Un juez del estado de Texas suspendió temporalmente la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama había anunciado en noviembre y que postergaba la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes ilegales. El fallo judicial, que se conoció ayer, fue emitido el lunes, el mismo día en el que se suspendió la aplicación de los programas por tiempo indefinido.

Uno de los programas permitía a partir de ayer a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país con menos de 16 años antes de 2010 solicitar la suspensión de su deportación por un período renovable de tres años. Otro, que se aplicaría en mayo, otorgaba permisos de trabajo a padres cuyos hijos fueran ciudadanos estadounidenses.

La acción ejecutiva fue anunciada en noviembre, y el 3 de diciembre 26 estados -liderados por Texas y 25 de ellos con gobiernos republicanos- presentaron un recurso ante la Justicia contra los programas aprobados por Obama. El juez Andrew Scott Hanen instruye la causa en la que los demandantes argumentan que con estos programas Obama “viola la Constitución y la ley federal” y “elude la voluntad del pueblo estadounidense”. También aseguran que la iniciativa del presidente es una “afrenta a las familias y personas que siguen las leyes para migrar legalmente” y consideran que con esta acción ejecutiva el Ejecutivo cambia la ley y establece una nueva política, con lo cual comete una “extralimitación constitucional”, ya que las modificaciones legislativas corresponden al Congreso.

En su fallo Hanen expresa que “al haber hallado que al menos un demandante cumple con todos los elementos necesarios para mantener la demanda”, se suspenden las medidas hasta que haya “una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal”, informó la agencia Efe, que accedió al texto.

Ante la demanda, otros 12 estados y el Distrito de Columbia se unieron para presentarse ante la corte y transmitir su respaldo a la medida ejecutiva de Obama. El impulsor de esta coalición, el procurador general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo que estas políticas benefician a los estados porque mejoran la seguridad, mantienen unidas a las familias y ayudan a la economía porque los inmigrantes pueden “salir de la sombra” y pagar sus impuestos. Además, la Casa Blanca informó que apelará el fallo.

La decisión judicial se conoce mientras en la Cámara de Diputados los republicanos frenan la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, que debe aplicar estos programas. Además, la oposición logró aprobar dos medidas: una que anula la acción ejecutiva de Obama y otra que le prohíbe a este departamento utilizar parte de su presupuesto para la aplicación de estos programas. Ambas deben pasar ahora por el Senado.

Obama ya aseguró que cualquier norma de este tipo que apruebe el Congreso será vetada.