Fortalecer al Instituto Nacional de Colonización (INC); desestimular la tenencia de tierras y establecimientos agroindustriales en manos de inversores extranjeros y estimular, en contrapartida, su tenencia por parte de productores nacionales, en particular por jóvenes; limitar la acumulación individual; fomentar iniciativas productivas en tierras ociosas e improductivas. Ésos fueron algunos de los objetivos que el Frente Amplio se propuso para el período de gobierno 2010-2015, pero a días de culminarse, algunas promesas quedaron en el debe.

El Instituto Nacional de Colonización (INC), que debió vender tierras en 2002 para pagar gastos operativos y salarios, efectivamente ganó protagonismo y recursos durante este último gobierno. Bajo la premisa de que la tierra es un bien social antes que la sacrosanta propiedad privada -“Si no, la tierra se transforma en un bien inmobiliario y empieza otra vez el ciclo de la concentración”, argumentaba Mujica previo a su asunción como presidente de la República-, el INC compró más de 55.000 hectáreas de tierra -unas 10.000 más en comparación con el quinquenio anterior- y contaba, al final de ese período, con 640.000 hectáreas, de las cuales 400.000 son de su propiedad.

El INC también innovó en las herramientas de financiamiento cuando en junio de 2014, a partir de un fideicomiso, creó el fondo de colonización que su presidenta, Jaqueline Gómez, estimó en diálogo con la diaria que dará un resultado de “100 millones de dólares” que se volcarán a la compra de tierras durante el período siguiente.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Mario Buzzalino, evaluó que el INC “ha funcionado bien”, pero dijo a la diaria que “no es suficiente” porque, si bien durante el gobierno de Mujica el INC “compró tanta tierra como en toda su historia, hay una demanda muy importante de jóvenes, pequeños productores y asalariados rurales que el INC no puede colmar”. Al respecto, Gómez afirmó que se “priorizaron” los procesos de acceso colectivo a la tierra: 65% de las experiencias colectivas que se desarrollan en tierras del INC se adjudicaron en este período. También sostuvo que se hizo “un esfuerzo muy grande” para mejorar la gestión y que 74% de los colonos se pusieron “al día”; sin embargo, la cotitularidad de la tierra para los casos de producción individual “quedó para la próxima gestión”.

En octubre de 2014, la Ley 19.283 prohibió la compra de tierra por parte de estados extranjeros; no obstante, Buzzalino lamentó que el intento de limitar la compra en la franja fronteriza de 50 kilómetros “quedó prácticamente en nada”. Tampoco se adoptaron medidas de peso para evitar la concentración de la tierra y desestimular la tenencia de establecimientos agroindustriales por parte de extranjeros.