el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavianelli, quienes expresaron su disposición a “facilitar a los comerciantes la apertura de sus cuentas”. La banca estatal extenderá su horario, de 10.00 a 22.00, para que comerciantes y pequeñas empresas puedan hacer el trámite; además, se están diseñando tres grandes líneas para “facilitar las transacciones, promover el ahorro y apoyar el financiamiento a empresas”. Por su parte, Ottavianelli anunció la “disminución de aranceles” a los comerciantes minoristas, la del tiempo de reembolso de pagos y la incorporación de un chip para “mejorar la seguridad de las tarjetas”, además de la baja de costos por transacciones entre entidades financieras, de manera de “apalancar el esfuerzo fiscal que el gobierno lleva adelante”.

Hasta acá

La Ley de Inclusión Financiera fue promulgada en abril de 2014, pero entró en vigor en agosto de ese año con el impulso a los pagos con tarjetas de débito y de crédito mediante la rebaja de hasta cuatro puntos de IVA. En setiembre se comenzó a implementar el Programa Ahorro Joven para Vivienda, y entre octubre y noviembre, el fomento de la inversión en redes de POS, con lo que se le dio cierre a la primera etapa de reglamentación.

La segunda comenzó con la habilitación de ocho instituciones emisoras de dinero electrónico y se coronó en octubre con la reglamentación que habilitó a todos los trabajadores, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales a obtener cuentas bancarias gratuitas. También se decretó que el pago de tickets de alimentación, de servicios profesionales y de otros trabajadores no dependientes, el arrendamiento y venta de inmuebles y el pago a proveedores del Estado se realicen por medios electrónicos.

Queda pendiente para 2016 la reglamentación de restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones superiores a 40.000 Unidades Indexadas -unos 130.000 pesos- y al uso de cheques comunes para pagos de operaciones superiores a 160.000 -517.000 pesos-, así como la obligatoriedad de adquirir vehículos motorizados y pagar tributos nacionales mediante medios electrónicos.

Astori estimó que los resultados obtenidos hasta ahora en el proceso han sido “muy buenos”. “Si tomamos la utilización de medios electrónicos de pago, entre agosto del año pasado y la actualidad, se quintuplicaron las operaciones con tarjetas de débito, una proporción extraordinariamente importante. Además, si tomamos los últimos tres años, se triplicaron las terminales de POS en el país, con una muy buena participación de los pequeños y medianos comercios y negocios”.